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Parana » Radio La Voz
Fecha: 10/04/2026 16:38
El abogado Germán Palomeque, en comunicación con RADIO LA VOZ, se refirió a la causa por el robo de 120 millones de pesos a una empresa de Crespo de su cuenta bancaria. Somos querellantes, intervino la División Delitos Económicos, hubo un avance considerable, pero siempre son hechos difíciles de esclarecer porque quienes están detrás de los mismos cuentan con bastante tiempo como para hacer triangulaciones y movimientos de dinero, usan a veces DPN para ocultar su verdadero IP, dijo Palomeque. La causa penal tiene como objetivo identificar a los autores del hecho y sancionarlos. Lo cual sabemos que en este tipo de hechos es difícil. Pero, por otro lado, tenemos la situación de la sucursal del Banco Macro de la ciudad de Crespo que ha concatenado una serie de errores groserísimos, una negligencia grave por parte del oficial de cuentas y de muchas más personas pertenecientes al banco. Agregó que: Esa mañana personas desconocidas intrusaron por un tiempo determinado el whatsapp de la empresa y le requirieron a la gente del Banco Macro que les pasaran los token de seguridad vía whatsapp lo cual es harto sabido que no se debe hacer, no es un canal autorizado para pasar información. Los bancos le dicen a la gente no den información por whatsapp y la termina dando el banco. El banco la da, los delincuentes la utilizan, la gente de la empresa advierte esta situación, se lo dicen al oficial de cuentas del banco e intentan por todos los medios recuperar el control. El banco estaba sabiendo que sus clientes estaban desesperados por hacerlo, y sin embargo por negligencia termina permitiendo y convalidando que quienes estaban detrás de la maniobra hagan 14 transferencias millonarias y desvíen todos los fondos. Palomeque informó: Esta situación se agrava después porque la gente de Delitos Económicos que empezó con la investigación demoran en darle la información que estaban requiriendo; la Fiscalía necesitaba los datos de las cuentas destinatarias del dinero para intentar un bloqueo, eso se demoró, tuvimos que ir personalmente nosotros al banco y ese día apareció la información. Además, el banco mismo le instruye a la empresa que haga un reclamo interno, lo hace, y el BCRA le da a cada entidad bancaria cuando tiene este tipo de situación diez días para expedirse respecto de ese reclamo. No se expidió y eso habilita el reclamo a Defensa del Consumidor. Interpusimos una demanda bien elaborado respecto a esta serie de incumplimientos. Fallaron todos los mecanismos de detección de fraude. Es una empresa que trabaja con proveedores, seria, que todas las transferencias las hace a CBU con be larga y todos estos fondos fueron a CVU, con ve corta, que es obvio que son cuentas mulas y que se trianguló el dinero, consignó Palomeque. La detección de fraude tanto humana como automática falló y después no colaboraron no solo con la gente de Delitos Económicos, sino también cuando se les hizo el reclamo por las vías administrativas, ni están haciéndolo en este momento en la instancia de Defensa del Consumidor, remarcó el abogado. En el hecho por el que un pasajero murió en Paraná al haber descendido de un colectivo del transporte urbano, se corroboró que el chofer había consumido cocaína. Esto fue el 12 de enero en horas de la tarde. El señor Ricardo Centurión de 77 años de edad estaba descendiendo del colectivo, gentilmente que el resto de la gente bajara en España y Pellegrini, y al momento de bajar él, antes de que llegue a hacer contacto con los dos pies con el piso, el chofer aparentemente da arranque al colectivo, se produce un pequeño arraste, él pierde la estabilidad, cae y es presionado por la rueda trasera derecha de la unidad. La unidad queda con sangre en la rueda, le aplasta la zona de la clavícula y a las 22 horas pierde la vida. En esa causa se pudo determinar la presencia de cocaína en sangre y en orina del colectivero, lo cual tiene una importancia relevante porque la sangre deja mucho menor registro temporal del consumo de la droga. En sangre es de uno a seis horas, por ende es altamente probable que haya estado bajo algún efecto de la sustancia al momento del hecho. Eso quizás viene a explicar el apuro, que se haya arrebatado a dar inicio a la marcha y provocado este trágico suceso, explicó Palomeque. Es uno de los agravantes previstos por la legislación. Sube el mínimo de 2 a 3 y el máximo de 5 a 6 años, y también la posibilidad de aplicar una inhabilitación por el doble de tiempo. Con respecto a la causa Airaldi, Palomeque indicó: si bien no conozco los comentarios que hizo la doctora Barbitta, son distintas estrategias. Yo tampoco comparto que al arrancar el juicio se ponga a todo el tribunal en contra haciendo planteos. A ella le pueden gustar o no los planteos nuestros, nosotros somos grandes conocedores de la zona y de los personajes, en muchas situaciones no se hablaba de tráfico sino de consumo y de problemáticas personales hasta de índole sentimental que tenían los involucrados; no creo que pueda venir ella a decir cómo tenemos que interpretar todo eso y cómo tenemos que encarar la defensa. Cada uno tiene su estrategia. Ella va por la vía de confrontar continuamente contra las autoridades con planteos que uno sabe que la probabilidad de éxito son del 1%. Hacer semejante berrinche contra quienes tienen la posibilidad de decidir, entorpeciendo el avance del proceso, capaz que a ella le ha servido, desde el nuestro nos parece que es raro.
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