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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 13/04/2026 10:09
La directora del Campus Educativo del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Mariana Reina, asistió al I Encuentro 2026 del Consejo Asesor Federal sobre Formación Policial y Penitenciaria en Buenos Aires, en un contexto de sobrepoblación, déficit de personal y problemas estructurales en las unidades penales de la provincia. El foro fue organizado por la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Servicio Penitenciario Federal. En representación de Entre Ríos asistieron Reina y la subadjutor Johana Juárez. La funcionaria provincial sostuvo que los encuentros federales en materia de formación penitenciaria resultan fundamentales para favorecer una capacitación integral que abarque aspectos técnicos, operativos, éticos, legales y sociales del rol penitenciario. Agregó que el carácter federal enriquece las propuestas y contribuye a consolidar una identidad profesional compartida con estándares de actuación homogéneos. Sin embargo, los indicadores del sistema penitenciario entrerriano contrastan con los objetivos declarados en materia de profesionalización y modernización. La provincia cuenta con ocho unidades penales de jurisdicción provincial que alojan aproximadamente 2.700 internos, mientras que la dotación de agentes de seguridad asciende a solo 800, una relación muy por debajo de los estándares recomendados. La población carcelaria se triplicó en las últimas dos décadas sin una planificación edilicia acorde, y se reportan establecimientos que han superado ampliamente su capacidad original con ampliaciones de emergencia. En lo que va de 2026 se registraron incidentes de seguridad y problemáticas estructurales. El 8 de marzo se produjo la fuga y posterior recaptura de un interno en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Además, la Justicia condenó a organizaciones criminales que operaban desde las cárceles de Victoria y Gualeguay. Informes recientes señalaron la falta de espacios y profesionales adecuados para la aplicación de la Ley Penal Juvenil, así como desafíos en la coordinación interna desde los centros de detención, con casos de líderes criminales que organizaban redes de distribución desde el interior de las unidades.
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