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» Clarin
Fecha: 22/04/2026 18:53
El asesinato del policía Mauro Fabián Molina (42), en Isidro Casanova puso bajo la lupa otra vez el sistema de tobilleras electrónicas que obtienen como beneficio procesal algunos condenados del sistema carcelario bonaerense. Es que el presunto asesino y prófugo Arnaldo Aquino (40) estaba bajo ese régimen -según entiende la fiscalía- atacó al agente frente a una pollería de La Matanza. Aquino tiene una condena a 14 años de prisión por intentar matar a otro policía en 2021. En la Provincia de Buenos Aires se triplicó el número de detenidos bajo esa modalidad en poco más de 12 años: pasaron de 1.800 en 2014 a 4.865 en marzo de este año según los últimos registros a los que accedió Clarín. Representan menos del 10% del total de la población del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB). En concreto, los presos en domiciliaria son el 7,6% del total de hombres y mujeres que están privadas de su libertad: en marzo el registro marca 63.869 personas bajo custodia de la Provincia. Según pudo averiguar Clarín, cuando ocurrió el asesinato del policía que custodiaba un comercio de Isidro Casanova, el mecanismo de monitoreo de Aquino lo detectó en su casa. A la hora del hecho (cerca de las 11.30 am del martes) en el centro de observación del SPB el detenido no dio salida de rango, explicaron con términos de la jerga fuentes oficiales. Pero su propia madre, hoy detenida por encubrimiento, admitió que su hijo se había "retirado del domicilio" el día del crimen, dejando la tobillera en la casa. La casa del principal acusado hasta el momento del crimen del custodio está a 15 minutos en auto del lugar del crimen, dijeron fuentes oficiales. El dato que aportaron no significa -explicaron los informantes- que el sospechoso no haya tenido alguna participación en el hecho investigado. Eso lo determinará la Justicia, aclararon. Un parche para el problema de sobrepoblación en las cárceles El sistema de tobilleras es un recurso que se utiliza para atenuar la superpoblación carcelaria. Según los datos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a marzo de este año el indicador estaba en 113%. Es decir, las celdas y pabellones tienen capacidad para poco menos de la mitad de los 63.800 detenidos en Provincia. De los 4.865 presos con el beneficio de la tobillera, 3.150 son varones y la mitad están condenados. El otro 50% está con prisión preventiva. O sin condena firme. Los dispositivos también se utilizan como alternativa para casos especiales que evalúa el juez de Ejecución. Puede ser por razones de salud, de bajo riesgo de fuga u otras valoraciones que aplican en los Tribunales penales. Otros 578 procesados en causas judiciales permanecen en movimiento. Es decir, con salidas transitorias o laborales autorizadas por la Justicia. Mediante este mecanismo se controlan también a 23 internos universitarios y a 598 que han resultado beneficiados por salidas transitorias autorizadas por jueces de Ejecución Penal. Para estos casos, el SPB tiene tobilleras con GPS, para establecer con certeza los sitios donde van los presos. Quiénes acceden al beneficio y quién controla a los presos con tobillera electrónica El procedimiento para acceder a una "privación de la libertad morigerada", como se denomina a la "domiciliaria" o a la "pulsera" lo tramitan los defensores de los imputados y pueden tener diversos argumentos. Enfermedades; la edad; o el bajo riesgo de que entorpezca la investigación (en caso de procesados con prisión preventiva) son los más usuales. Antes de ir a su casa con el dispositivo, el juez que otorga el beneficio deberá pedir un informe técnico: tendrá que tener en su casa una línea telefónica activa para conectar el aparato y que pueda estar las 24 horas online. Al estilo de los soportes de las alarmas domiciliarias. Luego, un equipo especial del SPB realiza la "instalación" y conecta al preso domiciliario con el centro de monitoreo. Aquí entra en funcionamiento otra área del sistema penitenciario: la central de monitoreo en La Plata, ubicada en 6 y 34. Decenas de agentes permanecen las 24 horas de los 365 días del año y revisan los dispositivos. En el caso de que las personas privadas de libertad salgan del rango establecido se activa un protocolo que incluye contacto telefónico de inmediato o el llamado al 911. Los pedidos y el otorgamiento de beneficios a veces, supera la capacidad del SPB para entregar el sistema. Por eso, algunos defensores se quejan porque después de todo el trámite y la demora que implica les queda un paso más: esperar que se libere un dispositivo. Este tránsito puede demorar varas semanas y hasta meses. El incumplimiento de la restricción que opera con el sistema de monitoreo implica o debería determinar la pérdida de ese beneficio. Los delincuentes, muchas veces, logran sacarse las tobilleras evadiendo los sistemas de control, admiten en el fuero penal. Eso podría explicar que el dispositivo de Aquino marcara la ubicación en su casa en el momento del crimen de Molina. De cualquier modo y aunque haya violaciones al sistema, para algunos especialistas estos mecanismos alternativos a las penas privativas de la la libertad son un "valioso instrumento" para contrarrestar la sobrepoblación carcelaria. La Plata. Corresponsalía MG Sobre la firma Newsletter Clarín
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