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Fecha: 20/04/2026 18:35
El oficialismo busca cambiar el eje del debate en el Congreso con la apertura de dos discusiones que ya marcaron la agenda en 2024 y 2025. El Gobierno impulsa nuevas iniciativas: una ingresó el último viernes, la Emergencia en Discapacidad bajo la denominación de proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez; la otra, ya en condiciones de ser tratada, es el financiamiento para las universidades nacionales. El proyecto de financiamiento universitario está en el Congreso desde febrero y en las próximas semanas comenzará a tratarse en las comisiones de Educación y de Presupuesto, presididas por Alicia Fregonese (PRO) y Bertie Benegas Lynch (La Libertad Avanza). El Ejecutivo busca armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades gastos de funcionamiento y salarios docentes y no docentes con las previsiones reales del Presupuesto de este año. A diferencia de la norma impulsada por la oposición, la iniciativa oficial no hace referencia a ejercicios anteriores. El Gobierno detalló que las partidas del Presupuesto 2026 deberán destinarse a afianzar el ingreso, la permanencia y la terminalidad estudiantil; garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, incluyendo la plena implementación de los convenios colectivos; y fortalecer la enseñanza en todas sus modalidades mediante mayor inversión en tecnología y en la formación del personal. La iniciativa también garantiza el acceso a la educación superior gratuita a través de un refuerzo en programas de becas estratégicas. Además, establece una recomposición para cubrir los gastos de funcionamiento de las universidades en el marco del Presupuesto vigente y prevé una actualización para los hospitales universitarios, con el objetivo de asegurar el financiamiento del sistema de salud universitario. La postura de la oposición Un grupo de legisladores de distintas fuerzas exhortó al Poder Ejecutivo a actualizar de forma inmediata los salarios docentes y no docentes, así como las becas estudiantiles. También le solicitó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. La norma sancionada el año pasado impulsada por la oposición e insistida tras el veto presidencial buscó aumentar el presupuesto universitario, asegurar su financiamiento y actualizar las partidas de funcionamiento, además de mejorar los salarios del sector. En ese contexto, el Poder Judicial falló y emplazó al Ejecutivo a actualizar los sueldos. La ley establece que los incrementos no pueden ser inferiores al Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. También ordena recomponer las becas en línea con la inflación acumulada. Por ahora, la administración de Javier Milei apeló la decisión judicial, presentó un recurso en la Corte Suprema para que suspenda la ley y promueve el debate de un nuevo proyecto de financiamiento universitario en el Congreso. Emergencia en discapacidad La situación de la ley de emergencia en discapacidad, también sancionada en 2025 a instancias de la oposición, sigue un recorrido similar: presión para su cumplimiento, fallos judiciales que instan a implementarla y, en paralelo, la apelación oficial junto con el envío de un nuevo proyecto al Senado. El proyecto contra el fraude de pensiones por invalidez señala que entre 2003 y 2023 las pensiones no contributivas crecieron de manera exponencial: pasaron de 76.000 a 1.200.000. Distintas publicaciones remarcaron que ni siquiera países en guerra registraron incrementos similares. La iniciativa propone garantizar un financiamiento sostenible de estas pensiones y fortalecer a los prestadores mediante un régimen de emergencia que incluya regularización de deudas tributarias, condonación de intereses y refinanciación de planes de pago. También prevé recursos para implementar de forma ágil la compensación arancelaria, actualizar los valores del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, sostener las pensiones cuando corresponda al Estado nacional e impulsar políticas de inclusión y prevención. Tensión por el informe de Adorni En paralelo, La Libertad Avanza se prepara para la sesión informativa de Manuel Adorni en la Cámara de Diputados el 29 de abril. La oposición aguarda su presentación desde hace un mes, en medio de denuncias e investigaciones judiciales por sus viajes en aviones privados a Punta del Este, el viaje de su esposa a Estados Unidos como parte de una comitiva oficial y un presunto incremento patrimonial a través de la compra de departamentos. Diputados del interbloque Unidos lo denunciaron por supuesto enriquecimiento ilícito y por sospechas sobre el financiamiento de viajes al exterior. Desde el oficialismo sostienen que el jefe de Gabinete responderá únicamente sobre su gestión. Será una sesión picante, compren pochoclos, anticipó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Los legisladores enviaron cerca de 4800 preguntas a la Jefatura de Gabinete. No todas refieren a la gestión: algunas también apuntan a la situación judicial del funcionario. En ese escenario, cada bloque define su estrategia en un tema que ya fue abordado en la última reunión de la mesa política encabezada por Adorni en la Casa Rosada.
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