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Parana » Pagina Politica
Fecha: 21/04/2026 20:24
Este martes se desarrolló en Concepción del Uruguay la segunda jornada del juicio oral y público de la Causa Stur II (o PC II). En este proceso se investiga la responsabilidad de dos imputados, Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, exoficiales de Gendarmería, por delitos cometidos entre 1977 y 1978, durante el terrorismo de Estado. Los hechos se enmarcan en un operativo de persecución, secuestro y torturas a militantes del Partido Comunista de dicha ciudad y a miembros de sus familias, incluyendo a menores de edad. El Tribunal Oral Federal está presidido por la jueza Noemí Berros, acompañada por los jueces José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. La acusación fiscal está a cargo de la doctora Josefina Minatta. También interviene en el proceso el Gobierno de Entre Ríos a través del Registro Único de la Verdad, admitido bajo la figura de amicus curiae. Sin embargo, la abogada inicialmente designada por el RUV, Nazareth de Rolandelli, no había sido presentada formalmente en el expediente, lo que motivó una observación del tribunal en la primera audiencia. Debido a esto, la representación quedó en el momento a cargo de la titular del área dependiente de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia, María Emma Bargagna. Juicio de lesa. Dificultades para la actuación del RUV como amicus curiae Se inició el lunes, en Concepción del Uruguay, el juicio oral y público en el marco de la causa conocida como Stur II o PC II. El tribunal es presidido por la doctora Noemí Berros, acompañada por los magistrados José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. La actuación fiscal está a cargo de la doctora Josefina Minatta. El gobierno de Entre Ríos, a través del Registro Único de la Verdad (RUV), había solicitado presentarse como amicus curiae en el marco de la causa. En el escrito presentado en 2025, se argumenta que en la causa se investigan secuestros, privaciones ilegales de la libertad, torturas impuestas a un grupo de personas militantes del Partido Comunista de la ciudad de Concepción del Uruguay, los cuales configuran crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito de la provincia de Entre Ríos durante la última dictadura cívico militar. Se recordó en la presentación que en mayo de 1977 se realizó un operativo en el que fueron privados de su libertad Roberto Montesino, Carlos Julián Stur, Juan Echeverría, Eladio Bochatay, Raúl Impini, Jorge Impini y Raúl Jauregui quienes fueron trasladados al Destacamento de Gendarmería en donde fueron sometidos a tormentos y demás condiciones inhumanas de vida, luego trasladados a la Unidad Penal N° 4. Unos meses después de que se hiciera lugar al pedido, se planteó el conflicto en el RUV, a raíz de la cesantía de cuatro trabajadores, entre otros el abogado Marcelo Boeykens. Una abogada se sumó al área en su reemplazo, Nazareth de Rolandelli. Pero en la primera audiencia, la presidente del tribunal le impidió ser parte. Berros pidió explicaciones sobre la presencia de la abogada: Qué rol está cumpliendo si no está presentada en el expediente, inquirió. Tomó la palabra la titular del RUV, María Emma Bargagna, que se presentó en representación de la Dirección de Derechos Humanos del gobierno de Entre Ríos. Complicada la función de la presencia del RUV en el juicio, la situación ya tuvo sus efectos en la segunda jornada: Bargagna se excusó de estar presente en la audiencia por compromisos pendientes. Son objeto del expediente, en este juicio, los crímenes cometidos entre 1977 y 1978 contra diez víctimas, entre ellos menores. Los delitos fueron calificados como allanamiento ilegal de vivienda, privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia, torturas y asociación ilícita. Los imputados son Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco, exoficiales de Gendarmería Nacional. En la primera jornada se escucharon los testimonios de las víctimas, entre ellas una mujer, Gabriela Montesino, que al momento de los hechos era una niña que estuvo secuestrada a lo largo de diez días. Aquí, el registro de la primera audiencia, registrado por La Retaguardia. A las 3 horas y 30 minutos, el testimonio de Montesino. Presencia a medias Bargagna participó de la primera jornada, aunque solo brevemente. En la segunda, este martes, se excusó de asistir por otros compromisos. La situación fue analizada por el Tribunal y las partes durante la audiencia pública. La Presidenta tomó la palabra para correr vista de lo sucedido: Acerca del amicus curiae que representa la doctora Bargagna: en un momento se desconectó (el lunes), exactamente antes de que comenzara la reproducción de los testimonios de las víctimas fallecidas. Se le preguntó por qué, porque de pronto no la vimos, y dijo que tuvo que desconectarse porque tenía un compromiso, lo que no comunicó. Hoy, Bargagna se comunicó con la señora relatora para decir que no iba a poder conectarse. En estas circunstancias, y siendo que tiene intervención en la causa, corro vista a las partes. Al respecto, la fiscal Josefina Minatta planteó: Yo pediría que se le pregunte al RUV si es su deseo continuar con la participación, debido a que se han perdido una parte importante de este debate. No quiero dejar pasar la oportunidad de que el Tribunal intime para determinar si efectivamente va a asumir el compromiso o no, porque no lo está haciendo efectivo. Por su parte, las defensas a cargo de José Velázquez y Julieta Elizalde manifestaron que la participación del RUV les resultaba indistinta para el ejercicio de su labor. Hacia el final de la jornada, que se extendió por casi tres horas, la jueza Berros comunicó la decisión: Ante la conducta procesal que ha asumido la representante del Registro Único de la Verdad, se libra oficio a los fines de que manifieste si mantiene el interés o no de participar, para evitar cualquier dispendio jurisdiccional. El tribunal admitirá cualquiera de las dos posturas que se asuman. Repudio de DDHH Tras conocerse la situación, los organismos de Derechos Humanos agrupados en la Rodher expresaron su preocupación y repudio. Atribuyeron esta conducta al vaciamiento del Registro Único, situación que vienen denunciando desde el despido de trabajadores del área. Se trata de un juicio oral y público donde se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar contra militantes políticos en nuestra provincia. Estos procesos no son un trámite más: son conquistas del pueblo argentino en su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, expresaron a través de un comunicado, calificando como inadmisible la ausencia del organismo. Desde hace tiempo venimos denunciando el desplazamiento y despido de cuadros técnicos con trayectoria, la pérdida de equipos de trabajo y el debilitamiento deliberado de áreas fundamentales. Lo ocurrido en estas audiencias es la confirmación concreta de ese proceso, remarcaron. Fuente: Página Política
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