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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 09/04/2026 06:30
La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor y 117 en contra. La modificación, impulsada por el oficialismo, redefine las áreas protegidas y otorga a las provincias mayores facultades para gestionar el inventario y permitir actividades extractivas (minería) en zonas periglaciares En una sesión maratónica de más de 11 horas, La Libertad Avanza logró los votos necesarios para flexibilizar la protección de zonas periglaciales y potenciar la actividad minera. El debate estuvo marcado por la presencia de Karina Milei y fuertes cruces técnicos entre oficialismo y oposición. Bajo la mirada atenta de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, desde los balcones del recinto, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma a la Ley de Glaciares. Con una votación de 137 afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, el Gobierno de Javier Milei logró imponer su agenda pro-inversión, redefiniendo los límites de las áreas protegidas y otorgando mayores facultades de control a las provincias mineras. La victoria oficialista se cimentó en un bloque sólido integrado por el PRO, la UCR y fuerzas provinciales de Catamarca, San Juan y Santa Cruz. Incluso, el oficialismo logró quebrar la unidad de Unión por la Patria, captando los votos de los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica. En la vereda opuesta, el kirchnerismo, la Izquierda y figuras de bloques federales como Miguel Pichetto y Natalia de la Sota, rechazaron la medida por considerarla «regresiva» en términos ambientales. Tensión inicial y apartamientos de reglamento La jornada comenzó con una seguidilla de mociones de la oposición que fueron sistemáticamente rechazadas por el oficialismo y sus aliados. El Frente de Izquierda y el peronismo intentaron, sin éxito, tratar el quite de acreditaciones a medios de prensa y la postura de neutralidad argentina en el conflicto de Medio Oriente. Asimismo, fracasaron las mociones para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por su situación patrimonial, y para citar a funcionarios por el denominado Caso Libra. Estas victorias tempranas del oficialismo en el plano reglamentario anticiparon lo que sería el desenlace de la votación principal. El núcleo de la controversia: ¿Protección o inversión? Como miembro informante, el diputado sanjuanino José Peluc (LLA) defendió la reforma como un paso necesario para el desarrollo productivo, minimizando las críticas a la audiencia pública previa. Su par de bloque, Nicolás Mayoraz, fue más punzante al calificar de «ignorantes» a quienes cuestionan el procedimiento, asegurando que la nueva normativa «aclara conceptos» sin afectar el paradigma de protección, permitiendo que las provincias realicen estudios técnicos de mayor detalle. Sin embargo, el debate técnico alcanzó su pico de tensión cuando la diputada y científica Adriana Serquis (UP) utilizó una maqueta para demostrar el impacto hídrico de la reforma. «Se están basando en datos que no son científicos. Los glaciares alimentan cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes», advirtió la ex presidenta de la CNEA. En la misma línea, Máximo Kirchner cerró el bloque opositor cuestionando el modelo extractivista: «¿Teniendo extensos territorios por explotar, vamos a poner en peligro los glaciares?», disparó. El quiebre del federalismo ambiental Uno de los puntos más álgidos fue la delegación de facultades de la Nación hacia las provincias. Miguel Pichetto fundamentó su rechazo alegando que la Nación no puede «delegar alegremente» atribuciones constitucionales de control ambiental. Según el legislador, las inversiones mineras crecieron durante 15 años sin necesidad de alterar la ley vigente. Por el contrario, desde la UCR y el PRO, diputados como Darío Schneider y Daiana Fernández Molero sostuvieron que la reforma viene a «perfeccionar facultades constitucionales» de los gobernadores, eliminando la burocracia que frenaba proyectos en el Interior. Para el oficialismo, el IANIGLA (organismo nacional de glaciología) no pierde poder, sino que se «armoniza» con las necesidades de las provincias. Con esta sanción, el Gobierno nacional anota un triunfo estratégico en su plan de transformación de la matriz productiva, aunque el camino hacia la implementación parece destinado a una segura judicialización por parte de organizaciones ambientales y sectores de la oposición que denuncian la inconstitucionalidad de la norma. Compartir
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