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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 14/04/2026 11:33
Una nueva denuncia amplía el horizonte de la investigación por el cobro de adicionales fantasma. El escrito apunta a un esquema organizado que recaudaría $90 millones mensuales desviando recursos de seguridad para fines privados. El listado de jefes denunciados crece y alcanza a Comisarios Generales. Por Redacción Judicial Lo que comenzó como una investigación sobre irregularidades en la División de Policía Adicional ha mutado en una megacausa de dimensiones sistémicas. Según una nueva denuncia penal autónoma a la que tuvo acceso este medio, el esquema de recaudación ilegal dentro de la Policía no sería un hecho aislado, sino un engranaje estructurado que movilizaría unos $90.000.000 mensuales. De confirmarse la proyección de los últimos 24 meses, el perjuicio total al Estado podría escalar hasta los $2.160 millones de pesos.El Cajero Automático de la CúpulaLa denuncia presentada ante el Agente Fiscal Dr. Gonzalo Badano describe con precisión técnica cómo se utilizaba la estructura del Estado para el beneficio de unos pocos. El mecanismo principal consistía en la notitia criminis de servicios adicionales que formalmente existían, pero que operativamente eran cubiertos por personal de guardia ordinaria utilizando móviles oficiales y armamento del Estado.De esta manera, los fondos que empresas como el BERSA (Contrato 143) o distribuidoras como Perelstein y Total Litoral pagaban por seguridad extra, no llegaban a los bolsillos de los agentes que hacían el trabajo, sino que eran desviados hacia una lista cerrada de beneficiarios vinculados a la jefatura.Nombres Clave y Cadena de MandoEl escrito judicial identifica una red de responsabilidades que excede a los primeros imputados (Urquía y Bértoli). Se solicita investigar la participación de los Comisarios Generales Marcelo Clausich y Raúl Menescardi, señalados como responsables de las áreas donde se acaparaban los servicios más rentables.Asimismo, la denuncia ratifica cargos contra los oficiales jefes Juan Manuel Zunino, Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez. Se los acusa de delitos que van desde la asociación ilícita hasta exacciones ilegales y coacción.Relatos de Coacción y TemorUno de los puntos más oscuros del documento es el testimonio de la oficial Stefania Alejandra Fernández, quien denunció haber sido obligada a entregar el dinero de su propia cuenta sueldo a sus superiores bajo amenazas de traslado. Según el relato, Fernández fue presionada incluso durante un embarazo de riesgo. El temor a represalias es de tal magnitud que la funcionaria decidió abandonar el país para proteger su integridad y la de su hija. Inconsistencias absurda, la auditoría interna y la prueba ofrecida revelan situaciones que rozan el absurdo legal: Servicios Armados sin Armas: el funcionario Marcos Schmunk figuraba prestando servicios adicionales armados en 2024 y 2025, a pesar de que no tenía arma reglamentaria desde febrero de 2024. Prestadores Ubicuos: el caso de Gabriela Yolanda Arena, quien figuraba cobrando adicionales en Paraná mientras residía y prestaba servicio ordinario en una comisaría de Rosario del Tala, a cientos de kilómetros de distancia. Asistentes Personales: la suboficial María José Sosa aparecía con servicios adicionales que le resultaban materialmente imposibles de cumplir, dado que se desempeñaba como asistente personal a tiempo completo del Comisario Gutiérrez. El impacto en la calle: menos seguridad para la querella, este no es solo un delito económico. El desvío de móviles y personal del 911 y la GIA para cubrir servicios privados (el llamado doblaje) provoca una disminución real de la presencia policial en las calles. Se subordinó la seguridad pública a intereses particulares, reza el documento, señalando que mientras los jefes recaudaban, la ciudadanía quedaba desprotegida.La Fiscalía ha solicitado medidas urgentes, incluyendo el peritaje de los sistemas informáticos administrados por Pedro Arena hermano de una de las beneficiarias y el rastreo por GPS de los móviles policiales para contrastar su ubicación real con las planillas de adicionales.La Caja Negra: La denuncia define la Resolución DGOSP N° 060/2025 (que ahora obliga a usar QR y cuentas oficiales) como una confesión de parte de la institución, que intentó cerrar de urgencia una caja negra que ya había quedado expuesta ante la Justicia. Resumen de los puntos más críticos que terminan de darle el tono de megacausa: - Proyección del perjuicio: Se estima que el circuito moviliza unos $90.000.000 mensuales. Al proyectar este flujo por 24 meses, la cifra asciende a unos $2.160 millones de pesos. - Afectación a la seguridad: La denuncia recalca que el uso de móviles del 911 y personal de guardia para estos adicionales fantasma reduce la presencia policial en la vía pública y la capacidad de respuesta ante delitos. - La Confesión institucional: El documento señala que la Resolución DGOSP Nº 060/2025, que ahora exige transferencias bancarias y control por QR, es una admisión tácita de que antes el control era inexistente. - Pruebas contundentes: El pedido de levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero busca reconstruir la trazabilidad total de los fondos en cuentas sueldo, cajas de ahorro y billeteras virtuales de los involucrados.
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