19/04/2026 21:44
19/04/2026 21:44
19/04/2026 21:44
19/04/2026 21:43
19/04/2026 21:41
19/04/2026 21:41
19/04/2026 21:40
19/04/2026 21:40
19/04/2026 21:39
19/04/2026 21:29
» Clarin
Fecha: 19/04/2026 20:08
En el expediente que se concentra en el vuelo privado a Punta del Este que tomó Manuel Adorni junto a todas su familia, acompañado por el periodista Marcelo Grandio, y a raíz del levantamiento del secreto fiscal y bancario, se sumaron nuevos datos que para los investigadores corroboran un vínculo preexistente a la función pública. El foco de la pesquisa busca desentrañar una sospecha central: si el funcionario benefició a su amigo con contratos con la Televisión Pública, si existió un presunto circuito de retornos. Seis contratos se incorporaron al expediente que ya contaba con diez transferencias bancarias recibidas por el Jefe de Gabinete antes de ser funcionario. El viaje hacia Punta del Este con Grandio se convirtió en un expediente judicial. Las sospechas rondan alrededor del pago del mismo, la metodología y el vínculo comercial que podría existir entre el funcionario y el periodista. En ese viaje, el trayecto de ida que el funcionario dijo haber pagado, tuvo un costo el 4.830 dólares, mientras el del tramo de regreso fue de 4.200 dólares. Adorni habría abonado sólo el primero de los tramos pero según la documentación que consta en la causa, la empresa de vuelos Alpha Centauri S.A remitió las facturas que dan cuenta del pago que concretó Imhouse SA, propiedad de Grandio. A esa relación se sumaron seis contratos entre RTA (Radio y Televisión Argentina) y la productora Imhouse que, en primer término, señalaron fuentes judiciales a Clarín, no establecen un vínculo jurídico directo entre el conductor Grandio y el jefe de gabinete, pero sí muestran que antes de que Adorni llegue a la función pública la productora no tenía contratos y previo a ello existieron diez transferencias bancarias. Sobre el último punto mencionado -diez transferencias desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 11 de diciembre de 2023 por $ 1,670,900-, la Justicia investiga en concepto de qué Imhouse SA realizó esos pagos a Manuel Adorni. Las transferencias son resultado del levantamiento fiscal y bancario ordenado por el juez federal, Ariel Lijo. Ahora, según la documentación a la que accedió Clarín, se incorporaron seis contratos que podrían develar un esquema de gestión y financiamiento que ha sido objeto de cuestionamientos por la relación de cercanía entre ambos, indicaron fuentes de la causa a este medio. Se analiza el rol de intermediación de Imhouse a través de la cual la Televisión Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete, contrató a Grandio. Es decir: no fue una contratación directa, por lo cual el periodista no figura en la nómina salarial del Estado, sino que su financiamiento proviene de la triangulación a través de la compañía. En estos contratos el Estado lo que pone es la estructura: estudios, técnica, personal, mientras la productora gestiona la publicidad. De esta manera y según el circuito establecido, Grandio -con una relación de amistad con el funcionario- cobra a través de la productora. No tiene en claro la justicia la ganancia final que obtuvo el periodista, por ese motivo el juez Lijo pidió más documentación a la TV Pública como al ARCA (organismo recaudador), para realizar el entrecruzamiento de movimientos financieros vinculados a los seis contratos firmados. A la hora de analizar la evolución de los montos, lo primero que queda sobre el escritorio es que existió un respaldo institucional que se fue incrementando en favor de los contenidos que proporcionaba Imhouse propiedad de Grandio, explicó una fuente allegada a la causa. Se pasó de un contrato global de $ 5,8 millones en agosto de 2024 a valores unitarios de casi $ 1,1 millones por capítulo en septiembre de 2025. Otro de los interrogantes es, si había una política de recorte en los medios públicos, los ingresos garantizados a Grandio ¿sufrieron ese ajuste o sus valores se incrementaron? Es donde hace foco la justicia federal, también. Según el estudio de los tres contratos, se establece que la productora no corría con el mayor de los riesgos, sino el Estado asumiendo la parte de mayor costo para la producción de contenidos: esto incluye el mantenimiento de los estudios y el sueldo de los técnicos y maquilladores, por ejemplo. Se acordó que Imhouse se asegurara el primer tramo de la recaudación publicitaria para cubrir sus costos. Fuentes oficiales indicaron a Clarín que es una metodología habitual cuando se contrata una producción externa. No es el método aplicado el que levanta sospechas en Comodoro Py, sino si el contrato sistemático fue consecuencia de la amistad de Grandio con el funcionario libertario, lo que podría configurar el delito de una negociación incompatible con la función pública, un presunto circuito de dádivas, e incluso el abuso de poder. A la fecha no hay ninguna imputación formalizada. En consecuencia, lo que está bajo la lupa es el vínculo político. El juez Lijo quiere saber si estos programas que realizaba Grandio para la TV Pública fueron los únicos que sobrevivieron a las políticas de ajuste financiero aplicados a