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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 18/04/2026 13:56
El Gobierno nacional envió al Senado dos proyectos de reforma sobre la Ley de Salud Mental y la normativa de discapacidad, en una jugada que busca reactivar la agenda parlamentaria y ordenar las prioridades legislativas del oficialismo. Las iniciativas ingresaron por la Cámara Alta, donde el oficialismo tiene mayor margen de negociación, y se inscriben en una estrategia definida por la mesa política del Poder Ejecutivo. La cocina política de las reformas Fuentes legislativas confirmaron que la decisión se tomó tras una reunión en Casa Rosada en la que participaron, entre otros, Karina Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. La elección del Senado como cámara de origen responde a la intención de facilitar el tratamiento inicial y, luego, gestionar eventuales cambios cuando los proyectos pasen a Diputados. La presentación de estas reformas se enmarca en un intento del Gobierno por retomar la iniciativa parlamentaria en paralelo con otras prioridades. Entre ellas se destacan la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto denominado Hojarasca, que propone la eliminación de unas 70 normas consideradas obsoletas. Según fuentes oficiales, la intención es avanzar con Hojarasca en comisión y llevarlo al recinto en el corto plazo, mientras que el debate sobre propiedad privada continúa sin fecha definida para dictamen. Los cambios propuestos en la Ley de Salud Mental Uno de los proyectos enviados al Senado modifica la Ley Nacional de Salud Mental sancionada en 2010, con cambios en definiciones, criterios de intervención y organización del sistema de atención. Entre los puntos centrales, se plantea reemplazar el término padecimiento mental por trastornos mentales o del comportamiento, en línea con la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de dotar de mayor precisión diagnóstica a la práctica clínica. El texto también modifica los criterios para las internaciones involuntarias: sustituye el concepto de riesgo cierto e inminente por el de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, e incorpora un enfoque que contempla antecedentes y contexto del paciente. En situaciones de urgencia, se habilita que un médico psiquiatra disponga la internación, que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Asimismo, se mantiene el principio de que las internaciones deben ser un recurso excepcional, aunque se propone agilizar su aplicación en casos críticos. El proyecto también redefine el rol del sistema de salud, incorporando la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la inclusión comunitaria como parte del objeto de la ley. Red de atención y rol de hospitales especializados En cuanto al modelo de atención, la iniciativa plantea los siguientes cambios: Fortalecer una red organizada por niveles de complejidad Habilitar la participación de hospitales especializados en psiquiatría y establecimientos privados dentro del sistema Establecer que rechazar pacientes por motivos de salud mental será considerado un acto discriminatorio Además, el proyecto introduce cambios en el Código Civil y Comercial para adecuar los criterios de internación y consentimiento informado. También modifica la Ley 26.827 para establecer que las inspecciones en establecimientos de salud mental deberán contar con equipos interdisciplinarios que incluyan médicos psiquiatras. Discapacidad, pensiones y Certificado Único En paralelo, el Gobierno impulsa una reforma vinculada a la normativa sobre discapacidad, con foco en el régimen de pensiones no contributivas y en las condiciones de acceso al Certificado Único de Discapacidad (CUD). La iniciativa se da en un contexto marcado por el debate legislativo previo sobre la Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por el Congreso con mayorías especiales. En este escenario, el oficialismo busca introducir modificaciones al sistema vigente. Según trascendió, el proyecto apunta a redefinir aspectos del esquema de pensiones por invalidez y a flexibilizar determinados criterios de acceso al CUD. Aunque el texto aún no había sido formalmente presentado al momento de su anuncio, se prevé que su tratamiento se inicie en la Cámara de Diputados. La agenda legislativa que viene La estrategia oficial contempla que ambas reformas salud mental y discapacidad avancen de manera paralela en el Congreso, como parte de una agenda más amplia que el Gobierno intenta impulsar en el inicio del período parlamentario. En este marco, el oficialismo también prevé una sesión en Diputados que funcionará como antesala del informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Allí se pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para reunir apoyos y avanzar con sus iniciativas, en un escenario legislativo que continúa atravesado por la negociación permanente.
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