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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 15/04/2026 18:42
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, resolvió confirmar la resolución que dictó la falta de mérito para Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial, en el marco de la denuncia por presunta extorsión y falsificación de documentos públicos vinculada a una disputa por la herencia familiar. La denuncia, impulsada por la querellante Dolores Etchevehere, sostiene que entre los años 2009 y 2021 fue víctima de un plan criminal para despojarla de sus derechos hereditarios. Según la acusación, los imputados la habrían obligado a suscribir un acuerdo de partición de bienes en agosto de 2018 mediante intimidaciones, mensajes amenazantes y el abuso de la condición de Ministro de Agroindustria de la Nación que ostentaba uno de sus hermanos, Luis Miguel. La querellante apeló la decisión inicial argumentando que el juez de primera instancia interpretó erróneamente los hechos como una "negociación válida", omitiendo aplicar una perspectiva de género y desconociendo la violencia económica ejercida sobre ella. Dolores afirmó que los imputados retuvieron ilegítimamente parte de su patrimonio para forzarla a aceptar un porcentaje menor en la sucesión. Por su parte, la defensa de los imputados rechazó de plano las acusaciones, calificándolas de "inconsistentes y sin respaldo probatorio". Sostuvieron que el acuerdo de 2018 fue una transacción voluntaria con concesiones recíprocas y negaron la existencia de mensajes amenazantes o despojo de vivienda, señalando que la denunciante no residía en la ciudad desde hacía décadas. Al analizar el caso, los camaristas consideraron que, por el momento, existe una ausencia de elementos probatorios de entidad para procesar o sobreseer definitivamente a los involucrados. El fallo destaca que no se ha acreditado una intimidación idónea, ya que los mensajes presentados no tendrían carácter amenazante. Afirmaron que no hay pruebas suficientes sobre la supuesta falsificación de firmas, debido a la falta de documentos originales y pericias caligráficas. Y que el acuerdo cuestionado aparece, en esta instancia, como un contrato oneroso propio de una negociación patrimonial familiar. Pese a confirmar la falta de mérito, el tribunal subrayó que la investigación no ha concluido y que es necesario profundizar la pesquisa. Para ello, el juez de instrucción ordenó nuevas medidas, incluyendo el pedido de documentos originales al Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Paraná y la citación de las partes para realizar cuerpos de escritura que permitan realizar peritajes caligráficos.
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