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Fecha: 15/04/2026 09:19
El futuro de la empresa Algodonera Avellaneda atraviesa horas decisivas. En una jornada marcada por la urgencia, el Concejo Municipal de Reconquista resolvió aceptar, por amplia mayoría, la propuesta de pago presentada por la firma en concurso preventivo. Sin embargo, en paralelo, el rechazo del principal acreedor, el Banco de la Nación Argentina, expone las limitaciones de esa decisión y deja el proceso comprometido. Leé también: Contrarreloj, una agroindustria santafesina ensaya nuevas ofertas para evitar la quiebra La votación fue contundente: nueve concejales apoyaron la denominada Propuesta A, mientras que una sola edil se pronunció en contra. El acuerdo implica que el municipio acepte cobrar apenas el 9% de una deuda superior a los $24 millones en concepto de Derecho de Registro e Inspección, sin intereses y con un plazo de pago diferido. La definición se dio en una sesión extraordinaria convocada de urgencia, a contrarreloj del vencimiento del período de exclusividad que tiene la empresa para alcanzar acuerdos con sus acreedores ante el juez concursal, Fabián Lorenzini. Aval político local Desde el oficialismo y sectores aliados, el respaldo a la propuesta se explicó principalmente por el impacto social que podría generar la quiebra de la empresa. En ese sentido, la preocupación por los más de 300 trabajadores directos que dependen de la planta del Parque Industrial fue el eje central de los argumentos. La concejal Constanza Arzamendia remarcó que todas las alternativas implicaban una quita y que el objetivo principal era evitar la caída de la firma. En la misma línea, Daniel Bailat sostuvo que, aunque la propuesta no era la mejor, permitía al menos asegurar algún ingreso para el municipio y contribuir a sostener la continuidad de la empresa. Leé también: Mal tiempo y costos del transporte: quejas en el campo y la ciudad Walter Kreni, por su parte, relativizó el peso específico de la decisión, al describirla como una gota en el océano, aunque consideró que podría resultar determinante para que el proceso concursal avance. También desde la oposición, Fedra Buseghín justificó el acompañamiento al señalar que, en el marco de un concurso preventivo, los acreedores deben aceptar quitas para evitar escenarios más gravosos. Según explicó, la adhesión del municipio podía aportar al porcentaje necesario para que el acuerdo sea homologado. Leé también: La nueva Vicentin acelera su reactivación tras el cambio de control La única voz disonante fue la de Haydeé Vargas, quien votó en contra y cuestionó con dureza la decisión. La concejal advirtió que la situación de los trabajadores es consecuencia de la falta de cumplimiento de la empresa y planteó que aceptar una quita del 91% resulta injusto frente a otros contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones. Además, expresó dudas sobre que la aprobación municipal pueda evitar efectivamente la quiebra. El peso del mayor acreedor Mientras el Concejo Deleiberante avanzaba con su decisión, el panorama general del concurso se tornaba más complejo. El Banco de la Nación Argentina, principal acreedor de la compañía, formalizó su rechazo a la propuesta de pago, en un documento con fuertes fundamentos técnicos y financieros. Según el análisis de la entidad, la oferta no cumple con las condiciones mínimas exigibles en términos de plazo y carga financiera. El banco considera que la propuesta implica una quita económica implícita de magnitud, que la vuelve inviable. Leé también:Remate ganadero récord en el Banco Nación: más de 36.000 animales televisados y valores firmes En concreto, al evaluar la deuda en dólares, el organismo estimó que el valor actual de lo ofrecido representa apenas el 2,2% del capital nominal. En el caso de la deuda en pesos, el cálculo es aún más crítico: el recupero se ubicaría en torno al 0,02%, un nivel que el banco calificó como insignificante. La postura del banco no solo endurece la negociación, sino que compromete seriamente las chances de que la empresa alcance los niveles de adhesión requeridos por la ley para la homologación del acuerdo: al menos el 50% de los acreedores, que representen dos tercios del total de la deuda. En ese contexto, la decisión del Concejo aparece más como un gesto político y social que como un factor determinante en términos financieros. Definición inminente El escenario ahora depende de lo que resuelva el juez Lorenzini respecto al pedido de prórroga solicitado por la empresa. Si el magistrado decide no extender el período de exclusividad, se abriría la etapa de salvataje conocida como cramdown, en la que terceros pueden presentar propuestas para hacerse cargo de la compañía. Ese sería el último paso antes de una eventual quiebra, un desenlace que preocupa especialmente por el impacto laboral. La empresa llegó a emplear a 366 trabajadores en su planta principal y a otros 50 en desmotadoras ubicadas en Chaco y Santiago del Estero. Actualmente, gran parte de ese personal se encuentra sin actividad y con salarios adeudados. Leé también: Las exportaciones de carne argentina reducen su dependencia de China con la apertura de otros mercados A la par del proceso concursal, el Banco de la Nación Argentina también impulsa el remate de la planta industrial, en busca de recuperar su acreencia, lo que agrega presión sobre el desenlace. El contraste entre la decisión del Concejo y la postura del banco refleja dos lógicas distintas: - la urgencia de sostener el entramado social y productivo local; - la necesidad de resguardar el valor de los créditos en juego. En definitiva, el caso de Algodonera Avellaneda expone las tensiones propias de los procesos concursales en contextos de crisis. Con apoyos fragmentados y números que no cierran, el margen para evitar la quiebra se reduce. La última palabra, ahora, la tendrá la Justicia.
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