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Parana » AIM Digital
Fecha: 22/04/2026 09:03
Las medidas impulsadas por el Gobierno nacional sobre el sistema de pensiones por discapacidad generaron un fuerte rechazo de organizaciones sociales, especialistas y sectores políticos, que advierten por un ajuste sobre uno de los grupos más vulnerables. En las últimas semanas, la administración de Javier Milei avanzó con auditorías masivas y revisiones de beneficios, en un proceso que alcanza a cientos de miles de personas. Desde el oficialismo sostienen que el objetivo es detectar irregularidades y ordenar el sistema, pero desde distintos espacios cuestionan el alcance y la forma en que se llevan adelante los controles. Las críticas apuntan principalmente al riesgo de que personas con discapacidad pierdan su ingreso sin garantías suficientes de evaluación integral. En ese sentido, advierten que la revisión masiva, sin criterios claros y con plazos acotados, puede derivar en exclusiones injustificadas. Además, remarcan que la eventual baja de pensiones no solo implica la pérdida de un ingreso, sino también el acceso a prestaciones de salud y servicios básicos, lo que agrava la situación de quienes dependen de ese acompañamiento estatal. El tema llegó al Congreso, donde sectores de la oposición impulsan iniciativas para declarar la emergencia en discapacidad y frenar recortes. Allí, el eje del debate se centra en la tensión entre la necesidad de controlar el gasto público y la obligación del Estado de garantizar derechos. Desde organizaciones vinculadas al sector insisten en que el sistema requiere mejoras, pero advierten que cualquier modificación debe realizarse con criterios transparentes, evaluaciones adecuadas y sin poner en riesgo la cobertura de quienes realmente lo necesitan. En ese contexto, la política sobre pensiones por discapacidad se consolidó como uno de los puntos más sensibles de la gestión, en medio de cuestionamientos por el impacto social de las medidas y la falta de consensos en torno a su implementación. De la Redacción de AIM.
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