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» Nova Entre Rios
Fecha: 20/04/2026 20:47
Testimonios ante la fiscalía complican la trazabilidad del departamento de Caballito y agravan las citaciones contra allegados del jefe de Gabinete. La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó testimonios clave tras la declaración de los dueños de la inmobiliaria que intervino en la compra de un departamento en Caballito. Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi comparecieron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, aportando detalles sobre una operación inmobiliaria que presenta marcadas inconsistencias entre el valor de mercado y el precio final de venta. Uno de los puntos centrales del interrogatorio fue el valor real del inmueble ubicado en la calle Miró al 500. La corredora inmobiliaria Natalia Rucci sostuvo que la propiedad debería haberse tasado en aproximadamente US$ 345.000, una cifra significativamente superior a los US$ 230.000 en los que finalmente se cerró la transacción. Según el expediente, el departamento tuvo un derrotero de precios llamativo: comenzó con una oferta de US$ 375.000, sufrió una rebaja a US$ 275.000 y terminó vendiéndose con un pago inicial de apenas US$ 30.000 en efectivo, mientras que el resto se financió mediante una hipoteca privada sin intereses. El fiscal Pollicita puso la lupa sobre esta financiación excepcional de US$ 200.000 a pagar en un año, otorgada directamente por las vendedoras, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Además, la investigación detectó movimientos de dinero en efectivo sin respaldo bancario destinados a gastos de relevancia, lo que generó inconsistencias contables que el funcionario deberá justificar. Para profundizar en la trazabilidad de los fondos, la fiscalía citó a Pablo Martín Feijoo, quien realizó la reserva original, y le solicitó la entrega de su teléfono celular para peritajes. Trazabilidad patrimonial y próximos pasos judiciales. La reconstrucción del historial del inmueble incluyó el testimonio del exfutbolista Hugo Morales, anterior propietario de la unidad, quien confirmó haber vendido la propiedad por un valor cercano a los US$ 200.000 en su momento. Sin embargo, el foco judicial se mantiene sobre la capacidad de ahorro y el origen de los fondos de Adorni para afrontar los compromisos asumidos en noviembre de 2025. La fiscalía busca determinar si la estructura de la hipoteca privada fue una herramienta legítima o una maniobra para ocultar el origen de los fondos.
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