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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 14/04/2026 13:32
La empresa San José SA, concesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, pidió a la Secretaría de Trabajo el archivo del expediente abierto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con un planteo de conciliación en el marco del reclamo judicial para que la firma absorba los 237 choferes que quedaron cesantes tras el fin de la concesión de Buses Paraná, el 6 de diciembre último. La audiencia de conciliación fue planteado por UTA en el marco del reclamo por la incorporación de los más de 200 empleados de Buses Paraná, en el marco del acampe que iniciaron este lunes frente a la concesionaria. El tema iba a ser tratado en audiencia este martes, a las 12,30, en la Secretaría de Trabajo. Pero San José decidió no acudir, y en su lugar presentar un escrito. UTA formalizó el pleito en los tribunales porteños, y un juez hizo lugar a una medida cautelar y obligó a San José a incorporar a la plantilla de empleados de Buses Paraná. San José planteó ante Trabajo la manifiesta improcedencia de la convocatoria a audiencia de conciliación dispuesta en autos, así como su carácter inconducente en el contexto jurídico actual. Solicitó que se deje sin efecto dicha convocatoria y, en consecuencia, se disponga el archivo de las presentes actuaciones en atención a que el conflicto de autos se encuentra plenamente judicializado y bajo conocimiento actual de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de un conflicto positivo de competencia. En este escenario, cualquier intento de avanzar en sede administrativa no solo carece de sustento jurídico suficiente, sino que además importa una indebida injerencia en una materia que ha quedado sustraída de la órbita administrativa, comprometiendo principios elementales de competencia, debido proceso y seguridad jurídica, dice el escrito. El 26 de noviembre de 2025 -a días de que San José asumiera la concesión, hecho que ocurrió el domingo 7 de diciembre último- el titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 7 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Fabián Loguarro, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la UTA nacional y obligó a San José a absorber 239 trabajadores de Buses Paraná. San José discutió esa resolución, pero la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó la medida cautelar que obliga a Transporte San José SA a absorber transitoriamente al personal de Buses Paraná UTE (Grupo ERSA) desde el inicio de la nueva concesión en Paraná hasta que se dicte sentencia definitiva. En forma paralela, la concesionaria planteó una cuestión de competencia y pidió que un Juzgado Laboral de Paraná intervenga en el pleito. En diciembre la abogada que ocupa el Juzgado Laboral N° 4, Carmen Prevedel, rechazó intervenir en el conflicto suscitado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa San José. Pero a finales de febrero, la Sala II de la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná declaró la competencia del Juzgado Laboral N° 4, a cargo de la jueza Carmen Prevedel, en el pleito planteado en los Tribunales de la Ciudad Autónona de Buenos Aires por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y que en noviembre derivó en el dictado de una medida cautelar que impuso a la empresa San José SA, prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná, la obligación de absorber los 237 trabajadores que habían pertenecido a la expermisionaria Buses Paraná. De ese modo, los camaristas Guillermo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Matorras revocaron el fallo de primera instancia de la jueza laboral Carmen Prevedel que había rechazado intevenir. El lunes 23 de febrero, la jueza Prevedel hizo lo que la Cámara le ordenó: se abocó al tratamiento de la competencia. «Atento a lo resuelto por la Excma. Cámara del Trabajo Sala II- en fecha 19/02/2026 y en cumplimiento de lo allí ordenado, corresponde librar oficio al Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con copia de las presentes actuaciones, a fin de que el Juzgado oficiado disponga, si acepta el requerimiento de inhibitoria, el archivo de lo allí actuado o, en caso de que decida mantener su competencia, la elevación a la Corte para dirimir la contienda, implicando la suspensión del procedimiento producida a causa de la cuestión de competencia y la suspensión de los efectos de la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Nacional mencionado en la Resolución que dictara el 26/11/25». Como el juez Loguarro reclamó para sí la tramitación del caso, se trabó una cuestión de competencia y por eso ahora se aguarda la resolución de la Corte Suprema de Justicia para que dirima el entredicho. De la Redacción de Entre Ríos Ahoraz
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