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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 19/04/2026 00:48
La Procuración del Tesoro recurrió al máximo tribunal de Justicia como nuevo paso para intentar frenar la norma votada dos veces por el Congreso y que tiene el objetivo de garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales. En el marco de una nueva semana de protestas de docentes, nodocentes y estudiantes de universidades nacionales, la Procuración del Tesoro presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de frenar la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La iniciativa del Gobierno cuestiona el fallo dictado a fines de marzo por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, que había ratificado una medida cautelar ordenando aplicar esos artículos de la ley 27.795 y dejando sin efecto el artículo 1 del Decreto 759/2025, vinculados al financiamiento y la recomposición salarial en el ámbito universitario. Desde el Ejecutivo, a través de la Procuración encabezada por Sebastián Amerio, sostienen que corresponde la intervención de la Corte por tratarse de una cuestión federal. Además, argumentan que la cautelar funciona en la práctica como una sentencia definitiva, ya que según indican implica un grave e irreparable perjuicio al Estado al obligar a realizar gastos sin una fuente de financiamiento definida. No obstante, en su resolución, los magistrados Fernández y Morán consideraron que la ley no genera un impacto fiscal significativo y remarcaron que el Estado debe garantizar el derecho constitucional a la educación pública universitaria. A pesar de este criterio, el Gobierno mantiene su postura y busca llevar el caso al máximo tribunal como última instancia para evitar la aplicación de la norma, aprobada en septiembre pasado con mayoría agravada en el Congreso. El conflicto se inició a partir de un amparo colectivo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a otras instituciones del sistema universitario contra el Estado nacional. En diciembre, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 resolvió dictar una medida cautelar que ordenó poner en vigencia la ley y dejó sin efecto el decreto del Ejecutivo que había frenado su aplicación. En concreto, la cautelar estableció el cumplimiento de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. Estas normas prevén la actualización de las partidas destinadas a salarios de docentes y nodocentes, además de la recomposición automática de las becas estudiantiles, con el fin de sostener el funcionamiento del sistema frente al impacto inflacionario.
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