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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 22/04/2026 12:01
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar y frenó la eliminación del plan social Volver al Trabajo, que el Ministerio de Capital Humano había decidido reemplazar por un sistema de vouchers de capacitación. En su resolución, el magistrado ordenó al Gobierno mantener los pagos de $78.000 a los beneficiarios del programa, al menos hasta que se dicte sentencia definitiva en la causa. La decisión judicial se da en medio de una fuerte tensión entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y las organizaciones piqueteras, que ya habían activado protestas por la eliminación del plan. La orden del juez y las posibles multas al Estado En el fallo de este martes, al que tuvo acceso LA NACION, González Charvay dispuso que el Estado Nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, mantenga la vigencia de las prestaciones económicas del Programa Volver al Trabajo dentro del plazo de tres días de notificada la resolución y hasta que haya una sentencia firme. El juez exigió además que el Gobierno acompañe en el expediente las constancias de cumplimiento de esa orden, bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo, es decir, multas diarias en caso de incumplimiento. El amparo colectivo y la situación de los beneficiarios La demanda aceptada por el Juzgado Federal de Campana fue impulsada por un grupo de titulares del plan Volver al Trabajo: Andrea Liliana Ledesma, Andrea Jorgelina Rivero, Agustina Pérez, Rodrigo Mario Esquivel y Ángel Ariel Berón. Ellos promovieron una acción de amparo colectivo contra el cese del programa y argumentaron que la eliminación constituye una medida regresiva en materia de derechos sociales e inconstitucionalidad por omisión. Los demandantes sostuvieron que son personas que trabajan en la economía popular, en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación del programa como principal o único ingreso, según plantearon en el expediente. En la presentación, explicaron que se desempeñan como trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, en centros comunitarios que asisten a personas con problemas de consumo de drogas, o como cartoneros. El fundamento jurídico: vulnerabilidad y acceso a la Justicia Al analizar el caso, González Charvay recordó que el Estado Argentino, a través de la Acordada N° 5/2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adhirió a las recomendaciones de Las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. En ese marco, el juez enumeró que se trata de colectivos como niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas de violencia, enfermos y personas pobres, entre otros grupos especialmente protegidos. Y agregó que la elaboración de estas reglas se erige en la necesidad de que el sistema judicial se configure como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, en la medida que éstas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio, al justificar la procedencia de la cautelar. Un programa clave y las protestas piqueteras La prestación del plan Volver al Trabajo tenía fecha de finalización el 9 de abril, lo que encendió las alarmas en las organizaciones sociales. Ante ese escenario, grupos piqueteros nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha lanzaron jornadas de protesta contra la eliminación del programa. Las medidas incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Ciudad de Buenos Aires y enfrentamientos con fuerzas de seguridad, en rechazo al cierre del plan y en reclamo de su continuidad. Del exPotenciar Trabajo a los vouchers de capacitación El Gobierno nacional había anunciado el 17 de marzo el fin del programa Volver al Trabajo (VAT) y su reemplazo por vouchers de capacitación, con el argumento de impulsar la inserción laboral de los beneficiarios. Se trata del esquema que sucedió al exPotenciar Trabajo, cuyo monto para sus 900.000 beneficiarios es de $78.000. Este mes se había concretado el último pago del plan, según el cronograma oficial. El Ministerio de Capital Humano preveía engrosar su presupuesto disponible a partir del ahorro generado por la baja del programa. Cuando el presidente Javier Milei llegó a la Casa Rosada, se dispuso el congelamiento de diferentes programas sociales, entre ellos el exPotenciar Trabajo, que se mantuvo en $78.000 desde diciembre de 2023 hasta la actualidad. Quién es el juez que también investiga a la AFA González Charvay es, además, el magistrado que en las últimas semanas concentró en su juzgado tres expedientes en los que se investiga al presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, le remitió la causa en la que se investiga a la AFA por un presunto fraude con transferencias a empresas fantasma por US$300 millones cobrados en Estados Unidos. Antes, González Charvay había quedado a cargo de una denuncia similar de fraude presentada por el agente de la FIFA Guillermo Tofoni, caso que le derivó la jueza de instrucción Paula Petazzi. También tramita en su juzgado la causa por la mansión de Pilar que se investiga si pertenece al tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el destino final de esos expedientes, que hoy están bajo su órbita.
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