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» La Nacion
Fecha: 09/04/2026 01:03
Mérito en lugar de acomodo: el poderoso mensaje de la Corte Si se le preguntara a cualquier ciudadano qué relación cree que existe entre su vida cotidiana y la Acordada 4/2026 de la Corte Suprema, seguramente nos diría que ninguna. Sin embargo, detrás de ese nombre burocrático y desangelado se esconde, quizá, uno de los debates más relevantes que se han planteado en la Argentina en los últimos años. Tiene que ver con la calidad y la idoneidad de los jueces, pero puede leerse como un llamado de atención sobre algo mucho más amplio: la seriedad con la que se eligen los hombres y las mujeres que, en distintos estamentos del Estado, deciden sobre el patrimonio, la libertad, la familia y la honra de los ciudadanos. Con esa acordada, lo que ha hecho la Corte es impulsar un sistema más confiable y riguroso en el proceso de selección y designación de magistrados nacionales. Antes que una propuesta, en el fondo es un diagnóstico: el mecanismo vigente ofrece demasiado margen para la discrecionalidad y la politización, en desmedro de la evaluación técnica y los antecedentes académicos y profesionales. Lo que nos está diciendo el máximo tribunal de la Nación es, cuidado: el sistema no está diseñado para elegir a los mejores, sino a los que tengan mayor palanca política; tal vez a los que garanticen mayor lealtad al poder de turno y a los que sean más habilidosos para operar en la rosca. Es necesaria una breve explicación: el Consejo de la Magistratura es un órgano integrado por jueces, legisladores, representantes de los abogados y un funcionario del Poder Ejecutivo. Se encarga de evaluar a los aspirantes a jueces y conformar las ternas que se elevan al Poder Ejecutivo para proponer sus designaciones. En ese proceso, se tienen en cuenta básicamente tres cosas: el resultado de un examen sobre los conocimientos del Derecho, los antecedentes jurídicos, académicos y profesionales y el desempeño del postulante en una entrevista personal con los consejeros. En las formas, todo parece transparente, pero ¿qué ha ocurrido en los hechos? Por artimañas reglamentarias, se le ha otorgado un peso decisivo a la entrevista personal. Puede ocurrir, entonces, que un candidato que obtuvo, por exámenes y antecedentes, el lugar número 19 en una lista de 20 postulantes, pase mágicamente al lugar número 1 por obra y gracia de la entrevista, donde los márgenes de discrecionalidad no tienen techo. Es así como la rosca política puede ser más efectiva que la solvencia técnica. La práctica habilita, entonces, lo que en la jerga judicial se conoce como el garrochismo: un salto de garrocha que permite ese ascenso biónico desde los últimos a los primeros lugares. La Corte, que conoce como nadie la calidad de los jueces con los que ara, acaba de encender una luz de alerta e impulsa cambios en varios aspectos medulares del sistema. Propone exámenes más rigurosos, evaluaciones anónimas, y una menor incidencia, en el puntaje final, de la entrevista personal. En definitiva, un regreso a la cultura del mérito y un retroceso del amiguismo y el acomodo, dos mecanismos que han colonizado la forma de acceso a los lugares más encumbrados del Estado. La arbitrariedad y el favoritismo para definir designaciones son rasgos de una cultura que excede al Poder Judicial y atraviesa, de punta a punta, la vida institucional de la Argentina. Puede decirse que en la Justicia los concursos han sido desvirtuados y en algunos casos, amañados. Pero en otros estamentos del Estado fueron directamente abolidos. Para asomarse a la magnitud del problema vale la pena reparar en este párrafo de un informe de CIPECC que firman Gonzalo Diéguez, Jimena Rubio y Laura Zivanic: Desde inicios de 2002, la función directiva del Estado nacional ha sido cubierta centralmente de modo discrecional. En diciembre de 2018, el 93% de los directores nacionales y generales de la Administración Pública Nacional estaba designado de forma transitoria y el 80% estaba exceptuado de requisitos. La proliferación de este tipo de designaciones evidencia que el ingreso a la mayoría de los cargos con incidencia crítica en el desarrollo de políticas públicas no responde a decisiones basadas en competencias profesionales ni a criterios de acceso en base al mérito. El gobierno nacional, que ha tenido el acierto de poner en debate la dimensión y el financiamiento del Estado, ha exhibido-sin embargo- muy pocos avances y hasta groseros retrocesos en la búsqueda de profesionalismo y jerarquización de los recursos públicos. A la hora de designar, por ejemplo, a titulares de organismos como la Aduana, la DGI, el Indec o el Servicio Meteorológico se ha perdido la oportunidad de hacerlo a través de concursos o, al menos, con sistemas más transparentes como podrían ser audiencias públicas o evaluaciones