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Gualeguay » Debate Pregon
Fecha: 19/04/2026 12:13
Discapacidad en crisis: Detrás de cada recorte hay vidas afectadas" Mientras organizaciones del país exigen al Gobierno la transferencia urgente de fondos y la aplicación de la ley de emergencia, en Gualeguay las demoras, recortes y trabas burocráticas impactan de lleno en la vida cotidiana de personas con discapacidad y de los profesionales que con ellas trabajan. La crisis en el sistema de atención a personas con discapacidad, denunciada a nivel nacional por organizaciones del sector, tiene un correlato directo en Gualeguay. Lo que en Buenos Aires se expresa en movilizaciones y reclamos formales ante el Ministerio de Economía, en el plano local se traduce en demoras, obstáculos administrativos y situaciones que, según familias y profesionales, afectan derechos básicos. En los últimos días, el Foro Permanente Discapacidad reclamó la transferencia urgente de fondos para programas como Incluir Salud, Pensiones No Contributivas y prestaciones vinculadas al PAMI, además de la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde el sector advierten que la falta de respuestas concretas pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales en todo el país. Sin embargo, más allá del plano macro, en ciudades como Gualeguay la crisis adquiere rostro humano. Familias: burocracia, demoras y costos que se trasladan Familias de la ciudad describen un escenario marcado por la incertidumbre y el desgaste. Una de las principales dificultades es el retraso en los reintegros de prestaciones: los pagos llegan tarde y los aranceles reconocidos por las obras sociales quedan por debajo de los valores reales. Esto genera que la diferencia deba ser asumida por los propios familiares. Los aranceles son bajos y la diferencia con lo que fija el colegio profesional la termina pagando la familia, explicaron. La situación se agrava en servicios clave como el acompañamiento domiciliario. Lo que abona la obra social es muy bajo, el trabajador tiene que ser monotributista y además hay demoras en los pagos. Por eso cada vez hay menos personas que aceptan trabajar en esas condiciones, señalaron. Otro punto crítico es el acceso a prestadores. Según relatan, las propias obras sociales entregan listados que en la práctica resultan inviables. Te piden tres presupuestos, pero cuando vas a las ópticas o a otros profesionales, muchos te dicen que no trabajan con la obra social porque no les pagan en término o pierden plata, contaron. En ese contexto, las familias terminan negociando por fuera del sistema o afrontando gastos imposibles. A todo esto se suma una carga burocrática constante: presentación de historias clínicas, presupuestos, formularios y autorizaciones que demoran semanas o meses, incluso en casos donde existe un Certificado Único de Discapacidad (CUD) desde edades muy tempranas. Una madre relató una situación que grafica el nivel de desprotección: su hijo fue dado de baja de la cobertura sin notificación alguna. Me dijeron que era porque ya era adulto. Estuvimos siete meses reclamando hasta que logramos resolverlo cuando vino un funcionario a Gualeguay. En una semana se solucionó algo que llevaba meses, completamente fuera de lógica, explicó. Otra familia expresó su indignación por recientes procedimientos de control: Gastaron una fortuna en cartas documento denunciando situaciones en discapacidad y, en vez de analizar caso por caso, nos citaron a todos en condiciones poco dignas. Gente trasladando a sus familiares en silla de ruedas Nos sentimos menos que mendigos. Es muy indignante. Profesionales: pagos a cuentagotas y condiciones precarias Del lado de los profesionales, el diagnóstico es igual de preocupante. La situación no ha cambiado. Los pagos salen a cuentagotas, las pensiones no están saliendo y los programas están recortados o sin aprobarse, resumieron. Quienes trabajan en el área de salud y discapacidad advierten que sostener espacios de atención se vuelve cada vez más difícil. Las demoras en los pagos, los honorarios desactualizados y la falta de aumentos acordes al contexto económico generan un escenario de fuerte precarización. Detrás de cada recorte hay vidas afectadas. No se trata solo de trabajar sobre dificultades, sino de garantizar derechos y construir inclusión real. Pero eso no puede sostenerse solo con el compromiso individual, expresó una profesional. Además, alertó sobre las consecuencias directas en los pacientes: interrupciones en tratamientos, retrocesos en procesos terapéuticos y mayor vulnerabilidad para las familias. Defender el derecho a la salud, la educación y la inclusión no debería ser una lucha constante, sino una garantía, agregó. Una problemática sin solución a la vista La situación que atraviesa Gualeguay no es aislada, sino parte de un problema estructural que afecta a todo el país. La falta de financiamiento, las demoras en la cadena de pagos y la incertidumbre en la aplicación de políticas públicas repercuten directamente en quienes dependen del sistema de prestaciones. Mientras a nivel nacional las organizaciones reclaman respuestas urgentes, en el plano local las familias y los profesionales continúan sosteniendo, como pueden, una red que muestra signos de agotamiento. La crisis en discapacidad está lejos de ser resuelta. Ni la sanción de la Ley de Emergencia, defendida del veto presidencial, ni los fallos judiciales a favor se tradujeron en respuestas concretas por parte del Gobierno. El diagnóstico es coincidente en todos los niveles: sin recursos, sin previsibilidad y sin una implementación efectiva de la ley de emergencia, el sistema de discapacidad se vuelve cada vez más frágil. Y quienes más lo padecen son, una vez más, las personas con discapacidad y su entorno cotidiano.
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