21/04/2026 10:57
21/04/2026 10:56
21/04/2026 10:54
21/04/2026 10:51
21/04/2026 10:51
21/04/2026 10:51
21/04/2026 10:50
21/04/2026 10:49
21/04/2026 10:49
21/04/2026 10:48
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 21/04/2026 09:14
La integrante de la Asociación Educativa Integral para Personas con Discapacidad, Sandra Salinas, cuestionó con dureza el proyecto de reforma a la ley de discapacidad impulsado por el gobierno de Javier Milei y aseguró que sigue siendo golpes tremendos a nuestro sector. Según explicó, el documento comenzó a tomar estado público recientemente, aunque las organizaciones ya lo conocían desde días previos: Esto nosotros ya lo tenemos como noticia del día sábado que nos llegó el documento. En ese marco, denunció un retroceso respecto de derechos ya sancionados: no cumplen con lo que ya fue votado en el Congreso, en reiteradas oportunidades por ambas cámaras, y de pronto vienen con otro proyecto aún para poder destruir más a nuestro sector. Para Salinas, la iniciativa no sólo afecta a las instituciones y prestadores, sino que implica toda la carga que le van a colocar a las provincias. Uno de los puntos más críticos señalados por la entrevistada es la modificación del nomenclador nacional. Pensar un nomenclador que no va a ser ya único es poder dejar en manos de las provincias, afirmó, y agregó que la situación se agrava porque cada obra social va a determinar el monto con que va a pagar sus prestaciones. En consecuencia, advirtió: queda como algo a libre criterio y eso configura una injusticia tal que deja a la deriva a las personas con discapacidad, tanto a quienes cuentan con cobertura como a quienes no tienen ningún recurso para cubrir sus rehabilitaciones. En declaraciones al programa Un martillo para darle forma (Radio Plaza), también apuntó contra el rol asignado a la actual Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadí): dejan en manos la decisión de algo que se supone que se está haciendo una investigación por cuestiones de corrupción. En esa línea, sostuvo que no es la Senadí la que tiene que hacer ese tipo de controles, sino que debería dar cuenta al Consejo Federal de Discapacidad como a las organizaciones qué sucedió con estos actos de corrupción, sobre los cuales remarcó nunca hubo una respuesta. Salinas también se refirió al funcionamiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y al conocimiento estatal sobre la población alcanzada: la Senadí sabe quiénes son los que reciben los certificados, sabe la cantidad de personas con discapacidad que hay, gracias a un registro que fue parte de los logros de gestiones anteriores. Por eso, consideró que existe una cuestión engañosa en relación a lo que sucede en el sector de discapacidad y hacia la sociedad. En cuanto al contenido de la reforma, detalló que el proyecto avanza en la descentralización del sistema, elimina el carácter de nomenclador único y habilita que provincias y obras sociales definan valores y criterios de cobertura. A su vez, concentra decisiones en la autoridad nacional. Aquí lo que se va a hacer es dejar en criterio de la Secretaría Nacional aquello que va a suceder en términos de las prestaciones, explicó, y reiteró que también se deja en criterio de las obras sociales cuál va a ser el monto a aplicar. La dirigente insistió en que el impacto excede lo administrativo y golpea directamente a las personas: se olvidan que detrás de ese CUD hay una persona con discapacidad que necesita tener esa atención. Y añadió: detrás de esa persona hay una familia que está solventando y está sosteniendo. Por eso, calificó las medidas como cuestiones que se tiran sin ningún criterio y en una crueldad inimaginable. En un tono aún más crítico, Salinas interpretó que existe una orientación deliberada en las políticas oficiales: hay una construcción permanente a la destrucción de nuestro sector. No es para nada inocente. Y profundizó: es como un odio absoluto a las personas con discapacidad, una crueldad absoluta, un ensañamiento total. Además, puso en duda la respuesta institucional frente a los reclamos: se han hecho denuncias, presentaciones internacionales, solicitudes al Juzgado Federal, y hasta el momento no hemos tenido respuesta. También cuestionó a la dirigencia política: ¿qué está sucediendo con nuestros legisladores nacionales que no están queriendo ver la situación?, cuando según describió todo el tiempo se está en las redes, en la calle, en reclamos. Finalmente, advirtió sobre las consecuencias concretas que ya se están registrando en el sector: nos encontramos con organizaciones e instituciones que tienen que cerrar sus puertas o cortar su servicio. Incluso mencionó el caso de su propia institución: estudiantes que nosotros tenemos tampoco les están alcanzando para recibir su comida diaria, y la institución tiene que salir a solventar. Y concluyó con una definición tajante: ¿hasta cuándo van a tener esta crueldad sin nombre?.
Ver noticia original.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por