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Parana » Plazaweb
Fecha: 22/04/2026 11:38
La representante de Entre Ríos ante el Consejo Federal de la Discapacidad, Sandra Salinas, advirtió sobre el agravamiento de la situación de las personas con discapacidad ante el incumplimiento de la normativa vigente y cuestionó con dureza las políticas del Gobierno nacional. En ese marco, también se convocó a una concentración este miércoles a las 19 en Plaza Mansilla de Paraná, frente a Casa de Gobierno, para visibilizar el reclamo del sector. En declaraciones al programa Amanece... que no es poco (Radio Plaza 94.7) Salinas, quien además fue reelecta como presidenta del Plenario Permanente del Observatorio Provincial de los Derechos de las Personas con Discapacidad espacio creado por la Ley Nº 10.400, había explicado que una de las principales dificultades radicaba en la falta de pago a prestadores, lo que impacta directamente en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. Al no contarse, sobre todo en las ciudades más grandes, el tema de las distancias hace que las personas con discapacidad requieran transporte y los transportistas no están cobrando sus prestaciones, entonces se torna muy difícil sostener el día a día, sabiendo que se requieren todas estas ayudas y apoyos para que las personas con discapacidad vayan a sus rehabilitaciones y tratamientos, señaló. En ese sentido, remarcó que la declaración de emergencia en discapacidad no se tradujo en soluciones concretas. Lo que se buscó desde el momento que se aprueba por última vez es que se aplique la ley. Por eso se requirió incluso la intervención de la Justicia para que se aplique. El gobierno estuvo obligado a esa aplicación, pero aun así insisten con que no hay dinero para pagar. Las obras sociales también están retrasadas, no hay pagos, y entonces esto hace que realmente no se pueda cumplir con lo que se requiere para la existencia diaria de las organizaciones, afirmó. Asimismo, detalló las dificultades que enfrentan las instituciones para acceder a mecanismos de compensación previstos en la normativa. Hay otra cuestión importante en relación a la ley que es el segmento de compensación, en el cual cada organización podía solicitar a través de ARCA que se paguen los porcentajes desde diciembre de 2023 hasta 2024. Ahora, esa compensación, si la organización se encuentra en deuda y muchas lo están con impuestos y aportes patronales puede pedirla, pero no puede completar el trámite, porque al tener deuda se complica e inmediatamente ARCA se queda con esa deuda, explicó. A partir de esa situación, sostuvo que las medidas terminan profundizando la crisis en lugar de aliviarla. Entonces hay cuestiones que son muy perversas en cómo se han ido pensando y en realidad es una asfixia mayor en lugar de que sea un aire. Entonces la aplicabilidad de la ley como tal no la estamos experimentando, cuestionó. En relación con el nuevo proyecto del Poder Ejecutivo nacional, Salinas había advertido que implicaría un retroceso en derechos adquiridos. Es aún mayor la perversidad con la cual vienen con este proyecto, porque estamos hablando de que dejan de existir los valores arancelarios universales; no hay un único valor a nivel nacional, sino que cada financiador PAMI, Incluir Salud, las obras sociales va a fijar sus propios aranceles. Ellos dicen yo puedo poner esto para tal prestación, pero lo define cada financiador, indicó. En esa línea, agregó: Cada provincia, cada jurisdicción, cada financiador va a fijar los valores de las prestaciones de acuerdo a lo que considere que puede pagar. En ese sentido, deja de considerarse derechos conquistados. Personas que cuentan con pensiones no contributivas han logrado acceder a Incluir Salud, pero ¿qué sucede con quienes no tienen cobertura? Quedan fuera de todo sistema. Finalmente, alertó sobre el impacto social de estas políticas y cuestionó el trato hacia el sector. Es un tema muy sensible y las personas con discapacidad están siendo más vapuleadas, golpeadas y al mismo tiempo acusadas. Hay una cuestión de criminalización hacia el sector, sostuvo. Y concluyó con una definición contundente sobre el escenario actual: Entonces realmente hay una cuestión que no tiene nombre. Yo hace más de 30 años que trabajo en discapacidad y es la primera vez que puedo ver y experimentar el ensañamiento de un gobierno hacia la discapacidad, es realmente inhumano. Los gobiernos tienen que revisar y responder hacia las personas más vulnerables de la sociedad; en este caso, lo que se está haciendo es criminalizar, acusar y judicializar, lo que coloca aún más en situación de vulnerabilidad y desigualdad a las personas con discapacidad.
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