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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 17/04/2026 10:19
El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 264/2026 para habilitar ejercicios militares con Estados Unidos sin la autorización previa del Congreso, violando el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional que otorga al Poder Legislativo la atribución exclusiva de permitir el ingreso de tropas extranjeras. La medida autoriza las maniobras denominadas «Daga Atlántica» y «PASSEX» con un costo superior a los 895 millones de pesos 428.750.000 para el primer ejercicio y 466.729.990 para el segundo en un contexto donde el mismo gobierno pregona el ajuste y paralizó la obra pública en todo el país. El decreto lleva las firmas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de los ministros Diego Santilli, Pablo Quirno, Carlos Alberto Presti, Juan Bautista Mahiques, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones y Sandra Pettovello. El gobierno justificó el uso del DNU alegando necesidad y urgencia ante la falta de tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Sin embargo, los propios anexos del decreto revelan que las maniobras se vienen gestando mediante notas diplomáticas desde septiembre de 2024 y cuentan con un Memorándum de Entendimiento firmado en marzo de 2025. Con casi dos años de planificación previa, el argumento de la urgencia se desmorona y expone la verdadera intención del Ejecutivo: eludir el debate parlamentario sobre la política de defensa nacional. El despliegue militar autorizado es de una magnitud inédita. El ejercicio «Daga Atlántica» prevé la llegada de 50 efectivos de operaciones especiales de Estados Unidos que operarán en la Base Naval Puerto Belgrano, la VII Brigada Aérea de Moreno y la Guarnición Militar Córdoba. Incluye aeronaves de transporte pesado C-17 Globemaster III y C-130 Hercules, drones, dispositivos de visión nocturna y armamento táctico de última generación. El ejercicio «PASSEX» contempla el tránsito por la Zona Económica Exclusiva argentina del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, con posibilidad de escalas en puertos nacionales. Una decisión inconstitucional que entrega soberanía La maniobra del Ejecutivo no es un hecho aislado sino la continuidad de una política de alineamiento incondicional con Washington que elude sistemáticamente los controles institucionales. El artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional es categórico: corresponde al Congreso autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional. El uso del DNU para legislar sobre una competencia exclusiva del Poder Legislativo constituye una violación flagrante de la división de poderes. Mientras el gobierno desfinancia la educación pública, desmantela el INTI, elimina el Programa Remediar y paraliza la obra pública en las provincias, destina casi 900 millones de pesos a ejercicios militares con una potencia extranjera sin que los representantes del pueblo puedan emitir una sola palabra. La misma administración que le niega a Entre Ríos los fondos para mantener sus rutas nacionales y que obliga a la provincia a buscar financiamiento privado para obras de infraestructura, hoy habilita por decreto el desembarco de tropas, aeronaves y buques de guerra estadounidenses en territorio argentino. La decisión marca un salto cualitativo en la subordinación militar hacia los intereses estratégicos de Estados Unidos y expone la hipocresía de un gobierno que se llena la boca hablando de soberanía mientras entrega por decreto lo que la Constitución reserva al debate democrático.
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