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Gualeguaychu » Nova Comunicaciones
Fecha: 17/04/2026 11:01
El Decreto 253/2026 autoriza a nueve jurisdicciones a concesionar tramos de rutas nacionales con delegación temporal y bajo control federal. El Gobierno nacional autorizó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales en sus territorios mediante un esquema de obra pública por peaje, según lo dispuesto por el Decreto 253/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida mantiene al Estado como titular del dominio y reafirma la jurisdicción federal sobre esos corredores viales. Qué establece la norma del Gobierno. El decreto lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. La norma señala expresamente que se permite a las provincias concesionar tramos de rutas nacionales bajo supervisión nacional con un régimen de delegación pensado para transferir la gestión operativa, sin ceder la titularidad. Entre las jurisdicciones alcanzadas están Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. El decreto aclara que la delegación tendrá carácter funcional, limitado, temporal y revocable y subraya que no implica la cesión del dominio público ni la pérdida de la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados. Según los considerandos, varias provincias pidieron al Poder Ejecutivo herramientas para hacerse cargo de rutas que atraviesan sus distritos, con la idea de asumir la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de esos tramos. La decisión se enmarca, dicen, en el fortalecimiento del régimen federal y en la búsqueda de mayor gestión local. Plazos, control y límites de las rutas nacionales. Para concretar la delegación, las provincias deberán firmar convenios con la Dirección Nacional de Vialidad que individualicen tramos, plazo, el régimen de supervisión y auditoría, y la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a reclamos derivados de la concesión. Esos acuerdos exigirán la aprobación de la Secretaría de Transporte y no excederán los 30 años. El decreto prohíbe que los fondos de peajes se destinen a la construcción o conservación de otros tramos u obras distintas a la concesión. También impide que los tramos delegados se liciten en forma conjunta con rutas de otras jurisdicciones. Si la provincia no llama a licitación dentro de un año, la delegación caduca y el Estado recupera el control. La norma además deja abierta la puerta para que otras provincias pidan su incorporación ante el Ministerio del Interior y establece que, si un contrato de concesión se extingue por cualquier causa, el Estado nacional retomará la gestión del tramo. El plan busca acelerar inversiones y que las provincias puedan concesionar tramos de rutas nacionales con mayor autonomía.
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