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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 16/04/2026 12:33
Yo creo que primero hay que concluir con esta primera causa, que comenzó en el 2018 y estamos en el 2026, es decir que ya lleva un tiempo más que suficiente para elevar a juicio, opinó Rodríguez Signes sobre la causa Contratos Truchos. El fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, se refirió al estado de la causa Contratos Truchos y el posible inicio del juicio por la segunda parte de esa denuncia. También habló de las causas que la provincia presentó contra la Nación y otros trámites judiciales donde interviene Fiscalía. En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rodríguez Signes explicitó que en la causa hay cuestiones formales que ya están precluídas, que ya están decididas, que ya están en firme, como por ejemplo en la causa Contratos Beckman, la remisión a juicio. Es decir, está decidida la remisión a juicio de esa causa. Pero las mismas defensas, frente a nuestra demanda y a la acción del Ministerio Público Fiscal, han presentado algunas impugnaciones que han sido debatidas ante la jueza (Marina) Barbagelata, después ante la jueza (Carolina) Castagno y después ante la Casación. Se discutió la prescripción, se discutió la falta de legitimación de Fiscalía, se discutieron una serie de cuestiones, inclusive relativas a la traba de medidas cautelares. Todo eso lleva más de un año de discusión, pero ya fue resuelto todo esto, y ahora ya directamente, a partir del 26 de mayo, comienzan las audiencias de la causa Beckman, las audiencias no de juicio propiamente, sino las audiencias en el Juzgado de Garantía de la doctora Barbagelata. Para terminar esa etapa y ya ir a juicio directamente. Respecto de un posible pedido para que una segunda parte de la causa, denominada Contratos II, pueda llevarse a juicio antes, el fiscal indicó que si bien los hechos son los mismos, las atribuciones de responsabilidad son distintas. En el caso de Contratos II, todavía no hay una investigación que nos permita a nosotros presentarnos como actores civiles como estamos en la causa Contratos I, la causa Beckman, pero ahí lo que se discute es la posibilidad de que haya responsabilidades por omisión en el cumplimiento de la obligación de control por parte de las autoridades de las Cámaras en los periodos investigados. Pero son conductas distintas. Yo creo que primero hay que concluir con esta primera causa, que comenzó en el 2018 y estamos en el 2026, es decir que ya lleva un tiempo más que suficiente para elevar a juicio, opinó. En tal sentido, advirtió que no hay más margen para que se dilate la realización del juicio porque la jueza Barbagelata decidió las excepciones, después la jueza Castagno resolvió las apelaciones, después la Cámara de Casación resolvió las inaplicabilidades de las casaciones y fueron rechazadas, de manera que todo ese recorrido ya se hizo. Y en paralelo, lo que demoró mucho todo este tema fue la discusión sobre las medidas cautelares trabadas, que también están terminando, y por eso ahora la jueza Barbagelata retoma la conducción de ese proceso y establece las audiencias que comienzan el 26 de mayo. O sea que no hay margen ya para detener esa secuencia y yo creo que es tiempo de terminar estas audiencias y pasar a la etapa del juicio. Porque todo esto recién es la investigación del Ministerio Público Fiscal y la actuación de Fiscalía de Estado en cuanto a la demanda. Pero falta el juicio propiamente dicho, y después seguramente vendrán las apelaciones, es decir que no se puede seguir demorando más la causa Contratos I. En otro orden de temas, se refirió a la causa ATER y recordó: Nosotros estamos como actores civiles en la causa ATER, pero ahí se van resolviendo puntualmente las distintas responsabilidades. Son causas complejas. Agregó que el problema de todas estas causas, es que hay una multiplicidad de imputados, muchos, y entonces cada uno tiene su defensa, cada uno tiene su impugnación, y eso hace a la demora. Pero lo bueno de la causa ATER es que se ha ido recuperando yo no sé decir en este instante cuánto- pero hay muchas soluciones que se han ido logrando de abreviados, de probation, porque esa causa se rige por el viejo Código Procesal, y hay muchas situaciones en las que ya ha habido restitución del perjuicio a la provincia. En cuanto a las dilaciones