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Parana » InfoParana
Fecha: 20/04/2026 20:26
La movilización está prevista para este miércoles a las 11:00. Denuncian una «crisis estructural» del sistema y rechazan el proyecto de ley contra el fraude en pensiones enviado por el Ejecutivo. El sector de la discapacidad vuelve a las calles en un clima de extrema tensión. Este miércoles, diversas organizaciones y prestadores nucleados en el Foro Permanente de Discapacidad se movilizarán hacia la sede del Ministerio de Salud de la Nación. El reclamo central apunta a la asfixia financiera que atraviesan los servicios y al impacto de las nuevas medidas legislativas impulsadas por el Gobierno. La convocatoria, programada para las 11:00, busca visibilizar una situación que califican como «crítica». Entre los puntos principales del petitorio se destacan: - Actualización arancelaria: Exigen un incremento «urgente» de los valores de las prestaciones para compensar la inflación. - Regularización de pagos: Solicitan que los desembolsos mensuales sean previsibles y constantes. - Cancelación de deuda: Denuncian atrasos acumulados que ponen en riesgo la continuidad de los centros de día, transportistas y profesionales independientes. El rechazo a la «Ley contra el Fraude de Pensiones» Más allá de los reclamos económicos, la movilización de esta semana suma un fuerte componente político: el rechazo rotundo al proyecto de Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez enviado recientemente al Congreso. Desde el Foro Permanente advirtieron que la iniciativa oficialista no solo modifica el marco de la actual Ley de Emergencia en Discapacidad, sino que introduce un reempadronamiento obligatorio que podría derivar en la eliminación masiva de beneficios. «Esta iniciativa instala una mirada estigmatizante sobre las personas con discapacidad. Lejos de dar respuestas, el proyecto desvía el foco de la verdadera problemática: la crisis estructural que atraviesa el sistema», expresaron voceros del sector. Un sistema en riesgo El conflicto se da en un contexto donde el Gobierno nacional busca endurecer los controles sobre las pensiones no contributivas, argumentando irregularidades en la entrega de las mismas. Sin embargo, los prestadores sostienen que el foco debería estar puesto en el desfinanciamiento del sistema de prestaciones básicas. Según el comunicado del sector, la combinación de aranceles desactualizados y demoras en los pagos está provocando el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos fundamentales para miles de usuarios. «No estamos discutiendo solo salarios; estamos discutiendo el derecho constitucional de las personas con discapacidad a recibir su atención», concluyeron.
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