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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 16/04/2026 16:08
La denominada Causa Contratos II, que involucra a las máximas figuras de la política entrerriana de las últimas dos décadas, comenzó a caminar. Tal como adelantó el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Entre Ríos abrió formalmente el 23 de noviembre de 2025 la segunda etapa de la pesquisa por las contrataciones irregulares en el ámbito legislativo. Esta semana, los cinco exfuncionarios bajo la lupa judicial fueron instados a designar representantes legales. Marcos Rodríguez Allende asumió la defensa de los exvicegobernadores Adán Bahl y José Cáceres. Por su parte, el expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, continuará bajo el patrocinio de Miguel Cullen. En tanto, el exvicegobernador José Lauritto y el expresidente de la Cámara Baja, José Allende, eligieron a Leopoldo Lambruschini. La causa, que abarca el período 2008-2018, se divide en dos grandes bloques: Contratos I, que se encuentra en plena remisión a juicio con fecha de reinicio prevista para el 26 de mayo a las 9, y la incipiente Contratos II. El conflicto de intereses En la primera parte de la investigación, el foco está puesto en los empleados legislativos e intermediarios que, según la Fiscalía, desviaban fondos públicos mediante contratos de obra falsos. De los 32 imputados originales, hoy quedan 18: 12 accedieron a la probation, el contador Gustavo Falco fue sobreseído y Esteban Scialocomo optó por un juicio abreviado. Un punto de tensión surge en las calificaciones legales. Mientras que los responsables de las Cámaras están acusados de Peculado Culposo (un delito con penas de multa y sin inhabilitación), los empleados enfrentan pedidos de prisión efectiva. Esta asimetría genera un potencial choque de estrategias: un empleado como Sergio Cardozo afronta un pedido de pena muy superior al que recibiría su jefe político por el mismo desfalco. Sobre este punto habría algunos cortocircuito entre los representantes legales de los imputados. Ya que hay algunos letrados que estarían analizando pedir que primero se dictamine que tipo de responsabilidad tiene los jefes políticos. Segunda etapa Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro buscan ahora determinar la responsabilidad política detrás de un perjuicio al Estado estimado en más de 53 millones de dólares. En el radar judicial también aparecen el exsenador Aldo Ballestena y Guillermo Guastavino, quienes aún no han designado defensores porque no fueron intimados. La trama, calificada como el mayor caso de corrupción en la historia provincial, comenzó casi por azar en la primavera de 2018. Un agente policial advirtió que una sola persona retiraba dinero de un cajero automático en Paraná utilizando múltiples tarjetas de débito. Ese fue el hilo que permitió desovillar una estructura de "prestanombres" y empresas fantasmas. El laberinto judicial Tras un largo parate por planteos de competencia que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa recuperó ritmo en 2024. Las audiencias revelaron una red compleja: funcionarios, estudios contables y reclutadores de firmas. La hipótesis fiscal sostiene que el dinero sustraído no solo financió la política, sino que terminó en inversiones inmobiliarias y agropecuarias privadas.
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