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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 22/04/2026 07:17
En un giro decisivo para la causa que investiga presuntos privilegios financieros en la banca pública, el juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas de prueba y solicitó la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN). El objetivo: determinar si funcionarios, legisladores y allegados al Gobierno recibieron créditos hipotecarios millonarios bajo condiciones irregulares. La medida responde al dictamen del fiscal Gerardo Pollicita, quien impulsó la investigación tras denuncias basadas en datos de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). Bajo la lupa: Los nombres y los montos El magistrado puso el foco en la gestión de Daniel Tillard al frente del Banco Nación. La justicia busca establecer si se ignoraron normativas financieras para favorecer a figuras con peso político. El juez Lijo exigió los legajos completos (físicos y digitales) de los créditos otorgados desde diciembre de 2023 a los siguientes beneficiarios: - Funcionarios y asesores: Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y Sharif Menem. - Legisladores y otros dirigentes: Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Emiliano José Mongilardi, María Frías y Alejandro Carrancio. El foco de la sospecha: Se investigan préstamos que alcanzan los USD 350.000. La fiscalía sospecha que algunos de estos montos fueron entregados a personas que ya poseían inmuebles declarados, lo que podría contradecir el espíritu de las líneas de crédito otorgadas. Las medidas dictadas por el juzgado Para reconstruir el camino del dinero y la legalidad de los trámites, el Juez Lijo ordenó: Auditoría Externa: Se encomendó a la AGN realizar un peritaje sobre los procesos de aprobación para detectar posibles «beneficios indebidos». Informe de Normativa: El Banco Nación deberá detallar cualquier cambio en sus reglamentos internos desde el cambio de gestión en diciembre de 2023. Trazabilidad Inmobiliaria: La entidad deberá entregar las escrituras de dominio, constancias de evaluación crediticia y las formas de pago de las comisiones. Cotejo de Cargos: Se solicitaron informes a la Jefatura de Gabinete y a la Cámara de Diputados para precisar los roles jerárquicos de los beneficiarios al momento de recibir el dinero. Un posible perjuicio al Estado La investigación penal apunta a un posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. Según el fiscal Pollicita, el otorgamiento de estos créditos «regulares o privilegiados» podría haber ocurrido en «detrimento de las arcas de la entidad». Mientras la Central de Deudores del BCRA sigue aportando datos verificables, la justicia intenta determinar si el Banco Nación fue utilizado como una herramienta de beneficio personal para la élite política, en un contexto de restricción crediticia para el resto de la ciudadanía. Compartir
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