ante jurados técnicos. Si se hubiera avanzado en esa dirección se habría marcado un hito institucional. La Argentina tuvo una larga y rica tradición en materia de formación y selección de funcionarios públicos. Uno de los modelos más virtuosos, que ha logrado, incluso, sobrevivir a los embates del populismo, es el del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), que fue creado a través de un decreto de 1963 y, luego, jerarquizado por ley en 1975. Es un sistema que exige capacitación, exámenes, escalafón y requisitos estrictos en materia de conducta personal, donde se acotan los márgenes de arbitrariedad política para convertir al servicio exterior en una carrera basada en el esfuerzo y la trayectoria profesional. ¿No debería tomarse como modelo en otros ámbitos del Estado? La iniciativa de la Corte descorre el velo, en definitiva, sobre un problema que no solo excede a la Justicia sino también a la política. En la Argentina se ha devaluado el examen como engranaje cultural. Para el ingreso a las universidades, por ejemplo, el único requisito es presentar el DNI. Ni siquiera es necesario el título secundario, según el artículo séptimo de la ley de educación superior. Muchos colegios, para definir las vacantes, apelan al sorteo de la Lotería: evaluar es estigmatizante, lo mismo que poner aplazos. El docente que reivindica la exigencia es descalificado como cultor del dificilismo. En las universidades nacionales creció en forma exponencial la cantidad de docentes que nunca pasaron por un concurso. Pero los exámenes también se han desdibujado en la carrera hospitalaria y prácticamente no existen en el acceso a la Administración Pública. Si en la jurisdicción nacional todo esto es un problema grave, en las provincias es directamente una catástrofe. Algún día también deberían encenderse los reflectores sobre el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. No solo se han desvirtuado los mecanismos de evaluación y selección en distintos estamentos, sino también tradiciones muy arraigadas, por ejemplo, en los órganos parlamentarios. Es obvio -además de sano y republicano- que a las bancas legislativas no se accede por concurso, sino por el voto popular. Sin embargo, existía un saludable consenso que indicaba que para ocupar las presidencias de determinadas comisiones se requería cierta formación en los temas específicos. Ha sido una constante que la comisión de Presupuesto, por caso, sea presidida por un economista o un profesional con antecedentes en la gestión de recursos públicos. La de Juicio Político, por alguien que fuera abogado y la de Relaciones Exteriores y Culto, por un legislador con alguna sensibilidad, al menos, por asuntos de la geopolítica o la diplomacia. Esas tradiciones acaban de ser archivadas: en la comisión de Juicio Político asumió como presidenta la diputada libertaria Lilia Lemoine, con un perfil alejado del territorio jurídico; en la de Relaciones Exteriores fue designada la oficialista Juliana Santillán, que anunció una reunión con el embajador de Checoslovaquia, un país que fue disuelto hace más de treinta años. Cuesta conectar la falta de idoneidad en el Estado con las desventuras cotidianas del ciudadano de a pie. Sin embargo, hay una relación directa entre la degradación del servicio público y las penurias de la sociedad. La selección de los jueces parece una cosa abstracta, un debate de especialistas. Sin embargo, en ese trámite lejano se juegan la tranquilidad, la confianza y la seguridad de un padre o una madre que debe litigar en un juzgado de Familia, la de una Pyme que se juega su supervivencia en un pleito laboral o la de una comunidad como la de Rosario, que ve con desolación el avance del narcotráfico. La cultura del mérito, del examen, de la selección rigurosa para acceder a ciertos cargos, determina la calidad de los médicos que atienden en los hospitales, de los abogados que asisten una familia en apuros o de los contadores y los inspectores que revisan nuestras cargas impositivas. Aunque a veces lo veamos como un espectáculo bizarro, la degradación del debate parlamentario debilita la confianza de los inversores, genera dudas sobre la calidad técnica de las leyes y reviste de vulnerabilidad e incertidumbre reformas fundamentales que se votan en el Congreso. La opacidad en los sistemas de designación produce, además, un efecto injusto: afecta la credibilidad y el prestigio de muchos jueces y funcionarios que honran los lugares que ocupan y tienen trayectorias ejemplares. En este contexto, el debate que impulsa la Corte debe leerse como una enorme oportunidad: Basta de acomodo; volvamos a la cultura del mérito. Eso es lo que subyace detrás de un título árido y burocrático: Acordada 4/2026. Ojalá sea el inicio de un debate que trascienda las fronteras de la Justicia.
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