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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 11/04/2026 11:03
El juez federal de Entre Ríos, Hernán Viri, ordenó medidas de prueba anticipada en la causa por la instalación de una planta de hidrógeno verde en Paysandú, frente a Colón, ante una posible violación de tratados internacionales sobre el río Uruguay. La presentación fue impulsada por los diputados Guillermo Michel y Laura Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes promovieron una demanda contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay. Los legisladores argumentaron que el proyecto podría generar consecuencias graves e irreversibles en el ecosistema y que no se habrían cumplido normas internacionales, especialmente el Estatuto del Río Uruguay, administrado por la Comisión Administradora del Río Uruguay. El juez Viri resolvió aceptar parcialmente el pedido y ordenó la producción de prueba anticipada, una herramienta que permite reunir evidencias antes del inicio formal del proceso judicial. Entre las medidas dispuestas se incluyen pedidos de información a organismos uruguayos ambientales, regulatorios y bancarios, además de requerimientos a la CARU para evaluar el cumplimiento de los acuerdos binacionales. También se ordenó un peritaje ambiental a cargo de un especialista en biología y una inspección judicial en la zona donde se proyecta la planta. El magistrado rechazó por el momento la incorporación de testimonios por considerar que no existía urgencia suficiente. El proyecto prevé la instalación de la planta a unos tres o cuatro kilómetros de la costa de Paysandú y contempla una inversión aproximada de 5.300 millones de dólares. Desde el gobierno entrerriano plantearon que debería ubicarse a una distancia mínima de 30 kilómetros para reducir riesgos. El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo conversaciones con el presidente uruguayo Yamandú Orsi y con el canciller Mario Lubetkin para intentar descomprimir el conflicto. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, no descartó la posibilidad de trasladar la planta. El gobierno uruguayo y la empresa HIF Global acordaron prorrogar hasta fines de junio el cronograma de acuerdos necesarios para concretar la inversión. El caso reavivó el recuerdo del conflicto bilateral por la instalación de la pastera Botnia, que derivó en protestas y cortes de puentes internacionales, y culminó en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Debido a que los demandados se encuentran en Uruguay, el juez dispuso la intervención de la Defensoría Pública para garantizar el derecho de defensa.
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