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» TN
Fecha: 14/04/2026 21:23
El Gobierno mantiene diferencias internas por la firma de las bajas administrativas de militares condenados por crímenes de lesa humanidad. La discusión se reactivó después del informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que relevó 50 agentes con condena firme que seguían en situación de retiro y conservaban un vínculo formal con el Estado. En la Casa Rosada aseguran que el trámite tiene que completarse porque así lo impone el marco legal, pero reconocen que la decisión abrió una incomodidad puertas adentro de Defensa. Según fuentes oficiales, el punto sensible pasa hoy por los expedientes que todavía requieren definición política y por la resistencia de algunos sectores a acelerar las firmas pendientes. El foco está puesto sobre Carlos Presti. En Balcarce 50 admiten que el ministro tiene al menos cinco expedientes para firmar, aunque advierten que por el momento no tomó la decisión de avanzar. En el oficialismo conviven dos posturas: una que plantea que la baja debe resolverse sin más dilaciones y otra que busca administrar el costo interno de una medida que genera ruido en sectores dentro de las Fuerzas Armadas. La discusión también tiene una base administrativa y legal. La Ley 19.101 establece que el personal retirado conserva estado militar, mientras que la baja implica la pérdida de ese estado. Sobre esa base, la PIA remarcó que la permanencia en retiro de condenados firmes por delitos de lesa humanidad mantiene un vínculo institucional incompatible con las consecuencias jurídicas de la sentencia penal. Dentro del Gobierno explican que el reparto de competencias depende de la jerarquía de cada condenado. El ministro tiene responsabilidad sobre oficiales superiores, las fuerzas sobre el resto, agregan fuentes oficiales. Ese esquema es el que explica parte del tironeo actual: mientras algunos casos pueden resolverse dentro de cada fuerza, otros siguen dependiendo de una firma del Ministerio de Defensa. El Ejército ya avanzó con todos los procesos administrativos bajo su órbita. El 26 de marzo, el jefe de la fuerza, Oscar Santiago Zarich, firmó la baja de 34 militares condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellos personal retirado que seguía formalmente vinculado al Estado. Esa decisión se tomó luego de que el caso tomara estado público. Leé también: El Gobierno relativiza el avance de las causas de Adorni y descarta sumar a otro vocero para las conferencias En el Ejecutivo admiten que la medida generó malestar interno, pero hay sectores que aseguran que el trámite terminará saliendo. En el oficialismo plantean que, una vez agotada la vía judicial y firme la condena, la baja administrativa no debería quedar sujeta a consideraciones políticas. Si Presti no lo hace, va a tener un problema legal, resumen fuentes al tanto de la discusión. El informe de la PIA ya había advertido que las demoras no respondían a episodios aislados, sino a obstáculos estructurales dentro del Estado para ejecutar de manera integral las consecuencias administrativas de las condenas firmes. Por eso, la definición que ahora enfrenta Nación pone en juego si Defensa completa o no un proceso que, para la procuraduría, es una obligación derivada del derecho interno y de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de derechos humanos.
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