17/04/2026 20:15
17/04/2026 20:15
17/04/2026 20:15
17/04/2026 20:15
17/04/2026 20:13
17/04/2026 20:11
17/04/2026 20:09
17/04/2026 20:09
17/04/2026 20:09
17/04/2026 20:09
Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 17/04/2026 17:00
El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar la aplicación de artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, que el Ejecutivo considera de imposible cumplimiento por falta de recursos. La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, y apunta a suspender los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, además de mecanismos de actualización automática y convocatoria a paritarias. El planteo llega luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara una medida cautelar innovativa que ordenó aplicar la ley y dejó sin efecto el artículo 1 del Decreto 759/2025, con el que el Gobierno intentó congelar la norma hasta que el Congreso definiera una fuente de financiamiento. En la Casa Rosada admiten que el fallo coloca al Ejecutivo ante un dilema inmediato: cumplir con transferencias que comprometerían el equilibrio fiscal o escalar el conflicto hasta la Corte Suprema para frenar los efectos de la medida. El argumento oficial: sin financiamiento y con invasión de atribuciones En su recurso, el Poder Ejecutivo insistió con una postura que sostiene desde la sanción de la norma: la Ley 27.795 obliga al Estado a realizar gastos sin especificar de dónde saldrán los fondos y, según el planteo oficial, viola reglas básicas de administración presupuestaria. En Balcarce 50 remarcan que la intervención de la Corte Suprema es necesaria porque el caso presenta una cuestión federal y porque la medida cautelar, según el Ejecutivo, resulta equiparable a una sentencia definitiva. En ese sentido, advirtieron que el fallo provoca un grave e irreparable perjuicio al Estado, ya que ordena la ejecución de gastos sin partidas específicas, lo que podría comprometer el superávit fiscal que el oficialismo defiende como principal pilar del programa económico. El Ejecutivo sostiene que la Justicia excedió sus facultades al ordenar la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6, ya que, según el planteo oficial, la asignación y ejecución de recursos públicos es atribución del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, y no del Judicial. En ningún momento se previó dónde obtener esas partidas, afirmaron desde el Gobierno. En esa misma línea, señalan que durante el tratamiento del Presupuesto 2026, quienes impulsaron la ley podrían haber determinado las partidas necesarias para su cumplimiento y no lo hicieron. La ley que Milei vetó y el Congreso ratificó El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario se arrastra desde 2025, cuando el Congreso aprobó una norma que establece recomposición salarial para docentes y no docentes universitarios, además de partidas para becas y funcionamiento de las universidades nacionales. La ley obtuvo media sanción en Diputados el 6 de agosto de 2025, fue aprobada en el Senado el 21 de agosto y luego el presidente Javier Milei la vetó de manera total mediante el Decreto 647/2025, firmado el 10 de septiembre. Sin embargo, el Congreso insistió con el texto original mediante el mecanismo previsto por el artículo 83 de la Constitución Nacional. La Cámara de Diputados ratificó la ley el 17 de septiembre y el Senado hizo lo propio el 2 de octubre, con lo que la norma quedó definitivamente sancionada pese al veto presidencial. Ese fue el punto de quiebre: el Ejecutivo quedó formalmente obligado a cumplirla, pero buscó bloquear su implementación con una maniobra administrativa. El decreto que congeló la norma y la reacción judicial La Casa Rosada justificó esa decisión en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que exige previsión presupuestaria para normas que generan gastos. Luego de que el Congreso ratificara la ley, el Gobierno promulgó la norma, pero la acompañó con un decreto reglamentario que, en la práctica, suspendió su aplicación. El Decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre de 2025, dispuso que la ejecución de la ley quedaría congelada hasta tanto el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas presupuestarias correspondientes. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales presentaron una acción de amparo para pedir la inconstitucionalidad del decreto y exigir el cumplimiento de la ley. El 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dictó una medida cautelar innovativa y ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la ley, al declarar inaplicable el decreto del Ejecutivo en ese punto. El Estado apeló, pero el 31 de marzo de 2026 la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala III, confirmó el fallo y sostuvo que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución cerró el proceso de sanción y que el Ejecutivo no puede bloquear la aplicación de la norma. El impacto económico: el Gobierno admite que no tiene los fondos Fuentes oficiales sostienen que, si la Corte Suprema no concede efecto suspensivo, el Gobierno podría