09/04/2026 11:40
09/04/2026 11:40
09/04/2026 11:40
09/04/2026 11:40
09/04/2026 11:40
09/04/2026 11:39
09/04/2026 11:39
09/04/2026 11:39
09/04/2026 11:37
09/04/2026 11:35
Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 09/04/2026 09:51
En una sesión especial celebrada este 8 de abril de 2026, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina otorgó sanción definitiva al proyecto de modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa fue aprobada con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, consolidando un cambio de paradigma en la gestión de los recursos hídricos estratégicos de la zona cordillerana. La normativa, que ya contaba con la aprobación del Senado, modifica los niveles de protección vigentes desde 2010. Desde el oficialismo, el diputado José Peluc (LLA) defendió el carácter «histórico» del tratamiento y sostuvo que la reforma no desprotege el recurso, sino que busca un equilibrio con el desarrollo sustentable. Un debate entre el desarrollo y la conservación La diputada Karen Tepp (Santa Fe) expuso una visión crítica sobre la pérdida de rigor científico en la nueva ley. Según su intervención, la ley vigente protegía con éxito las reservas de agua dulce más importantes del país, concentradas en apenas el 1% de la zona cordillerana, mientras que el 99% restante ya permitía la actividad minera. Tepp advirtió que la reforma reemplaza la objetividad técnica del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) por una «autoridad competente» designada por los gobernadores provinciales. «Cualquier funcionario de segunda o tercera línea podrá determinar con su firma dónde se hace megaminería«, señaló la legisladora, alertando que los estudios ambientales podrían terminar siendo financiados por las propias empresas interesadas. Contradicciones con el acuerdo Unión Europea-Mercosur Por su parte, el diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) puso el foco en la inseguridad jurídica que generaría esta modificación. Juliano destacó que la aprobación entra en colisión directa con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, ratificado en enero de 2026. Dicho tratado, en su artículo 26.3, prohíbe explícitamente a las partes debilitar los niveles de protección ambiental para fomentar el comercio o la inversión. «Esta aprobación nace inconstitucional y acrecienta el riesgo jurídico«, afirmó el legislador, recordando que la Corte Suprema ya estableció que el Congreso está obligado a dictar normas de presupuestos mínimos que las provincias pueden ampliar, pero nunca reducir. Contexto económico y proyecciones del sector minero Desde el bloque de Unión por la Patria, el diputado Máximo Kirchner cuestionó la premisa de que la ley anterior frenaba la producción. Según datos citados por el legislador, las exportaciones de litio y la actividad minera en provincias como Santa Cruz crecieron sostenidamente entre 2015 y 2025 bajo la vigencia de la protección anterior. Kirchner vinculó esta reforma con un marco legal más amplio que incluye el RIGI y la Ley Bases, y alertó que el próximo paso en la agenda parlamentaria sería la modificación de la Ley de Tierras para eliminar restricciones a la propiedad extranjera en zonas con cuerpos de agua estratégicos. La sanción de la ley marca un punto de inflexión para las provincias cordilleranas y para la política ambiental nacional, en un contexto donde la gestión del agua dulce se vuelve cada vez más crítica para el desarrollo regional y binacional.
Ver noticia original.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por