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Parana » ER 24
Fecha: 09/04/2026 18:59
PACTO DE IMPUNIDAD BORDET-GARCÍA-ARIAS La causa por el patrimonio de Gustavo Bordet ya no puede explicarse como una simple demora judicial. La investigación formal fue abierta en marzo de 2024 por el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos y quedó asignada a los fiscales José Emiliano Arias, Martín Núñez y Mario Guerrero. Dos años después, el expediente sigue envuelto en hermetismo, con pedidos de informes y cruces documentales, pero sin un avance público proporcional al volumen de datos que encendió las alarmas. Esa distancia entre la magnitud de los indicios y la parsimonia de la pesquisa es lo que alimenta cada vez más la idea de un verdadero pacto de impunidad entre Bordet, Jorge García y Arias. No se trata de una causa armada sobre rumores. La declaración jurada presentada por Bordet como diputado nacional expuso 14 inmuebles, depósitos y plazos fijos en pesos y en dólares, con un patrimonio superior a los 147 millones de pesos, además de valuaciones que distintos medios consideraron ostensiblemente inferiores a las del mercado. Ese fue el núcleo del escándalo: no una versión de pasillo, sino bienes declarados por el propio exgobernador, incluyendo tenencias en dólares que obligaban, como mínimo, a una investigación rápida, agresiva y transparente. En cambio, en Entre Ríos todo parece diluirse en la comodidad burocrática de una pericia eterna. A eso se suma el capítulo de los viajes al exterior, que volvió a instalarse con fuerza en los últimos meses. Publicaciones periodísticas detallaron que durante sus años de poder Bordet realizó decenas de viajes fuera del país, algunos oficiales y otros de placer, con estadías costosas, vuelos frecuentes y movimientos que hoy forman parte del contexto patrimonial bajo sospecha. La pregunta no es sólo cuántas veces viajó, sino con qué nivel de gastos, con qué respaldo económico y con qué compatibilidad respecto de los ingresos que luego quiso justificar. El tramo más delicado es el inmobiliario. Distintos informes periodísticos vincularon operaciones de tierras en Concordia con nombres que aparecen en la galaxia de los contratos truchos. Allí aparece Hugo Mena, uno de los titulares originales de un terreno que luego quedó vinculado a Bordet. Análisis reportó que una de las operaciones bajo la lupa fue la compra de un terreno por parte de Bordet en 2011 a un entonces desconocido Hugo Mena; Diario Junio fue más allá y subrayó que Mena figura entre los imputados del escándalo de los contratos truchos. El problema político no es sólo la compraventa: es la superposición entre negocios privados, valorización posterior de los inmuebles y nombres que orbitan alrededor del mayor saqueo institucional de la provincia. Ahí está el corazón del reproche. Mientras se persigue al perejil, se cuida al que estuvo arriba. En la megacausa de los contratos truchos, Análisis informó que recién desde noviembre de 2025 existe un expediente específico para avanzar sobre las responsabilidades políticas del fraude, estimado en más de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. O sea: durante años desfilaron intermediarios, ejecutores y figuras menores, mientras la cima política seguía a resguardo. Y cuando algunas puntas empiezan a tocar bienes, tierras o relaciones de poder, la Justicia provincial vuelve a refugiarse en el tiempo muerto. La comparación con Sandra Arroyo Salgado y el caso Kueider deja todavía más expuesta la situación. En esa causa, en cuestión de días y semanas se conocieron allanamientos, inmuebles, pedidos de extradición, detenciones y bienes concretos bajo investigación, luego del episodio de los 211 mil dólares sin declarar en Paraguay. Todo el país supo rápido qué estaba mirando la jueza y qué medidas tomaba. En Entre Ríos ocurre lo contrario: pasan los meses, se acumulan oficios, Migraciones remite datos, los registros mandan papeles, los medios publican bienes, viajes y operaciones, pero el expediente de Bordet sigue atrapado en una lentitud que ya no parece prudencia sino cobertura. Por eso ya no alcanza con hablar de demoras. Lo que se ve es un sistema. Bordet pone el nombre; García garantiza el clima; Arias administra el tiempo. Y ese tiempo judicial es político: enfría, desgasta, licúa, acomoda. Mientras tanto, la sociedad entrerriana observa cómo una declaración jurada con dólares, inmuebles y valuaciones sospechosas, sumada a viajes de lujo y negocios de tierras enlazados con figuras del universo contratos truchos, no produce el mismo reflejo institucional que otras causas. Cuando la Justicia se mueve con velocidad para unos y con anestesia para otros, deja de impartir justicia: administra impunidad.
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