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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 17/04/2026 17:00
El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas de prueba para analizar contratos estatales y determinar si existieron irregularidades que pudieran haber beneficiado a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, apunta a revisar licitaciones y concesiones, entre ellas la del predio de Tecnópolis y servicios de mensajería masiva. Foco en Tecnópolis y servicios de comunicación Entre las disposiciones, el magistrado solicitó el envío a Comodoro Py de toda la documentación vinculada a la concesión de Tecnópolis, con el objetivo de esclarecer las condiciones en las que se firmaron los acuerdos. En paralelo, requirió expedientes administrativos relacionados con servicios de comunicación y mensajería masiva, como SMS, correos electrónicos y llamadas. La denuncia de Pagano y el monto bajo la lupa La causa se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano, que plantea posibles irregularidades en una contratación de 2025 por más de $3.600 millones para servicios de SMS, correos electrónicos y llamadas. Según la presentación, las empresas participantes tendrían vínculos entre sí, lo que podría indicar una simulación de competencia en la licitación, extremo que ahora busca ser corroborado por la Justicia. Entramado societario y rol de la consultora +Be En paralelo, la Justicia analiza un presunto entramado societario entre firmas tecnológicas y contratistas del Estado, así como posibles sobreprecios en los servicios adjudicados. También se investiga la relación comercial de la consultora +Be, propiedad de Angeletti, con empresas que mantienen contratos con organismos públicos, para determinar si hubo beneficios indebidos. Pedidos a la IGJ y etapa de la investigación Como parte de las medidas, Lijo solicitó información a la Inspección General de Justicia (IGJ) sobre diversas compañías involucradas y pidió identificar a los beneficiarios finales de las contrataciones. Además, requirió datos sobre proveedores recurrentes del Estado para reconstruir el circuito de adjudicaciones y eventuales patrones de contratación. La investigación se encuentra en etapa preliminar y, hasta el momento, no hay imputaciones formales. El objetivo es determinar si existieron delitos como fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública o asociación ilícita en los procesos analizados.
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