quedar obligado a comenzar con transferencias en los próximos días, con cifras que estiman en torno a los $2,5 billones. La discusión se vuelve más sensible porque el Gobierno sostiene que no cuenta con fondos disponibles para cumplir el fallo sin afectar el equilibrio fiscal. En ese marco, funcionarios deslizan que una transferencia de ese volumen podría obligar al Ejecutivo a romper el objetivo de superávit y volver a un escenario de déficit fiscal, un punto que Milei busca evitar a toda costa. Además, dentro del Gobierno se señala que la obligación recaería en la Jefatura de Gabinete, área responsable de reasignar partidas presupuestarias. Esa situación se vuelve políticamente explosiva porque el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa una etapa de desgaste por investigaciones judiciales en curso y cuestionamientos públicos dentro del propio oficialismo. En el Ejecutivo sostienen que la Corte Suprema podría no tratar el tema en lo inmediato por tratarse de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva. Crisis salarial y reclamos en expansión En paralelo, la situación comenzó a ganar visibilidad internacional. Medios como El País y la agencia Reuters siguieron el conflicto universitario argentino y alertaron sobre el impacto del ajuste en la educación superior. La disputa judicial se desarrolla en un contexto de creciente tensión social y académica. Según datos del CIN, los salarios docentes y no docentes acumularon una pérdida superior al 32% frente a la inflación desde la asunción de Milei, mientras que las transferencias a universidades nacionales sufrieron una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. El mismo informe sostiene que más del 60% del personal docente universitario cobra menos de $500.000 mensuales y que el deterioro salarial ya provocó renuncias, migración hacia el sector privado y un aumento del pluriempleo. Mientras tanto, sindicatos y autoridades universitarias reclaman recomposiciones salariales de entre 45% y 50% para recuperar parte del poder adquisitivo perdido desde fines de 2023. Protestas, clases públicas y paro a la japonesa El conflicto también escaló en la calle. En las últimas semanas, gremios docentes y organizaciones universitarias impulsaron protestas, paros parciales y clases públicas. La Facultad de Odontología de la UBA anunció una jornada de paro a la japonesa, una modalidad de protesta en la que se mantiene la actividad pero se visibiliza el reclamo. En este caso, organizaron atenciones gratuitas durante 24 horas en Plaza Houssay. Además, docentes nucleados en la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) confirmaron que este viernes realizarán clases públicas frente a la Casa Rosada y una feria de ciencias en Plaza de Mayo junto a trabajadores del Conicet, con eje en la defensa de la ciencia y la universidad pública. Los sindicatos consideran que el Gobierno se encuentra en situación de ilegalidad desde octubre del año pasado por incumplir una norma ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia. El costo fiscal y la advertencia de consultoras Un informe de PwC estimó que la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario podría representar un costo fiscal de alrededor del 0,23% del PBI, un número similar al calculado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. En el mismo documento, PwC alertó que otras iniciativas legislativas también podrían tensionar la meta de superávit primario del Gobierno. Entre ellas, la reforma laboral y la Ley de Emergencia en Discapacidad, que podrían llevar el impacto fiscal total acumulado hasta cerca del 0,75% del PBI. Desde el oficialismo sostienen que el ajuste se sostiene con la baja de subsidios energéticos, recorte del gasto público y posibles ingresos extraordinarios por privatizaciones, aunque reconocen que la presión política por el cumplimiento de normas ya aprobadas se incrementó en los últimos meses. Un expediente en etapa decisiva Más allá del recurso extraordinario presentado por el Gobierno, el caso también avanza hacia una definición de fondo en primera instancia, a cargo del juez Martín Cormick. En esa etapa, la discusión ya no girará sobre la procedencia de una cautelar, sino sobre el alcance definitivo de la obligación estatal de cumplir la ley y sobre un eventual pago retroactivo. En el Gobierno sostienen que una sentencia definitiva podría consolidar un precedente delicado para el esquema fiscal, al habilitar que otros sectores judicialicen leyes que obliguen a gastos sin presupuesto específico. Mientras tanto, la Casa Rosada intenta ganar tiempo en la Corte Suprema y evalúa una salida política: avanzar en el Congreso con una modificación de la ley para reducir su impacto fiscal. Por ahora, el conflicto se mueve en tres planos: el judicial, con la Corte Suprema como próximo árbitro; el político, con un Congreso que ratificó la ley pese al veto; y el social, con universidades y gremios que profundizan medidas de fuerza ante la caída del financiamiento y la pérdida salarial.
Ver noticia original.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por