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  • Dos casos judiciales tuvieron movilidad en la justicia local

    Crespo » Paralelo 32

    Fecha: 19/04/2026 20:01

    Se trata del ex Intendente Darío Garcilazo por una imputación de enriquecimiento ilícito La otra fue un pedido del municipio para acceder a una copia de la causa contra el ex mandatario Domingo Maiocco por denuncias de obra públicas y préstamos en dólares durante su gestión. Victoria.- La semana pasada hubo movimientos en la justicia local. El martes 7 a las 8:00 horas se llevó a cabo una audiencia con el acusado por estafa Ramón Piedrabuena, que finalmente se abstuvo de declarar. A las 9:00 el municipio se presentó en audiencia solicitando una copia de la causa que se sigue por obras y manejo de dinero en dólares durante la gestión Maiocco, y las 10:00 horas la imputación de enriquecimiento ilícito contra Rubén Darío Garcilazo. Según datos recabados por Paralelo32 en distintos estamentos judiciales y de particulares, la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex intendente R.D. Garcilazo avanza hacia un juicio oral, según lo determinó el juez, quien definirá las pruebas que serán admitidas. Por otro lado, la defensa presentó dos testigos, cuestión que deberá ser resuelta por el magistrado, aunque esto podría causar un retraso en el proceso. Esta causa se encuentra en etapa previa a su elevación al tribunal, luego de que en una audiencia reciente se habrían admitido las pruebas presentadas por las partes. Según una de nuestras fuentes, el proceso ya había sido elevado a juicio en una instancia anterior, por lo que en esta nueva audiencia el eje estuvo puesto en definir qué elementos probatorios podrán ser utilizados durante el debate. De acuerdo a los datos recabados, tanto la fiscalía como la defensa, realizaron sus respectivos ofrecimientos, incluyendo testigos y documentación, y de acuerdo a la misma fuente no hubo objeciones relevantes entre las partes. De acuerdo al procedimiento, ahora será el juez de garantías quien resuelva, en los próximos días, cuáles de esas pruebas serán finalmente admitidas y cuáles quedarán excluidas. Una vez tomada esa decisión, la causa será remitida directamente al tribunal de juicio para continuar con el proceso, que se realizará ante la Cámara del Crimen de Gualeguay. En este contexto, todo indica que no se solicitó una suspensión de juicio a prueba ni otro tipo de acuerdo alternativo, es decir las conocidas probation, que permitiría al imputado cumplir con la ley realizando tareas o ayuda comunitaria. Según la normativa y de acuerdo a la naturaleza del delito investigado, que involucra a un funcionario público en ejercicio de sus funciones, no hay otra posibilidad de evitar el juicio. Causa por incumplimiento contra Maioco Por otra parte, también se brindaron precisiones sobre otra causa que generó repercusión en los últimos días, vinculada a los nombres ex Intendente Domingo Maioco, ex Secretario de Gobierno y Hacienda Sergio Navoni y funcionarios de obras Matías Bardou y Hugo Jara. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de 5 cuadras de asfalto en calle 25 de Mayo, trabajos vinculados a la terminal de ómnibus y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares, por denuncia presentada por particulares y la actual gestión municipal. Se trata de elementos que puede tipificarse como incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta semana en distintos medios se comunicó que se celebraría una audiencia con los exfuncionarios por los casos descriptos. Esto no ocurrió y en realidad, por la misma causa se llevó a cabo una audiencia, aunque no en los términos que trascendieron públicamente. Fue convocada a partir de un pedido del Ejecutivo municipal al solo efecto de acceder al expediente judicial de la causa en cuestión. La información que maneja Paralelo32 es que desde la fiscalía se rechazó esa solicitud, al considerar que el organismo no acreditó un interés legítimo que le permita acceder a la documentación, dado que en el proceso penal solo pueden hacerlo las partes involucradas: fiscalía, imputados, defensores y eventualmente querellantes, según lo explicado por un abogado. No se pueden facilitar copias a terceros según la norma, indicó nuestro asesor. Sucede que, si bien el municipio fue denunciante, su rol no lo habilita automáticamente a acceder al expediente completo. No obstante, en fuentes oficiales se nos indicó que en cambio se le brindó información general sobre el estado de la causa, tal como lo establece la normativa vigente. Tras este rechazo, el ejecutivo municipal recurrió al juez de garantías, quien deberá definir si corresponde o no autorizar el acceso solicitado. Esa resolución aún se encuentra pendiente. A la par de todo esto, se confirmó que el próximo 30 de abril se llevará adelante una audiencia clave en esa misma causa, en la que se analizará un pedido de sobreseimiento presentado por una de las partes. La investigación tiene su origen en una denuncia inicial impulsada por un particular, a la que posteriormente se sumó una presentación de la actual gestión municipal. Entre los puntos cuestionados se encuentran obras de asfaltado 5 cuadras en calle 25 de Mayo-, trabajos vinculados a la terminal y la utilización de fondos provenientes de un préstamo en dólares. En particular, se analiza si esos recursos fueron utilizados conforme a los destinos establecidos por ley, que incluían la compra de maquinaria, la construcción de la Casa de la Mujer y distintas etapas del edificio de la terminal. Desde la defensa sostiene que los trámites fueron realizados con total transparencia, con dictámenes del ex asesor letrado, Eduardo Ruda, y toda la documentación obrante se puede encontrar en el municipio, además hacen hincapié en que no existe daño para el municipio, una figura penal que implica responsabilidad de funcionarios. Además, sostienen que esto representó un incremento de los bienes del Estado municipal porque incorporar nueva infraestructura que no existía. Lo contrario habría sido una acelerada desvalorización del dinero, algo inadmisible para el sentido común. De esta manera, ambas causas continúan su curso con definiciones pendientes que serán claves para determinar su avance y posible resolución en sede judicial.

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