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Fecha: 21/04/2026 22:01
El juez Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba en la causa que investiga los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores y asesores vinculados al oficialismo. La decisión respondió a un pedido del fiscal Gerardo Policita e incluyó una auditoría general de los préstamos y la solicitud de documentación detallada sobre los beneficiarios. Entre las medidas, el magistrado requirió los legajos de Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, Maira Raquel Frías y Alejandro Carrancio. Se trata de integrantes del Ministerio de Economía, directores de organismos, diputados nacionales y asesores. La resolución también alcanzó al Banco Central, al que se le pidió que informe qué cargos ocuparon Furiase e Inchauspe desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, junto con los decretos, resoluciones y actos administrativos correspondientes. Auditoría y documentación de los créditos El eje central de la medida apunta a relevar en detalle cómo se otorgaron los créditos. Lijo ordenó acceder a las carpetas presentadas por los beneficiarios, que incluyen información sobre ingresos, solicitudes y las propiedades a adquirir, con el objetivo de verificar si cumplían con las condiciones requeridas. Además, el juez solicitó al Banco Central que remita todo el marco legal, normativo y las comunicaciones vigentes sobre los procedimientos para la adjudicación de créditos hipotecarios en el sistema financiero, en el que se inscribe el Banco Nación. La operatoria de los préstamos otorgados por el Banco Nación alcanzó montos de hasta US$350.000. Funcionarios y cargos bajo análisis Entre los nombres incluidos en el requerimiento judicial aparecen figuras con roles clave en la gestión económica y legislativa de Javier Milei. Furiase se desempeña como secretario de Finanzas, mientras que Inchauspe es director del Banco Central. Núñez integra el Banco de Inversión y Comercio Exterior. También figuran Juan Carreira, responsable de la Oficina de Respuesta Oficial; Mongilardi, director de YPF; y un grupo de diputados nacionales como Campero, Santurio, Villaverde, Bongiovanni, Frías y Carrancio. A ellos se suma Sharif Menem, asesor del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Tras la difusión del caso, tanto el presidente Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, salieron a respaldar a los funcionarios involucrados. Los tomaron por recomendación mía, afirmó Caputo, y agregó que no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral en el otorgamiento de los créditos. El ministro calificó de realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito. La causa quedó ahora centrada en el análisis de la documentación y en la auditoría ordenada por el juez, que buscará determinar si existieron irregularidades en el acceso a los préstamos.
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