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» Clarin
Fecha: 14/04/2026 11:07
La disputa por el futuro judicial de las investigaciones que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo un revés para Claudio Tapia y su ladero, Pablo Toviggino. La estrategia de los abogados de "Chiqui" para trasladar y unificar al menos tres expedientes en el Juzgado Federal de Campana encontró un freno en el fiscal general ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz. Opinó en el expediente que uno de los casos centrales permanezca en la Justicia porteña. El eje de la controversia es el expediente que contiene la totalidad de los movimientos bancarios de la firma TourProdEnter, la empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa Erica Gillette. Sáenz sostuvo que los hechos investigados se habrían cometido cuando la sede social de la AFA todavía estaba radicada en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que según su criterio la causa debe seguir tramitándose en territorio porteño. Su postura coincide con la línea marcada por el fiscal de Casación Mario Villar, quien ya había objetado la intervención de Campana y cuestionado el origen mismo de ese expediente: un correo electrónico enviado por Luciano Pantano, presentado como dueño de la mansión donde se habrían gestado parte de las maniobras. En su dictamen, Sáenz fue más allá: advirtió que el intento de trasladar la causa resulta "prematuro" porque aún no está claro cuál es el tribunal competente para investigar el presunto lavado de activos, delito al que se pretende anexar la pesquisa iniciada por la denuncia del empresario Guillermo Tofoni. Ese expediente es, hasta ahora, el único que reúne más de 3000 páginas de registros bancarios surgidos de dos pedidos de discoveries ante la Justicia de Estados Unidos. Según una investigación publicada por La Nación, al menos US$ 42 millones terminaron en sociedades radicadas en Florida sin empleados ni actividad declarada. Esos registros revelaron desvíos por hacia cuatro sociedades fantasma creadas en Miami Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC, aunque investigaciones periodísticas posteriores demostraron que el entramado incluye una decena de compañías y un flujo irregular superior a US$ 57 millones. Los fondos salían de cinco cuentas vinculadas a TourProdEnter; la última detectada, abierta por el propio Faroni en el PNC Bank, movió más de US$ 13 millones y derivó más de US$ 3 millones hacia ese mismo circuito de entidades offshore. A lo largo del proceso, tanto la fiscal Silvana Russi como la jueza Paula Petazzi intentaron derivar el expediente fuera de la órbita porteña. La más reciente de esas decisiones fue apelada por la defensa de Tofoni y ahora también por Sáenz, quien recordó que la Cámara Criminal y Correccional ya había rechazado un intento de apartar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 11. En su presentación, el fiscal también consideró determinante un informe de la Inspección General de Justicia (IGJ) que detalla el controvertido cambio de domicilio social de la AFA y que incluso recomendó al Ministerio de Justicia colocar a la entidad bajo veeduría. Mientras tanto, la única causa que efectivamente llegó a Campana es la que impulsó inicialmente el juez Luis Armella, que comenzó en torno a exdirigentes de Banfield, se ramificó hacia la financiera Sur Finanzas y terminó conectando con el universo de sociedades vinculadas a Faroni. El conflicto de competencia deberá ser resuelto por los camaristas Javier Carbajo, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. Tras quedar firme el rechazo a una recusación contra Ledesma, el tribunal quedó habilitado para decidir qué juzgado seguirá adelante con las investigaciones sobre la AFA: el Penal Económico de Marcelo Aguinsky, el Federal de Daniel Rafecas quien ordenó los primeros allanamientos o el mencionado juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. En paralelo, continúa la causa por evasión impositiva que pesa sobre las autoridades de la AFA y que les impide salir del país. Allí, el tesorero Pablo Toviggino, representado por el abogado Marcelo Rocchetti, pidió apartar al juez Diego Amarante, alegando una supuesta "enemistad manifiesta" y persecución personal. Por ahora, la Cámara en lo Penal Económico mantiene su respaldo a la investigación. Más allá de los distintos frentes judiciales para el mandamás de la AFA y su tesorero, lo que más les importa es la futura decisión de la Cámara sobre el destino final de la causa: Campana o la Ciudad de Buenos Aires. Newsletter Clarín
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