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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 09/04/2026 13:06
Silvia Affranchino aparece en el corazón de una trama que mezcla negocio privado, cargos públicos, contratos del Senado y nombramientos bajo sospecha. Y en el centro político del esquema vuelve a aparecer un nombre conocido: Laura Stratta. En Victoria hay historias que todos conocen, pero pocas veces quedan escritas con nombres, cargos y fechas. La del Complejo El Ceibo es una de esas. No se trata sólo de un emprendimiento turístico vinculado a la familia política de María Laura Stratta. El punto es otro: alrededor de ese negocio aparece una figura clave, Silvia Leonor Affranchino, hoy concejal, antes funcionaria pública y antes todavía titular formal del fondo de comercio que luego fue transferido a Complejo El Ceibo SRL. Ese traspaso surge del edicto publicado en el Boletín Oficial, donde Affranchino figura como cedente del fondo de comercio a la SRL domiciliada en Tres de Febrero 264, Victoria, la misma dirección vinculada al complejo. Pero lo explosivo no es sólo el pasado comercial. Lo grave es el cruce posterior entre actividad privada, empleo estatal y contratos legislativos (Camilo y Marcelo eran ambos contratados por stratta en la Camara de Diputados, socios de ella y la mama en el complejo, donde Afranccino oficiaba de multisuo- dueña-empleada) Acá no hay mucha vuelta: el mecanismo es bastante clásico, pero no por eso menos grave. Se estructura sobre una doble vía: por un lado, personas del círculo íntimo como Affranchino aparecen como titulares formales de emprendimientos o prestadores; por el otro, ese mismo entramado termina vinculado a contrataciones del Estado provincial. En ese esquema, la presencia de María Laura Stratta no es lateral: participó en la conformación societaria del Complejo El Ceibo y, al mismo tiempo, ejercía funciones públicas de alto nivel. Esa combinación es jurídicamente delicada, porque la ley es clara: un funcionario no puede, directa ni indirectamente, tener interés en contratos o prestaciones con el Estado. No importa si lo hace a través de una SRL, de terceros o de estructuras interpuestas. Si hay beneficio o intervención, el conflicto de intereses es evidente y la posible tipificación penal también. El problema se agrava cuando ese esquema se replica en hechos concretos, como la participación del complejo en actividades financiadas con fondos públicos por ejemplo, eventos como ferias de ciencia u otras iniciativas estatales donde el Estado termina contratando o utilizando servicios vinculados a esa misma órbita. Ahí ya no hablamos de una incompatibilidad abstracta, sino de un circuito operativo: el poder político genera o administra recursos, y esos recursos vuelven, por distintas vías, a estructuras empresariales propias o cercanas. Eso es exactamente lo que la normativa busca evitar, porque rompe el principio básico de imparcialidad en la función pública. Y cuando se vuelve reiterado, deja de ser un hecho aislado para convertirse en un mecanismo. La información pública difundida por el Senado de Entre Ríos en 2024, a raíz de un fallo judicial que lo obligó a transparentar su planta y sus contrataciones, abrió una ventana incómoda sobre la gestión anterior. En ese marco, el portal oficial de transparencia del Senado exhibe a Affranchino dentro de los listados de contratos de obra 2023 con una franca incompatibilidad. Ese dato no quedó aislado. Distintos medios entrerrianos pusieron la lupa sobre el mismo nombre. La Caldera publicó en febrero de 2026 que Affranchino colaboradora histórica de Stratta y hoy concejal de Victoria aparece asociada a contratos del Senado en 2022 y 2023, al mismo tiempo que se desempeñaba en funciones del Ejecutivo provincial. Según esa reconstrucción, registró expedientes de obra en ambos años, mientras seguía vinculada al área de Comedores Escolares. Fuente: La Caldera
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