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Concordia » Entre Rios Ahora
Fecha: 10/04/2026 14:54
La Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género -a cargo de la diputada Carolina Streitenberger (Juntos)- se reunió este miércoles para consensuar el dictamen que establece el Protocolo Específico para la Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y Violencia Laboral con Motivo de Género. El texto define a la violencia laboral como toda acción, omisión o comportamiento que afecte la dignidad, la salud o las condiciones de trabajo, incluyendo explícitamente el acoso sexual y la violencia digital. Esta reglamentación alcanza a todo el personal vinculado al cuerpo, sin distinción de jerarquía o modalidad de contratación. Entre las medidas de protección, el protocolo contempla que la persona afectada pueda solicitar la modificación de su lugar o de su horario de trabajo para resguardar su integridad. Además, se establece que las actuaciones serán confidenciales y se regirán por los principios de no revictimización y reserva de la identidad del denunciante. El documento dispone, además, la obligatoriedad de capacitaciones anuales en la materia para el personal y autoridades jerárquicas. El área de Personal funcionará como autoridad de aplicación a través de un equipo interdisciplinario que brindará asistencia de primera escucha y orientación. La diputada Noelia Taborda destacó el avance institucional alcanzado tras la reunión de la Comisión Especial de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género, donde se definió el texto final de la normativa. La legisladora resaltó que el dictamen es fruto de un extenso proceso de diálogo destinado a adecuar la reglamentación a los estándares de derechos humanos. Sobre el cierre de esta etapa de trabajo en comisión, la diputada subrayó la cohesión entre los diferentes bloques y afirmó: «Fue una reunión de consenso, con una redacción que consideramos la más adecuada para su implementación». Un año de espera En abril de 2025, la Justicia exhortó a ambas cámaras de la Legislatura «a que, en el marco de sus facultades reglamentarias, procedan a implementar -a la mayor brevedad posible- un protocolo de actuación para prevenir, sancionar y erradicar casos de violencia de género dentro del ámbito parlamentario». La medida, dispuesta por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, Juan Marcelo Micheloud, se dio en el marco del proceso por violencia institucional que inició en marzo de 2024 la jefa del bloque de diputados del PJ, María Laura Stratta, contra el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein. En primera instancia, la jueza civil y comercial Nº 4 Elena Albornoz había rechazado la presentación de Stratta. Pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar a la denuncia y revocó lo resuelto en primera instancia. Con la firma de los jueces Adriana Acevedo y Marcelo Baridón, la Cámara dispuso el 25 de marzo de 2024 «como medida de tutela anticipada que el denunciado Gustavo Hein deberá abstenerse en lo sucesivo y hasta que finalice la presente causa de efectuar pronunciamientos públicos por cualquier medio de difusión sobre cualquier pormenor y/o circunstancia atinente a la presente y/o a su sustanciación, sin perjuicio de los derechos procesales y sustanciales de los que dispone, debiendo recordar y honrar el mandato legal que impone reserva y confidencialidad a actuados de esta naturaleza, artículo 6 inciso e) de la ley 10.956. La medida deberá ser notificada al denunciado en su domicilio real mediante cédula, con habilitación de días y horas inhábiles (artículo 9 de la ley 10.956)». El juez Micheloud exhortó «a las autoridades de las cámaras legislativas a que verifiquen el estricto cumplimiento de la capacitación obligatoria y permanente en la temática de género y violencia contra las mujeres establecida por la ley provincial 10768, facilitando a quienes integren cada cuerpo -en todos sus niveles y jerarquías- las instancias de capacitación correspondientes». La cuestión de la vigencia de ese protocolo resurgió ante las denuncias que recayeron sobre el diplutado provincial socialista Juan Rossi, por ahora a través de redes sociales y en los medios. Al legislador le reprochan ejercer violencia sobre personal dependiente de su despacho. Pero Rossi aguarda que se expida el partido que preside a nivel provincial, el Socialismok, por cuanto el protocolo de Diputados nunca fue aprobado. El 29 de abril de 2025, y a través de la resolución N° 8, el presidente de la Cámara de Diputados dispuso crear una Comisión Especial denominada Comisión de Prevención e Intervención en Casos de Violencia Laboral y de Género en el ámbito de la Cámara de Diputados, con el propósito de redactar un protocolo de actuación para la prevención e intervención en casos de violencia laboral y violencia laboral por motivos de género. Rossi forma parte de esa comisión. Al frente de aquella comisión creada por Hein se ubicó a la diputada provincial Susana Pérez (Juntos). Ahora, la sucede Streitenberger La Comisión deberá presentar un informe preliminar en un plazo no mayor de tres meses desde su constitución, y un informe final con el protocolo propuesto en un plazo máximo de seis meses, estableció la resolución de creación. Un año después el protocolo sigue en debate en Diputados. De la Redacción de Entre Ríos Ahora
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