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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 21/04/2026 01:22
El Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto que busca modificar el modelo de asistencia vigente. La iniciativa impone restricciones al acceso, elimina el nomenclador de prestaciones y endurece las condiciones de compatibilidad laboral. En un movimiento que promete reabrir una fuerte disputa política y social en el Congreso, el oficialismo presentó el proyecto de ley titulado Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez. La iniciativa llega en un contexto de alta tensión, marcado por denuncias de incumplimientos en la ley vigente y la reciente disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los puntos clave del nuevo esquema La propuesta busca revertir el modelo de protección integral para retornar a un enfoque centrado estrictamente en la «invalidez laboral». Los ejes más críticos son: - Reempadronamiento obligatorio: Todos los titulares deberán acreditar nuevamente su condición médica y su situación socioeconómica. Aquellos que no cumplan con el trámite en los plazos estipulados sufrirán la suspensión automática y posterior baja del beneficio. - Fiscalización cruzada: Se habilitan cruces de información constantes entre ANSES, ARCA (ex AFIP) y SINTyS. Ante cualquier «inconsistencia», el Estado podrá suspender preventivamente la pensión antes de que el beneficiario ejerza su derecho a defensa. - Incompatibilidad laboral: Se establece una «incompatibilidad absoluta» entre el cobro de la pensión y cualquier empleo formal. Esto elimina el incentivo para que las personas con discapacidad se inserten en el mercado laboral registrado, un punto que ya ha generado críticas de diversos sectores sociales. - Desregulación de prestaciones: Se elimina el nomenclador nacional, lo que implica que la negociación de los aranceles de salud quedará desregulada y supeditada a acuerdos individuales entre prestadores y obras sociales o prepagas, suprimiendo el piso mínimo de calidad. - Ajustes y topes: Las pensiones se fijarán en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando los adicionales por zona desfavorable o condiciones específicas de invalidez. Un giro en el modelo de atención Para los analistas, este proyecto marca un retroceso normativo respecto a la actual Ley de Emergencia en Discapacidad (N° 27.793). Mientras que la ley vigente prioriza la universalidad y un criterio social de discapacidad, la nueva propuesta retoma la definición de «incapacidad» como eje rector, ajustando el alcance del gasto público. El proyecto también impacta en el sector prestacional: si bien contempla actualizaciones atadas al haber jubilatorio, la eliminación del nomenclador genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de los centros de día, terapeutas y transportistas que atienden a personas con discapacidad, al romper el esquema de aranceles homogéneos. El escenario en el Congreso La estrategia del Gobierno de ingresar el proyecto por el Senado responde a un cálculo político: la Casa Rosada considera que es más sencillo alcanzar los consensos necesarios allí que en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el clima en el recinto es complejo. Bloques que en años anteriores votaron a favor de ampliar la protección a la discapacidad ahora se encuentran ante una disyuntiva: acompañar el ajuste propuesto por el oficialismo bajo el argumento de combatir el «fraude» o mantener el esquema de emergencia vigente, lo cual podría profundizar el conflicto con el Ejecutivo. CompartirContexto: La judicialización de los recortes y la falta de implementación de la ley actual han sido una constante durante el último año. Con esta nueva propuesta, el Gobierno busca centralizar el control administrativo, mientras organizaciones de la sociedad civil ya se preparan para cuestionar la constitucionalidad de las nuevas restricciones.
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