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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 09/04/2026 12:11
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado comenzaron este martes el tratamiento del proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada impulsado por el Poder Ejecutivo, en una reunión que combinó una extensa exposición técnica, cuestionamientos políticos de la oposición y un fuerte cruce entre el peronismo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El debate, que se prolongó durante más de cuatro horas, quedó en cuarto intermedio y continuará la próxima semana. El plenario fue presidido por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez y contó también con la presencia del arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien expresó reparos sobre el impacto social de la iniciativa en los sectores más vulnerables. Se trató de la primera reunión informativa en torno a un proyecto que el oficialismo considera prioritario y sobre el cual aspira a emitir dictamen en las próximas semanas, aunque la oposición pidió ampliar la nómina de expositores antes de avanzar. En representación del Ejecutivo, Sturzenegger defendió la propuesta enmarcándola en los que definió como los dos pilares centrales del actual Gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica. Según el ministro, ambos conceptos están intrínsecamente ligados a la protección de la propiedad privada, a la que calificó como un requisito indispensable para el desarrollo económico. A su entender, la fragilidad fiscal histórica del país contribuyó a la vulneración de los derechos de propiedad y desalienta tanto la inversión local como la extranjera, publicó Parlamentario. Durante su exposición, el funcionario sostuvo que la Argentina desperdició durante décadas su potencial minero, energético y productivo por la falta de reglas claras y previsibles. En ese sentido, señaló que el país nunca logró poner sobre la mesa el respeto efectivo de los derechos de propiedad, lo que habría frenado proyectos de inversión de gran escala. En línea con ese diagnóstico, defendió las modificaciones propuestas a diversas normas, entre ellas el Código Civil y Comercial, el Código Procesal, la ley de Tierras, la ley de Manejo del Fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. Uno de los puntos que mayor controversia generó fue la intención del Gobierno de flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras. Sturzenegger calificó como flagrantemente inconstitucional la legislación vigente, que limita al 15% la propiedad extranjera, y propuso eliminar ese tope para el sector privado, manteniendo únicamente las restricciones cuando haya participación de Estados extranjeros. Según explicó, la actual normativa desalienta la producción y el desarrollo, incluso en extensiones reducidas de tierra. También cuestionó duramente la Ley 27.453 de Barrios Populares, al afirmar que, tras una década de vigencia, apenas logró regularizar una porción mínima de los casos, lo que a su juicio demuestra una ineficacia estructural del Estado. En la misma línea, criticó la extensión de las restricciones de la Ley de Manejo del Fuego a zonas productivas agropecuarias, al considerar desproporcionado que se limite el uso de un inmueble durante 30 años aun cuando no se trate de bosques nativos. La defensa del proyecto no transcurrió sin sobresaltos. Desde el inicio del debate, los senadores del bloque justicialista aprovecharon la presencia del ministro para cuestionar su trayectoria y responsabilizarlo por políticas económicas de gobiernos anteriores. El jefe del bloque, José Mayans, y el senador Martín Soria encabezaron los reproches, acusándolo de haber sido protagonista de los principales fracasos económicos de las últimas décadas, desde la crisis de 2001 hasta el endeudamiento durante la gestión de Mauricio Macri. Las críticas incluyeron referencias al megacanje, la emisión de Lebac, la deuda con el FMI y el actual programa de ajuste del Gobierno. En ese contexto, Sturzenegger respondió con ironía y contraataques políticos, interpelando al peronismo por sus derrotas electorales recientes y rechazando las responsabilidades que le adjudicaban. El intercambio marcó uno de los momentos de mayor tensión de la reunión. Hacia el cierre del encuentro expuso el arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, quien aportó una mirada social al debate. Si bien no se refirió a la totalidad del articulado, advirtió que algunas modificaciones incluidas en el proyecto, en particular las que alcanzan a la ley de barrios populares, podrían tener un efecto regresivo sobre comunidades en situación de vulnerabilidad. Carrara abogó por mantener un rol activo del Estado nacional en los procesos de regularización dominial y urbanización. Tras más de cuatro horas de discusión, el fueguino Agustín Coto informó que el debate continuará en próximas reuniones informativas y que los integrantes de la comisión podrán proponer nuevos invitados, especialmente a pedido de la oposición. El oficialismo, no obstante, dejó en claro que busca avanzar con el dictamen en un plazo relativamente corto. El comienzo del tratamiento dejó expuesto que el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada será uno de los ejes de confrontación política en el Senado. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta clave para generar previsibilidad y crecimiento, la oposición advierte sobre sus consecuencias sociales, el alcance de algunas reformas y la dirección general de la política económica.
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