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» TN
Fecha: 20/04/2026 15:10
La cadena semillera argentina volvió a encender luces de alerta. La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) advirtió que el sector de especies autógamas atraviesa un momento crítico, marcado por la caída sostenida en el uso de semilla fiscalizada y la creciente informalidad. En ese contexto, la entidad reclamó la construcción de una agenda común urgente que permita revertir el estancamiento y sostener el desarrollo tecnológico del agro. Leé también: El INTA suma genética a la colza con 2 nuevos cultivares de alto rendimiento El eje del problema, según la cámara, es estructural: el bajo porcentaje de comercialización de semilla fiscalizada. Este fenómeno no solo afecta a quienes producen y comercializan semillas, sino que compromete a toda la cadena productiva. La semilla de calidad es la base del desarrollo productivo, de la innovación y de la competitividad, remarcaron desde CASEM, al tiempo que advirtieron que la situación actual desalienta la inversión en genética. Leé también: Pastizales: una señal global para producir más sin perder biodiversidad De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Semillas (INASE), la semilla fiscalizada es aquella que atraviesa controles durante todo su ciclo de producción, bajo la Ley 20.247. Este sistema garantiza pureza varietal, poder germinativo, sanidad y trazabilidad, elementos clave para asegurar rendimientos y previsibilidad en los cultivos. Un sistema debilitado El panorama se complejiza al analizar el peso del uso propio dentro del esquema productivo. La normativa vigente permite a los productores reservar parte de su cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente, una práctica legal que, sin embargo, representa más del 70% de la siembra en especies autógamas como soja, trigo, algodón y legumbres. Si bien el uso propio está contemplado en la ley, desde el sector advierten que convive con un alto nivel de informalidad. Hay un porcentaje elevado que no es legal, donde productores y grandes pools venden en forma irregular, la famosa bolsa blanca, explicó el gerente de CASEM, Edgardo Motto, en diálogo con TN. Leé también: Lanzan una nueva plataforma para vender y comprar activos ambientales del campo El caso de la soja grafica con claridad la magnitud del problema. Según datos del propio sector, apenas entre el 13% y el 17% de la superficie implantada utiliza semilla fiscalizada. El resto se reparte entre uso propio y comercialización ilegal. Hoy estamos en valores muy bajos comparados con países de la región como Brasil o Paraguay, señaló Motto. Para el dirigente, la tendencia no es nueva, pero se profundizó en los últimos años. Esto viene de larga data y en los últimos años disminuyó más. Hay una costumbre del productor de guardarse el grano para sembrarlo en la próxima campaña, a veces durante cuatro o cinco años, detalló. Leé también: Nuevos arándanos argentinos conquistan mercados: más sabor, tamaño y exportación Las consecuencias de este escenario son múltiples. Por un lado, impactan directamente en las empresas que desarrollan y comercializan semillas, que ven reducido su mercado. Pero además, afectan la capacidad del sistema para generar innovación. Los obtentores no tienen los recursos para desarrollar nuevo germoplasma y el sector trabaja a pérdida, advirtió Motto. Debate y propuestas El planteo de CASEM no se limita a una disputa sectorial, sino que apunta a las implicancias macroeconómicas. Esto afecta a nivel productivo a la Argentina: tenemos menos producción y menos dólares, sostuvo el gerente de la entidad. En ese marco, la cámara puso el foco en el rol del INASE como organismo regulador y garante del equilibrio dentro de la cadena. Desde la entidad consideran clave avanzar en reglas claras que promuevan la trazabilidad y fortalezcan el mercado formal. En esa línea, el instituto ya implementó herramientas como el rótulo de seguridad IQR, que comenzará a regir para trigo y cebada cervecera a partir de 2026. Leé también:Una red de cooperativas santafesinas certifica prácticas laborales sostenibles en el agro Sin embargo, desde el sector privado sostienen que aún falta avanzar en medidas más integrales. Hay varias aristas en esta discusión. Hoy se pone mucho el foco en UPOV 91, pero no es el único tema, planteó Motto. Y agregó: También hay que reforzar los controles sobre la ilegalidad y establecer incentivos para el uso de semilla fiscalizada. En este contexto, CASEM propuso la conformación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva, que reúna a todos los actores de la cadena: obtentores, multiplicadores, productores y el Estado. El objetivo es construir consensos que permitan superar las tensiones actuales y definir un esquema sostenible a largo plazo. Leé también: Del discurso a las decisiones: el carbono empieza a medirse en el campo, para más productividad sustentable Nosotros somos un eslabón intermedio en la cadena semillera, multiplicamos y damos calidad antes de que llegue al productor. Nos preocupa cómo viene disminuyendo la semilla fiscalizada, explicó Motto, quien insistió en la necesidad de acuerdos. Tenemos propuestas concretas para salir de este empantanamiento y lograr un equilibrio que favorezca a todos los sectores. El dirigente también destacó que el desafío no es solo económico, sino también cultural. Cambiar hábitos arraigados en el uso de semilla y promover prácticas más formales requerirá tiempo, incentivos adecuados y mayor control estatal. Mientras tanto, el sector advirtió que el margen de maniobra se reduce. Sin una recuperación del mercado de semilla fiscalizada, la inversión en mejoramiento genético y tecnología podría seguir cayendo, con impacto directo en la productividad del agro argentino. Leé también: La nueva Vicentin acelera su reactivación tras el cambio de control Estamos todos en el mismo barco, resumió Motto. La frase sintetiza el espíritu del reclamo: sin acuerdos amplios y reglas claras, la crisis de la semilla fiscalizada no solo afectará a un eslabón de la cadena, sino al conjunto del sistema productivo.
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