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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 18/04/2026 09:54
La Procuración del Tesoro presentó un Recurso Extraordinario ante la Cámara de Apelaciones para suspender los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, horas antes de que venciera el plazo para transferir las partidas salariales y de becas, mientras docentes y estudiantes del Carlos Pellegrini se movilizaron al Obelisco. El recurso, firmado por el procurador Sebastián Amerio, solicita la suspensión de los artículos que establecen la actualización de salarios docentes y no docentes y el aumento de becas estudiantiles. El argumento oficial repite el que esgrimió el presidente Javier Milei cuando suspendió la ley luego de que el Congreso rechazara su veto: el proyecto no indica las fuentes de financiamiento. La presentación cuestiona la medida cautelar de la Cámara que ordenó la aplicación de la norma y declaró inaplicable el decreto presidencial que la suspendía. El recurso no tiene carácter suspensivo, por lo que el Gobierno está obligado a enviar los fondos a las universidades. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional evalúan solicitar una multa personal a los funcionarios responsables por cada día de incumplimiento. En las calles, alumnos y familias de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini realizaron un abrazo simbólico al establecimiento y luego se sumaron a la Marcha de las Antorchas convocada por Ademys desde Corrientes y Callao hacia el Obelisco. «Nuestros docentes no pueden más con la vida que llevan teniendo que recurrir al pluriempleo. Hoy una docente se nos fue quince minutos antes porque tenía que dar clases en otro colegio», relató Juana Contreras, estudiante de 16 años. «De mi colegio se fueron casi treinta docentes en menos de dos meses, cuando el año pasado fueron diecisiete. Es una vergüenza», agregó. La secretaria general de AGD UBA, Laura Carboni, advirtió que «el problema de suspender la Ley de Financiamiento es que congela el presupuesto, lo que provoca que la universidad esté en un nivel de asfixia que nunca antes se había visto». Sobre las becas estudiantiles, señaló que «en este momento están en treinta y cinco mil pesos, ningún pibe con esa plata puede hacer absolutamente nada». La secretaria general de Ademys, Soledad Mosquera, denunció que los docentes «nos vemos obligados a trabajar tres turnos, a hacer changas por fuera» y recordó el asesinato del docente Cristian Pereyra mientras trabajaba como conductor de una aplicación de viajes para poder afrontar sus gastos básicos. Mosquera reveló que el gobierno porteño ofreció apenas un 4 por ciento de aumento a impactar en mayo, «el equivalente a menos de 35 mil pesos cuando venimos de dos meses sin actualización y la inflación del último mes superó el tres por ciento». El gobierno de Milei, que pregona el respeto por las instituciones, recurre una vez más a maniobras judiciales para eludir el cumplimiento de una ley sancionada por el Congreso. Mientras los funcionarios se enredan en recursos y apelaciones, los docentes pierden poder adquisitivo, los edificios educativos se deterioran y los estudiantes ven esfumarse sus posibilidades de permanecer en la universidad. La misma administración que libera fondos para sostener los privilegios de sus funcionarios cuestionados niega los recursos que la ley destina a la educación pública. El mensaje es claro: para este gobierno, las universidades nacionales son un gasto que se puede recortar, no una inversión en el futuro del país.
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