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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 10/04/2026 09:56
El fiscal Franco Picardi pidió la citación a indagatoria de 29 personas en la causa que investiga una trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se detectaron maniobras por más de 75 mil millones de pesos y nuevos indicios sobre el destino de retornos ilegales. El requerimiento fiscal incluye la ampliación de indagatorias para el exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo; el extitular de Acceso a Servicios de Salud, Daniel Garbellini; y el lobista Miguel Ángel Calvete, ya procesados en el expediente. Además, Picardi solicitó convocar como sospechosos a otras 24 personas, entre ellas empresarios y ejecutivos de firmas proveedoras de insumos de alto costo. Según el dictamen elaborado junto al titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, la ANDIS funcionó como una ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios. Las maniobras detectadas en esta nueva etapa involucran la erogación de 75.478.149.019 pesos en favor de un grupo reducido de empresas, mediante el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y la connivencia de funcionarios públicos que se beneficiaban con retornos y dádivas. El dictamen señala que Calvete, sindicado como uno de los jefes de la asociación ilícita, cobraba entre un 12 y un 20 por ciento de las adjudicaciones gestionadas. En los mensajes analizados por la fiscalía, el lobista coordinaba la entrega de dinero en efectivo con empresarios del sector. En un intercambio del 7 de julio de 2025, Calvete le pidió a Claudio Kahn, del Grupo Alemana, que le acercara dos liquidaciones y le indicó: «Si me lo pintas de verde mejor», en referencia a la entrega en dólares. El mensaje sobre el descuento del 3 por ciento El 29 de agosto de 2025, Kahn le envió a Calvete un mensaje que fue eliminado y luego recuperado por la investigación: «Ya le descontaron el 3». Calvete respondió: «Muy buenooooo». El fiscal Picardi precisó que ese mismo día, en otra conversación con su hija Ornella, Calvete mencionó «el 3% para KM». La referencia coincide con los audios filtrados en los que Spagnuolo afirmó que un 3 por ciento de las coimas terminaba en manos de Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei. Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, también figura en las comunicaciones. El 10 de septiembre de 2025 le preguntó a su padre por el avance de una reunión con Kahn, y Calvete le respondió: «No hace falta con el 3% para KM está perfecto». En un allanamiento realizado en octubre de 2025 en un domicilio de Ornella Calvete se secuestraron 695.457 dólares, 19.996.200 pesos y 1.960 euros, dinero que la Justicia vincula a las maniobras ilegales en la ANDIS. El esquema de corrupción El dictamen fiscal describe que el programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad en situación de pobreza estructural, fue utilizado para montar un servicio ilícito de pagos permanentes a empresarios amigos. Las maniobras abarcaron la compra de insumos de alto costo como prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas motorizadas y materiales para cirugías complejas. En el rubro amputaciones, Calvete competía contra sí mismo a través de su firma Indecomm S.R.L., mientras que el resto de las empresas participantes pertenecían a la familia Sagués. Las compañías vinculadas a Calvete fueron adjudicatarias del 47 por ciento de los fondos, y las relacionadas con los Sagués del 52,9 por ciento. En el rubro cardiológico, más del 90 por ciento de las órdenes de compra por un total de 13.732.533.276 pesos quedaron en manos de Farma Salud S.R.L., firma vinculada a Mariano Caballi, quien integraba un grupo de WhatsApp llamado «Museo» junto a Garbellini, Atchabahian, Rama y Calvete. Caballi entregó su celular borrado a la Justicia. Retornos a funcionarios La fiscalía sostiene que Spagnuolo, exabogado de Javier Milei, fue jefe de la organización y generó las condiciones estructurales para direccionar las contrataciones a cambio de retornos. Entre los pagos recibidos figuran cinco millones de pesos en efectivo, el pago de deudas en una mueblería por más de diez millones de pesos con la cuenta de Indecomm, y reformas en su casa del barrio Altos de Campo Grande en Pilar por unos 55.000 dólares. Garbellini, por su parte, fue señalado como clave para operativizar el direccionamiento de las compulsas de precios y firmar las órdenes de pago. La fiscalía advirtió un incremento patrimonial no reflejado en sus declaraciones juradas, visible en reformas en su propiedad del country El Pato y en los gastos de su tarjeta de crédito. El circuito de blanqueo El dictamen identifica a Alan Pocoví, vinculado a la familia Menem, como uno de los encargados de canalizar los fondos ilegales. Calvete indicaba a los empresarios que llevaran el dinero a las oficinas de Madero al 900, donde operaba Pocoví. También se utilizó la empresa Baires Fly S.A., de Sergio Mastropietro, para facturar servicios de «kilómetros nacionales» que encubrían el movimiento de dinero. La investigación continúa y el dictamen sugiere que podría alcanzar a otros funcionarios. Algunas pistas pendientes apuntan al papel de la Casa Rosada, en especial de Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, quienes según los audios que dieron origen a la primera denuncia se habrían llevado un tres y un cinco por ciento respectivamente. Las indagatorias deberán ser convocadas por el juez Ariel Lijo, a cargo del expediente.
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