los medios públicos. Los contratos prueban un mecanismo de coproducción que resulta, en primer análisis, altamente beneficioso para la productora y el conductor, utilizando recursos públicos en un contexto donde gran parte de la programación fue dada de baja. Y allí radica una de las primeras preguntas formuladas en esta causa: ¿Tuvo Grandio que pagó el viaje a Punta del Este, un trato preferencial basado en la relación personal con Adorni? Los seis contratos En todos los acuerdos para televisión y streaming firmados entre el Estado e Imhouse SA se establece un esquema de coproducción donde RTA pone a disposición toda su capacidad instalada: pantalla/aire, estudios, escenografía, equipo de producción, personal técnico, maquillaje, vestuario y seguridad. La responsabilidad de la productora es la organización, material técnico adicional, personal propio, pago de aranceles (SADAIC, SADEM, Argentores) y asume la responsabilidad legal ante eventuales reclamos. Primer contrato firmado en agosto de 2024 para el Ciclo de entrevistas "Giros en Línea Recta". Estuvo firmado por Eduardo González (Ex Interventor RTA) y Horacio Silva (Imhouse). La vigencia fue desde el 05/09/2024 por la realización de 10 capítulos. El costo de producción se estipuló en $5.883.995 + IVA (Total). En cuanto al esquema publicitario se determinó que Imhouse cobra el 100% de la publicidad hasta cubrir el costo total. Superado ese monto, el excedente se reparte 50/50 con RTA. El segundo contrato se firmó en marzo de 2025 para el ciclo de entrevistas "Giros en Línea Recta". Figuraron como firmantes Eduardo González y Horacio Silva, con una vigencia desde el 31/03/2025. También se firmó para la realización de 10 capítulos. El costo de producción fue de $900.000 + IVA por capítulo, se replica en la letra del contrato el esquema publicitario: el recupero de costo para Imhouse más el reparto 50/50 de excedentes. Hacia septiembre de 2025 se firmó el tercer contrato para otra temporada del producto "Giros en Línea Recta". Contó el documento con las firmas de Carlos María Curci González (Actual Interventor RTA) y Horacio Silva. Con vigencia desde el 15/09/2025, se pidieron a la productora un total de 16 capítulos con un costo mayor al ciclo anterior. Ahora cada uno se calculó en $1.097.500 + IVA con el mismo esquema publicitario. Pensado para una plataforma streaming, el cuarto de los contratos se firmó en agosto de 2025. El nombre del ciclo firmado por Carlos María Curci González y Horacio Silva, se denominó Enredados. Se especificó en la documentación que sería para plataformas como: Twitch, YouTube, Facebook e Instagram de la TV Pública. A Imhouse SA se le pidieron con vigencia desde el 2 de septiembre de 2025, 20 capítulos con un costo de producción de $900.000 + IVA por capítulo. Se replica el esquema publicitario que consigna el recupero de costo para Imhouse y posterior reparto 50/50 con RTA. Mismo formato de streaming se consignó para "La Sala" quinto contrato firmado en octubre de 2025. El documento lleva las firmas de Carlos María Curci González y Horacio Silva. En el detalle se indicó que se pensó para plataformas como: Twitch, YouTube, Facebook e Instagram de la TV Pública. El número de capítulos aumento: se le pidieron 50 a la productora con una vigencia desde el 13 de octubre y un costo de producción de cada uno de $950.000 + IVA por capítulo. El esquema publicitario es calcado a los anteriores. Finalmente, para formato radial se firmó en abril de 2024 "La caja de Pandora". Los firmantes son: Diego Martín Chaher (Ex Interventor RTA) y Horacio Silva. Y el ciclo se acordó para ser transmitido por Radio Nacional (AM 870 y repetidoras FM). La vigencia de este contrato fue desde 17/04/2024 al 31/12/2024. El costo/canon se detalló de la siguiente manera: Imhouse abona a RTA $1.000.000 (Pago único) por todo el objeto del contrato. El esquema publicitario varia con los firmados con la TV Pública, ya que Imhouse se queda con el 100% de los ingresos publicitarios autorizados por RTA. Valores que se incrementaron En un resumen comparativo de costos y contratos para la televisión y plataforma streaming, la información que tiene bajo estudio el juez Lijo expone que desde agosto de 2024 los valores crecieron como también la cantidad de capítulos demandados. El primero de los contratos fue de 10 capítulos con un costo unitario de $ 588.399 más IVA, Siete meses después, por la misma cantidad de capítulos se le pagó a Grandio $ 900.000 más IVA por cada uno. Hacia agosto de 2025 se mantuvo el valor unitario de los capítulos, pero se duplicó su cantidad. Y el número aumentó en el último de los contratos: 50 capítulos para el streaming por $ 950.000 más IVA cada uno. Previo a ello, hubo un costo para la misma plataforma de $ 1.097.500 más IVA valor unitario por 16 capítulos. Hay un dato especificado en la documentación y es que en todos los contratos de TV/Streaming se aclara que si la comercialización publicitaria no alcanza para cubrir el costo de producción, Imhouse asume el cargo, lo que implica que el Estado (RTA) no debería desembolsar dinero en efectivo, aunque cede gratuitamente toda su infraestructura operativa. Sobre la firma Newsletter Clarín
Ver noticia original