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» Clarin
Fecha: 17/04/2026 00:56
En el juzgado federal de Río Gallegos avanzan en paralelo, con extremo sigilo pero con la misma premura dos investigaciones por una misma millonaria evasión fiscal que tiene como imputados a los dos hijos varones de Lázaro Báez, el empresario emblema de la corrupción K en la obra pública. Hasta el extremo sur fueron los emisarios de ARCA, el ente recaudador e impositivo que reemplazó a la AFIP, para formalizar sendas denuncias contra Martín y Leandro Báez, quienes de no tener domicilio en Santa Cruz enfrentarían causas en tribunales porteños del fuero Penal Económico. Es que a los dos herederos de quien montara un fugaz emporio con su empresa insignia Austral Construcciones les llegó el tiempo de pagar las consecuencias de amasar una fortuna literalmente incalculable en las sombras del poder kirchnerista. El fisco les reclama a los hermanos Báez más de 500 millones de pesos por deudas impositivas y los acusa, en un expediente para cada uno, de evasión simple y agravada, incluso en los estándares de las nuevas cotas que fijó la ley de Inocencia Fiscal. En detalle, a Leandro Báez -condenado a 5 años de prisión por lavado de dinero en la Ruta del Dinero K-, la DGI que a nivel nacional está a cargo de Mariano Mengochea lo denuncia por evadir el pago de al menos 252 millones de pesos de Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, con sus respectivas penalidades e intereses. A Martín Báez, el mayor de los hermanos y con restricciones domiciliarias en Río Gallegos por su condena a 9 años de cárcel por la causa que se iniciara con una investigación del programa de Jorge Lanata, le endilgan una deuda apenas mayor por los mismos tributos: 256 millones de pesos. La deuda es de carácter penal y es apenas una fotografía de lo que puede venirse sobre los hermanos Báez. Es que el reclamo es puntual sólo por la evasión detectada solo por el año 2019. Y lo es así porque los delitos tributarios imputados estaban en riesgo de entrar en período de prescripción. Es que en un escrutinio sobre maniobras sospechosas de la familia Báez, el organismo recaudador detectó dos cuestiones que aceleraron la presentación judicial sobre los Báez. Por un lado, que los hermanos Báez nunca declararon ante el fisco dos cuentas bancarias -con numeración 590201 y 590207- en el CBH Bahamas Limited, una entidad bancaria con sede en Nassau, la capital bahameña, que es subsidiaria del banco suizo CBH Compagnie Bancaire Helvétique. Allí habían depositados poco menos de 2,3 millones de francos suizos en 2019 y poco más en 2020. Es el equivalente a 2,6 millones de dólares. Las cuentas fueron abiertas en 2015, eran manejadas tanto por Martín como por Leandro Báez y tenían de pantalla una empresa offshore: Eastern Shoreline Limited, un ducto por donde Lázaro Báez movió más de 10 millones de dólares desde el país a Suiza y el Caribe, en tiempos en que se hacían famosos los videos de La Rosadita donde Martín Báez, entre otros, contaba billetes. La existencia de esas cuentas en Bahamas fue aportada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la causa de La Ruta del Dinero K. Sirvieron como prueba para condenar a los Báez por lavado de dinero. Y sobre esos fondos existió un pedido de decomiso, como parte de los 60 millones de dólares que el Estado le reclama al empresario kirchnerista, por su raid delictivo. Pero ARCA descubrió que en 2019, bajo la gestión macrista de Leandro Cuccioli en la entonces AFIP, se omitió el reclamo tributario. Entonces, a contrarreloj por la posibilidad real de una prescripción, el organismo reconstruyó la documentación necesaria mediante los mecanismos del Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA, por sus siglas en inglés), un sistema de intercambio de información financiera que impulsó la OCDE. Y formalizó la denuncia el pasado 16 de marzo en los tribunales de Santa Cruz donde los Báez tienen domicilios fiscales y curatela, en el caso de Martín, que está en calidad de preso. Los Báez y los impuestos: de la inacción macrista al campo minado de la militancia K La inacción o imposibilidad de gestiones previas no fue el único escollo para la actual ARCA. Sabido es que en tiempos de AFIP, el organigrama del ente impositivo fue minado de militancia kirchnerista en posiciones estratégicas. Los Báez se vieron beneficiados por ello, como en el caso de facturas truchas que naufragó en las disputas de la agencia de Bahía Blanca o en casos cuya instrucción fue tan lenta que gracias al desfasaje inflacionario terminaron con beneficios de la actual ley de Inocencia Fiscal. La colonización de cuadros otrora técnicos tuvo su mayor ejemplo con Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner y exsenadora, que en la AFIP tuvo una carrera meteórica que la llevó de la jefatura de la estratégica Dirección Regional de Río Gallegos a ser directora nacional de Recursos de la Seguridad Social en AFIP. García, con estudios en periodismo, aún es planta permanente del organismo, aunque cumple funciones en comisión en el Congreso. En el camino a la denuncia contra los hijos de Báez se dieron circunstancias peculiares. Hubo cuadros medios y no tan medios del organismo que pidieron que las órdenes para fiscalizar al entorno del empresario kirchnerista preso fueran exigidas por escrito. No es casual que haya habido cambios agitados en ARCA, particularmente en la DGI. En septiembre pasado se dieron "por finalizadas las funciones" de Mauricio Britapaja y María Victoria Chaves "en los cargos de Jefaturas Interinas de la Oficina Jurídica de la Agencia Sede Comodoro Rivadavia y de la Sección Recaudación de la Agencia Río Gallegos, respectivamente", según se publicó en el Boletín Oficial. Ya en julio había sido desplazada la abogada Gloria Regina Inojosa -apuntada como cercana a Virginia García- de la Jefatura Interina de la Agencia Río Gallegos, dependiente de la poderosa Dirección Regional Comodoro Rivadavia A todo ello se le sumó las dilaciones esperables de los investigados. "El contribuyente adoptó una actitud de resistencia frente al accionar del ente recaudador, quien ejerciendo legítimamente sus facultades de verificación intentó a través de la inspección conocer con mayor grado de certeza su situación tributaria", expusieron los abogados de ARCA en el expediente abierto contra Leandro Báez en el juzgado federal de Río Gallegos. "En primer término, decidió no responder el requerimiento cursado. Luego de la reiteración del mismo, manifestó expresamente desconocer las cuentas informadas por (la Dirección de) Fiscalidad Internacional", apuntan en las denuncias a las que accedió Clarín. Y precisan: "Estos depósitos han permitido que el responsable genere rentas y obtenga un incremento patrimonial injustificado del que no se tuvo conocimiento durante un prolongado período de tiempo". De allí se presume que los 500 millones de pesos enmarcados en una presunta evasión fiscal agravada por el período 2019 pueda derivar, ya en el curso de la investigación judicial, en similares reclamos para los años siguientes hasta la actualidad o, al menos, hasta el día en que los fondos no declarados hayan sido efectivamente decomisados de las cuentas en Bahamas. Para ARCA, los hermanos Báez incumplieron "durante sucesivos períodos fiscales (...) sus obligaciones tributarias de manera sostenida, lo que resultaría un indicio de su intención de ocultar al Fisco su verdadera capacidad contributiva, siendo que para el momento de detectarlo el Organismo no advierta fácilmente cuál es su verdadero patrimonio, y de esa manera evadir la obligación tributaria correspondiente al Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales". DS Newsletter Clarín
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