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Fecha: 22/04/2026 13:22
La investigación judicial avanzó sobre un punto sensible del mapa productivo bonaerense: el equilibrio entre la actividad industrial y el cuidado ambiental. En este caso, el foco estuvo puesto en un frigorífico de faena de aves ubicado en la localidad de Roque Pérez, cuyo accionar habría derivado en la contaminación del Río Salado, una de las redes de agua más relevantes de la provincia de Buenos Aires. Leé también: Europa revisa su ley ambiental mientras crece la presión del campo por cambios urgentes El juez federal Gabriel Di Giulio resolvió procesar sin prisión preventiva al presidente del directorio de la firma Absolon S.A., al considerar que existen elementos suficientes para sostener que, al menos entre enero de 2023 y febrero de 2025, se habrían vertido efluentes contaminantes al río sin el tratamiento adecuado. Además, dispuso un embargo de $20 millones sobre el imputado. La causa se enmarca en la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, particularmente en su artículo 55, que contempla penas de entre tres y diez años de prisión para quienes contaminen de forma peligrosa el ambiente, afectando el agua, el suelo o la salud. La normativa también alcanza a los directivos de empresas cuando las acciones se derivan de decisiones corporativas, como podría ser este caso. Investigación y pruebas El expediente se inició a partir de una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), encabezada por el fiscal Ramiro González. A partir de allí, la Sede Fiscal Descentralizada de Azul, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, desplegó una serie de medidas probatorias que incluyeron inspecciones técnicas, toma de muestras y análisis de laboratorio. Según se desprende de la acusación, los resultados fueron contundentes: en todas las muestras recolectadas se detectaron concentraciones de sustancias contaminantes por encima de los límites permitidos por la normativa vigente. Esto permitió establecer una hipótesis sólida sobre la existencia de un vertido sistemático de residuos industriales al curso de agua. Leé también: Del discurso a las decisiones: el carbono empieza a medirse en el campo, para más productividad sustentable Las inspecciones también evidenciaron incumplimientos en los procesos de tratamiento de efluentes dentro del establecimiento. De acuerdo con el ministerio Público Fiscal, estas irregularidades no fueron hechos aislados, sino parte de una conducta sostenida en el tiempo y vinculada directamente al proceso productivo de la planta. En paralelo, intervino la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA), organismo que regula el uso y control de los recursos hídricos. Desde allí se habían dispuesto previamente medidas administrativas contra la empresa, incluyendo clausuras preventivas, sanciones económicas y exigencias de adecuación estructural para mejorar el tratamiento de los residuos líquidos. Impacto ambiental Uno de los puntos más relevantes del fallo judicial tiene que ver con el impacto del accionar investigado. El Río Salado no es un curso de agua menor: atraviesa gran parte del territorio bonaerense y cumple un rol clave tanto en el ecosistema como en la economía regional. Su caudal influye directamente en actividades agropecuarias, especialmente en zonas ganaderas y agrícolas que dependen de la calidad del agua. En ese sentido, el juez Di Giulio subrayó que el vertido de efluentes sin tratamiento adecuado compromete el agua, la vida y el ambiente en general. La afirmación no es menor si se tiene en cuenta que los residuos detectados en las muestras fueron catalogados como peligrosos según los parámetros establecidos en el Anexo II de la Ley 24.051. Leé también: Lanzan una nueva plataforma para vender y comprar activos ambientales del campo La causa también pone el foco en la persistencia de la conducta. A pesar de las advertencias y sanciones previas, la empresa habría continuado con el volcado de efluentes, lo que debilitó uno de los principales argumentos de la defensa: la supuesta ausencia de intención. Para el magistrado, la reiteración de los hechos refuerza la responsabilidad del directivo. Otro elemento que pesó en la resolución fue el estado de las obras comprometidas por la firma para mejorar su sistema de tratamiento. Según consta en el expediente, las adecuaciones resultaban insuficientes para el volumen de residuos generados, y además se encontraban paralizadas desde hacía aproximadamente dos años. Incluso se verificó que instalaciones clave, como las lagunas destinadas al tratamiento, no estaban operativas. Leé también: Hidrovía: dos gigantes europeos quedan en carrera y se acerca la definición El caso se inscribe en una serie de investigaciones similares en la región. De hecho, en diciembre de 2025, la Justicia ya había procesado al directivo de otro frigorífico en el marco de la misma línea investigativa, lo que refuerza la preocupación por el control ambiental en este tipo de industrias. Más allá de las responsabilidades individuales, el expediente deja planteado un debate más amplio sobre los controles, las inversiones necesarias en infraestructura ambiental y el rol del Estado en la fiscalización de actividades productivas. En territorios donde la agroindustria es motor económico, los episodios de contaminación tensionan un equilibrio delicado: producir sin degradar. Leé también: El agua no puede salir: fuerte reclamo en un pueblo bonaerense por un terraplén que agrava las inundaciones La resolución judicial es, por ahora, un paso en un proceso que continúa. El procesamiento no implica una condena definitiva, pero sí marca un avance significativo en la causa y abre la puerta a un eventual juicio oral. Mientras tanto, el Río Salado sigue siendo testigo silencioso de una disputa que excede a una empresa y pone en discusión el modelo de desarrollo y sus límites.
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