de este tipo de causas, Rodríguez Signes planteó que el Código viejo tenía un cierto rigor en los plazos de imputación. Una vez que alguien estaba imputado, había 10 días para definir la situación procesal, ya sea procesado, sobreseimiento o falta de mérito, y después ir a juicio. Era un recorrido muy previsible. Ahora, esto de que sea acusatorio y de poner a las dos partes en un pie de igualdad, hace que este sea un costo, el de que se lleva adelante la investigación por un lado y se hacen impugnaciones por el otro y lleva su tiempo. No obstante, consideró que lo real es que se han llevado adelante responsablemente las investigaciones, las defensas hacen su planteo, y nosotros intervenimos cuando podemos como actores civiles para obtener el resarcimiento. Pero la multiplicidad de imputados, tanto en la causa ATER como en causa Beckman, donde son 31 imputados, hace que haya 31 defensas, y cada uno con su planteo, lo que complica los plazos. Causas por deudas de Nación Respecto del estado de las causas que provincia tiene con Nación por deudas, detalló que la primera que planteamos en abril de 2024 es la de ANSES y allí estamos muy avanzados. Si bien los plazos están suspendidos, pero la Nación prácticamente ha reconocido que tenemos razón, que están incumpliendo el pacto fiscal de 2017, nos están dando a cuenta un adelanto de lo que se nos debe, en concepto de financiamiento del déficit de la Caja, y se están haciendo las auditorías para que al final de las auditorías se pueda presentar el juicio ante la Corte, homologar eso y terminar ese proceso. Sería histórico, sería un trabajo excepcional del presidente de la Caja, Gastón Bagnat, y del equipo de la Caja, con nuestro acompañamiento, definió el fiscal. Sobre el otro planteo consignó que es por Salto Grande y es más complicado, con un volumen económico muy superior, estamos orillando los mil millones de dólares, pero también es histórico porque implica que también la Nación incumple los pactos fiscales del 98 en este caso, el acuerdo Menem-Busti, está calculando mal los excedentes y ese mal cálculo perjudica los intereses de la provincia. Especificó que ahí estamos con pedidos de audiencia de conciliación también, y con el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Energía, en diálogo administrativo con la Secretaría de Energía de la Nación para ver si se puede adelantar, porque los juicios son demasiado largos. AGMER contra los montos en negro Por otra parte, sobre el planteo judicial del gremio docente AGMER contra el pago de montos en negro, Rodríguez explicó que hay una acción de inconstitucionalidad, que es distinta al amparo, porque tiene plazos más largos, y todavía Fiscalía de Estado no ha sido notificada. Si hubiera sido un amparo, sí se nos corre traslado inmediatamente, a las horas de haberse presentado, y generalmente nos dan 3 o 4 días para contestar. Pero en la acción de inconstitucionalidad todavía no estamos notificados. Causa por contaminación ambiental en Ibicuy Sobre la causa por presunta contaminación ambiental por la extracción de arenas silíceas en Ibicuy, que lleva adelante el juez Federal Hernán Viri, comentó: Yo me presenté en esa causa porque considero que el juez Federal no tiene ninguna competencia para juzgar la buena o mala gestión de los funcionarios públicos de las provincias Entre Ríos. En todo caso, ahí la competencia es de los jueces provinciales. Ahí hay un amparo que se está ejecutando y que se hacen todos los controles. Yo me presenté en el Juzgado Federal, sostuve la incompetencia y el juez rechazó mi presentación porque dijo que no correspondía, y los imputados están ejerciendo su defensa. Son muchos funcionarios actuales y funcionarios de la gestión anterior, pero yo diría que ahí no hay responsabilidad penal porque la provincia ha hecho todo lo que correspondía hacer en materia de controles ambientales. En ese sentido, indicó que hubo varios amparos por esta cuestión; el primero fue cuando YPF comenzó a trabajar en el mangrullo, que es una cantera que hay ahí para extraer arena para Vaca Muerta, pero ahí puedo asegurar que no hay incumplimiento de los deberes de funcionario público y que el juez federal no es competente para hacerlo. Esta es mi posición, la planteé y él considera que tiene que seguir y habrá que esperar a ver qué ocurre con eso.
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