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La Paz » Politica con vos
Fecha: 10/04/2026 13:17
El deterioro del sistema afecta a millones de afiliados en todo el país. Hay demoras, falta de prestaciones y denuncias por desfinanciamiento y ajustes. La crisis en el Pami se profundiza y afecta cada vez a más afiliados, con turnos médicos que se otorgan a partir de los cuatro meses, cupos limitados para estudios y una creciente implementación de copagos en distintas regiones del país. Además, la deuda con prestadores privados ronda los $500 millones, lo que agrava el conflicto. El desfinanciamiento se explica por la interrupción de transferencias desde el Tesoro Nacional al área de salud. Por lo tanto, los prestadores comenzaron a exigir pagos directos o a aplicar restricciones en la atención. Estimaciones privadas dan cuenta que el Ministerio de Economía le estaría debiendo al organismo unos $ 1,40 billones, casi el 14% del presupuesto de $ 10,17 billones para 2026. En este contexto, clínicas, sanatorios y hospitales privados comenzaron a restringir la atención debido a la falta de pagos por parte del organismo. Como consecuencia, muchos profesionales decidieron atender a los afiliados bajo la modalidad de pacientes particulares hasta que se regularice la deuda. De este modo, los jubilados deben afrontar costos que antes estaban cubiertos. Asimismo, la situación se replica en distintas provincias. Por ejemplo, en localidades como Olavarría, Azul y Bolívar los afiliados ya deben pagar consultas, mientras que en Córdoba algunos pacientes deben trasladarse largas distancias por el cierre de centros de salud. También, el sistema presenta demoras críticas, los turnos para estudios diagnósticos pueden tardar hasta cuatro meses y los cupos se agotan rápidamente. En este sentido, el circuito para los afiliados se volvió más complejo, tras recibir una orden médica, deben gestionar autorizaciones adicionales en PAMI, donde se priorizan casos graves, como pacientes oncológicos o preoperatorios. Mientras tanto, el resto queda en listas de espera indefinidas. A su vez, también surgieron denuncias por presuntas irregularidades y sobreprecios en la gestión del organismo, lo que suma tensión a un escenario ya crítico. En paralelo, gremios estatales advirtieron sobre despidos masivos y recortes en insumos básicos, lo que impacta directamente en la capacidad operativa del sistema. ATE aseguró que en lo que va de la actual gestión no se compraron elementos de fisiatría (bastones, sillas, camas, colchones, entre otros), y se comenzó a aplicar el cobro ilegal de plus y aranceles diferenciados por algunas prestaciones. Por último, las negociaciones entre el Gobierno y las cámaras del sector privado no muestran avances concretos. Por lo tanto, el futuro inmediato del sistema aparece incierto, mientras crece la preocupación entre los más de 5 millones de afiliados que dependen de la obra social para su atención médica. (Diario Conclusión)
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