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» TN
Fecha: 18/04/2026 10:52
En marzo de 2022, lo que comenzó como una oportunidad de inversión inmejorable para un grupo de vecinos y amigos del barrio San Isidro Chico, en la zona norte del Gran Buenos Aires, se transformó en una causa por estafa inmobiliaria en Costa Rica que ya tiene trámite judicial en la Argentina. Bajo la promesa de departamentos de lujo frente al mar en Playa Tamarindo, una de las zonas más codiciadas de Guanacaste, Costa Rica, al menos 13 personas entregaron los ahorros de su vida y hoy, cuatro años después, la realidad es desoladora: el complejo no tiene un solo ladrillo, el terreno es selva virgen y los desarrolladores argentinos no dan respuestas. Leé también: Una pareja fue a un hotel de lujo a festejar su aniversario, pagaron con tarjetas clonadas y terminaron presos La denuncia judicial apunta contra los desarrolladores argentinos Rodrigo R., Lisandro A. y Juan Pablo I. El proyecto, denominado Air Homes, no se vendía en oficinas impersonales, sino en reuniones de confianza entre conocidos que compartían círculos sociales. Allí, según el relato de una de las víctimas, los desarrolladores presentaban una batería de herramientas de marketing de última generación. A través de la empresa Ara Homes SRL, distribuían folletería y renders profesionales con un alto nivel de realismo. Pero el presunto engaño fue un paso más allá de la publicidad convencional: los investigadores detectaron que los desarrolladores subieron estas imágenes digitales a Google Maps, geolocalizando los edificios como si ya existieran. La magnitud del perjuicio económico es todavía materia de peritaje, pero las cifras que figuran en el expediente judicial son contundentes. Se estima que el monto total acumulado en los contratos de promesa de compraventa asciende a USD 8.940.000. Este número, según la denuncia de una de las víctimas, fue inflado deliberadamente para engañar al Banco de Costa Rica (BCR) y obtener mayores líneas de crédito, una maniobra que también es investigada como posible fraude bancario en el país centroamericano. Hasta la fecha, las denuncias formalizadas por los inversores argentinos superan los USD 2.400.000. Sin embargo, el daño no se limitó a la falta de construcción. Sin autorización de los inversores, los desarrolladores habrían endeudado a la sociedad dueña de la tierra mediante una hipoteca que hoy alcanza los USD 485.000. Esta deuda, generada a espaldas de los socios, pone al único activo el terreno al borde del remate judicial, lo que dejaría a las víctimas sin ninguna posibilidad de recuperar su capital. Los inversores llegaron a los desarrolladores por amigos en común, viven en el barrio San Isidro Chico, zona norte del Gran Buenos Aires, reveló a TN una de las víctimas, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias. Según su testimonio, las alarmas se encendieron entre fines de 2023 y principios de 2024. Los inversores, que ya habían desembolsado sumas millonarias, empezaron a exigir informes de avance de obra. La respuesta inicial fue una secuencia de evasivas clásicas: demoras administrativas, problemas con proveedores locales y supuestos retrasos en los permisos municipales en Costa Rica. Con el paso de los meses, la situación pasó de la desprolijidad para convertirse en un presunto delito. Los desarrolladores dejaron de atender los teléfonos y se negaron sistemáticamente a entregar las acciones de la sociedad, un requisito legal pactado en el acuerdo original de 2022. Los desarrolladores afirmaban que las ventas venían muy bien, pero nunca entregaban información sobre los departamentos vendidos ni sobre cuánto de esos ingresos se destinaba a la obra. Mientras tanto, ganaban tiempo y destinaban salidas de dinero a sus sociedades personales y cuentas bancarias, dejando a la sociedad sin fondos, explicó uno de los inversionistas. Según consta en una causa penal tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°49, el pasado viernes 10 de abril se ordenó el allanamiento de las oficinas de Sanoara en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el operativo, efectivos policiales secuestraron computadoras, discos rígidos y una vasta documentación, vinculada con los proyectos inmobiliarios a nombre de Air Tesoro S.A. y Air Homes Dos S.A. El impacto del allanamiento fue inmediato: pocas horas después, la web oficial del proyecto fue dada de baja y los perfiles en redes sociales de los tres desarrolladores principales fueron eliminados o puestos en modo privado. La sociedad quedó en la peor situación posible: un terreno baldío sin un solo ladrillo colocado, con deudas vencidas que podrían derivar en el remate del único activo, sostuvo una de las damnificadas. Los abogados de las víctimas creen que este es solo el comienzo. Se sospecha que existen más damnificados que aún no se han animado a denunciar por temor o vergüenza. Mientras tanto, en Costa Rica, la selva sigue ganando terreno sobre lo que prometía ser un paraíso de hormigón y cristal.
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