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Parana » AIM Digital
Fecha: 21/04/2026 08:43
El Gobierno nacional profundiza medidas sobre el sistema de pensiones por discapacidad en medio de críticas y reclamos de distintos sectores, que advierten por un posible ajuste sobre uno de los grupos más vulnerables. En ese marco, la administración de Javier Milei avanza con iniciativas que apuntan a revisar y modificar el esquema de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Entre las medidas se encuentran auditorías masivas y cambios en los criterios de acceso, con el objetivo oficial de detectar irregularidades y reorganizar el sistema. Según datos difundidos en informes y debates recientes, el proceso incluye la revisión de cerca de un millón de pensiones, con citaciones a beneficiarios para evaluaciones médicas y eventuales bajas en caso de no cumplir con los requisitos establecidos. Desde el Gobierno sostienen que las medidas buscan garantizar que las prestaciones lleguen a quienes realmente las necesitan, en un contexto en el que consideran que hubo un crecimiento injustificado del número de beneficiarios en años anteriores. Sin embargo, organizaciones sociales y especialistas advierten que estas políticas pueden traducirse en un recorte de derechos y afectar el acceso a ingresos básicos y servicios de salud. En ese sentido, remarcan que la pérdida de una pensión implica también la caída de coberturas como programas sanitarios y prestaciones vinculadas a la atención integral. El tema se inscribe en un escenario más amplio de discusión política y legislativa. En el Congreso, la oposición impulsó normas para declarar la emergencia en discapacidad y reforzar el financiamiento del sistema, en respuesta a denuncias por recortes y demoras en pagos. A su vez, el debate se vincula con la estrategia oficial de reducción del gasto público, uno de los ejes centrales de la política económica del Gobierno, que también impacta en otras áreas sociales. En ese contexto, la situación de las pensiones por discapacidad se mantiene como uno de los puntos más sensibles de la agenda, atravesado por la tensión entre el control del gasto y la garantía de derechos para las personas beneficiarias.
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