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Concordia » Diario el Sol
Fecha: 16/04/2026 14:50
La historia podría leerse como un caso más de conflictos rurales, pero la Fiscalía la describe como algo mucho más grave: una ingeniería delictiva destinada a despojar a una familia de un campo de 142 hectáreas que poseen desde 1949. En el centro de la escena aparecen una abogada, un comerciante y un peón rural, acusados de estafa procesal y usurpación mediante un juicio de usucapión armado con falsos poseedores. La víctima es Recia Sklarovsky, de 84 años, nacida y criada en esas tierras. Junto a sus hijos, Mario y Julio Kancepolsky, sostiene una batalla judicial que ya lleva años y que, pese a las pruebas acumuladas, aún no logra que el campo les sea restituido. El primer movimiento: candados cambiados y un intruso en el campo Todo comenzó en agosto de 2021. Los hijos de Recia viven en Mendoza, pero una cuidadora supervisa el predio. Una mañana, al llegar, encontró algo que encendió todas las alarmas: candados nuevos, carteles de Propiedad Privada y un hombre en el interior del campo. Ese hombre era Carlos Alberto Romero. Aseguró que un abogado de Paraná lo había enviado porque según dijo el campo no tenía dueños. La policía intervino y Romero se retiró. Parecía un episodio aislado, pero era apenas el primer capítulo. El segundo intento: animales ajenos y un vecino que quiso inscribir el campo En abril de 2022, otro hombre apareció en escena: Ubaldo Cáceres, vecino de un predio lindante. Abrió tranqueras, ingresó animales y hasta intentó anotar el campo a su nombre. La Justicia volvió a intervenir y Cáceres terminó reconociendo que no tenía derecho alguno sobre esas tierras. Mientras estos episodios se sucedían, algo más complejo se estaba gestando. El plan sofisticado: un juicio de usucapión armado con falsos poseedores En mayo de 2022, Romero el mismo que había irrumpido primero presentó una demanda de usucapión ante la jueza civil Sofía María Gracia Keller. Afirmó que vivía en el campo desde 1997. Pero los documentos que acompañó tenían errores groseros, nombres de personas que jamás trabajaron allí y datos imposibles de sostener. La Fiscalía sostiene que Romero no actuaba solo. Detrás de él estaban la abogada Agostina Tropini y el comerciante Germán Trevia. Entre julio y septiembre de 2022, ambos ingresaron al campo de manera clandestina: metieron vacas, repararon alambrados y colocaron a sus propios empleados como cuidadores. Para darle apariencia de legalidad a la maniobra, firmaron un contrato en el que Romero empleado de ellos les cedía sus supuestos derechos sobre el campo. Es decir, los patrones comprándole a su peón un derecho que sabían inexistente. La Fiscalía remarca que Tropini, por su formación jurídica, no podía desconocer que el campo tenía dueños legítimos: había denuncias policiales, registros sanitarios del SENASA a nombre de la familia Sklarovsky y hasta facturas de ATER que mencionaban causas por usurpación en trámite. La causa avanza, pero el campo sigue sin volver a sus dueños El fiscal Erik Zenklusen y los querellantes Miguel Cullen y Patricio Cozzi pidieron elevar el caso a juicio. Romero, defendido por Boris Cohen, enfrenta cargos por estafa procesal. Tropini y Trevia, representados por Héctor Toloy, están acusados de usurpación. Las penas solicitadas llegan hasta dos años y medio de prisión. Este jueves, Romero pedirá la probation. Su defensa insistirá en que es un hombre de campo, con escasa instrucción, que apenas sabe leer y escribir y que habría sido utilizado en la maniobra. Incluso la Fiscalía reconoce las dificultades para comunicarse con él, ya que vive aislado en el monte. Pese a todo, el campo aún no fue devuelto a la familia. Aunque los registros públicos, los impuestos y la documentación acreditan la titularidad de Recia Sklarovsky, el juez de Garantías Julián Vergara resolvió que la restitución debe esperar a la sentencia del juicio. La querella apeló, pero el vocal Juan Malvasio confirmó la decisión y pidió acelerar la elevación a debate. Más frentes abiertos Tropini y Trevia no enfrentan solo esta causa. Existen denuncias en otras instancias judiciales y administrativas, incluso en Vialidad, que amplían el mapa de conflictos en torno a su accionar. Una historia que expone cómo la ley puede ser usada para intentar legitimar un despojo El caso deja al descubierto un mecanismo que se repite en distintos puntos del país: personas humildes presentadas como falsos poseedores, documentos dudosos y profesionales que, según la acusación, utilizan el sistema judicial para intentar quedarse con tierras ajenas. Una trama donde la Justicia avanza, pero la víctima una mujer de 84 años aún espera recuperar lo que siempre fue suyo. .
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