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  • El fiscal fue a la Casación para que se fije fecha de inicio para el juicio por lavado contra Cristina Kirchner

    » Clarin

    Fecha: 20/04/2026 12:29

    El fiscal general Diego Velasco acudió ante la Cámara Federal de Casación Penal para revertir la decisión del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que sostuvo que, por el momento, no se fijará fecha de inicio para el juicio contra Cristina y Máximo Kirchner -entre otros imputados-, por lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas, en el caso Hotesur-Los Sauces. Los magistrados indicaron que se debe esperar la finalización de una pericia contable antes de comenzar el debate. Al resolver negativamente los dos magistrados firmantes del cuerpo jurisdiccional respecto de la fijación de fecha de inicio del debate oral y público en las actuales condiciones procesales -prácticamente finalizando la instrucción suplementaria-, genera perjuicio de imposible o tardía reparación ulterior, explicó Velasco en el dictamen al que accedió Clarín. Bajo la premisa de que el debate oral y público no puede seguir dilatándose, el fiscal interpuso un recurso ante la Cámara de Casación, entendiendo que el rechazo a su primer pedido, produce un perjuicio tal como expuso. El caso genera responsabilidad internacional del estado por incumplimiento de normas que surgen de las convenciones internacionales -Convención de Palermo y Convención contra la corrupción- y así también los parámetro de eficacia de la investigaciones derivados del resultado inmediato 7 que es motivo de evaluación por parte de los países miembros Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI-, se indicó. Como representante del Ministerio Público Fiscal, Velasco recordó que me encuentro legitimado en el proceso para la promoción y ejercicio de la acción pública en defensa de los intereses de la sociedad, que en este caso considero están siendo vulnerados. Respecto de la negativa del Tribunal Oral a iniciar el juicio, Velasco advirtió que la fuerza ejecutoria de la resolución que se pone en crisis, de devenir firme, prorrogaría innecesariamente el inicio del debate en estos actuados para que de una vez por todas se pueda comenzar a arrojar luz sobre una imputación de enorme trascendencia institucional. El 5 de marzo, Velasco había pedido al Tribunal que con "premura" se avance hacia el debate público. Pero el TOF 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, aguarda la culminación de una pericia contable sobre una de las dos empresas de la familia Kirchner investigadas por lavado. El fiscal entiende que, pese a que ese trabajo pendiente ha sufrido varios traspiés -documentación faltante, peritos que se corrieron del cargo, pedidos a la provincia de Santa Cruz que no fueron respondidos- el juicio podría iniciar de todas maneras. Los fundamentos del Tribunal En su argumentación, el juez Michilini retomó una de las premisas de la fiscalía respecto al interés ciudadano y la trascendencia pública del expediente por lavado de dinero, no son factores o índices de premura y no pueden ir en detrimento de las condiciones necesarias que establece nuestro código de rito para la fijación de un debate, máxime cuando la norma procesal tiene el interés de proteger el derecho de defensa en juicio. En esa línea argumental, entendió que las medidas pendientes pueden influir y determinar la estrategia de defensa a emplear, sobre todo en el inicio del debate, donde se prevé el planteamiento de cuestiones preliminares y se llama a indagatorias a los acusados. Acceder a lo peticionado por el fiscal, indicó, resultaría violatorio de las normas procesales vigentes, y además implicaría poner eventualmente en riesgo la validez de estas actuaciones, sometiéndolas a una multiplicidad de planteos por parte de las defensas. La prioridad, enfatizó el TOF 5 con el voto del juez Machado Pelloni, es el control de legalidad del procedimiento. El Tribunal resolvió esperar que terminen las medidas de prueba preliminares ordenadas cuando la Corte Suprema -a finales de 2024- ordenó la realización del juicio a los 16 imputados. Ante estos argumentos, el fiscal Velasco acudió ante el máximo tribunal penal para revertir ese criterio. La matriz de lavado El expediente se concentró en las empresas de la familia Kirchner Hotesur (firma hotelera) y Los Sauces (inmobiliaria), investigadas por haber sido el presunto vehículo para lavar 120 millones de pesos, cifra calculada entre 2008 y 2015. La maniobra se concretó "con la simulación de contratos de alquiler en el rubro hotelero e inmobiliario", según calificó el representante del Ministerio Público Fiscal cuando pidió que el juicio se realice. Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para "devolver" a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en el caso Vialidad, donde la ex vice y el dueño del Grupo Austral tienen condena firme. Los imputados también están acusados por haber recibido dádivas, ya que Cristina era la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y Báez un empresario contratista del Estado con quien mantuvo más de veinte operaciones comerciales durante el período investigado. En la etapa de instrucción los casos se investigaron por separado, pero se unificaron en la instancia de elevación a juicio oral, y es el TOF 5 el responsable de realizar el debate. Velasco, que será el fiscal del juicio, solicitó una batería de medidas de cara al debate público, que se cursaron a lo largo de varios meses. Pero una de ellas le otorgó más tiempo a Cristina Kirchner. Son dos las pericias contables que se requirieron. La primera de ellas ya fue entregada. El trabajo sostenía que Hotesur funcionaba únicamente para recibir dinero por parte de Lázaro Báez, quien explotaba la firma hotelera con Valle Mitre SRL. Esta compañía recibía dinero de manera exclusiva de Austral Construcciones, que sólo percibía fondos de la obra pública vial del gobierno kirchnerista. La segunda pericia aún no concluyó y se concentra en la inmobiliaria Los Sauces. Sobre la firma Newsletter Clarín

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