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Parana » Radio La Voz
Fecha: 08/04/2026 23:56
En la política entrerriana hay relatos que se repiten como un mantra. Uno de los favoritos es el de la asfixia financiera de los municipios. El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, lo ha sostenido con firmeza: caída de la coparticipación, dificultades para sostener servicios básicos y una situación que califica de insostenible. Pero los números oficiales los decretos firmados por su propia administración cuentan otra historia. Y cuando los números contradicen al relato, lo que corresponde no es repetirlo: es revisarlo. Una historia de plazos fijos millonarios, intereses generosos y obras públicas que brillan por su ausencia. Un vacío que no es solo contable: es legal, ético y, sobre todo, político. El municipio inversor Entre febrero y marzo de 2026, la Municipalidad de Villaguay consolidó un volumen de recursos que desmiente por completo el relato de asfixia financiera. Lejos de estar al borde del colapso, el municipio operó con una importante masa de fondos distribuidos en plazos fijos en pesos y en dólares. En pesos, la estrategia se estructuró en dos grandes líneas: Nuevo Banco de Entre Ríos: iniciada el 9 de febrero mediante el decreto 1.901 por $2.400 millones, y renovada el 11 de marzo (decreto 1.985) por $2.800 millones, evidenciando una operatoria continua y en crecimiento. Banco Macro: colocación independiente del 25 de febrero (decreto 1.955) por $1.724 millones En dólares, la diversificación se completa con dos colocaciones realizadas en febrero: U$S 1.019.079,86 en el Nuevo Banco de Entre Ríos (decreto 1.907) U$S 403.212,69 en el Banco Macro (decreto 1.954) En conjunto, estos instrumentos configuran un stock superior a los $4.500 millones en pesos, al que se suma una posición en moneda extranjera que supera los 1,42 millones de dólares. La pregunta es inevitable: ¿Qué municipio asfixiado puede sostener este nivel de liquidez inmovilizada con fines de rendimiento financiero? No se trata de decisiones coyunturales ni de movimientos aislados. Se trata de una política sostenida de acumulación y renovación mensual de excedentes. La falla en la motivación del acto administrativo Desde la perspectiva de la Ley de Contabilidad Pública y los principios de administración financiera, todo acto que dispone de fondos públicos debe estar debidamente motivado. Sin embargo, decretos como el 1.901 o el 1.985 muestran considerandos extremadamente pobres: se limitan a afirmar que la inversión se hace necesaria. No surge de los documentos ningún análisis de criterio de oportunidad ni informes técnicos que expliquen las condiciones del mercado al momento de cada colocación. En particular, se observan diferencias entre las tasas obtenidas por ejemplo, el 35,75% alcanzado en el Banco Macro a fines de febrero versus el 32,50% aceptado en el BERSA el 11 de marzo sin que exista una sola explicación documentada que permita evaluar el contexto de esa decisión. Si las tasas de mercado efectivamente variaron en ese intervalo de catorce días, la transparencia administrativa exigía dejar constancia de ello y acreditar que se optó por la alternativa más conveniente para el erario público. Al omitir esa fundamentación, la motivación del acto administrativo queda reducida a una mera formalidad. Y cuando la motivación es meramente formal, el control de legalidad y también el de ética pública deja de ser efectivo. Superávit, intereses y ética pública Los números del estado de ejecución presupuestaria al mes de febrero son elocuentes: Intereses ganados: ya se percibieron $194 millones solo por rendimientos financieros. Autonomía: los ingresos propios ($2.583 millones) superan ampliamente a la coparticipación provincial y nacional combinadas. Bajo la Ley de Ética Pública, el funcionario debe velar por el uso eficiente de los recursos para los fines que fueron creados. Un municipio no es un fondo común de inversión. Mientras los plazos fijos rinden, obras esenciales para la comunidad pozos de agua corriente, red de gas, desagües pluviales y salas velatorias registran 0 (cero) ejecución. Aquí aparece la pregunta ética de fondo: ¿es aceptable que el Estado municipal priorice la renta financiera mientras las necesidades básicas de los villaguayenses esperan? El verdadero debate El problema no está en los balances, sino en la decisión política. No es un problema de recursos. Es un problema de prioridades. ¿Por qué una parte significativa de los fondos disponibles se canaliza hacia instrumentos financieros mientras la ejecución de obras básicas muestra niveles reducidos? La subejecución de casi el 93% del presupuesto de trabajos públicos en febrero evidencia que los recursos existen, pero que su aplicación en infraestructura y servicios no ha acompañado ese nivel de disponibilidad. Esto abre una discusión inevitable sobre el criterio de asignación del gasto público. Porque cuando el Estado dispone de excedentes, la cuestión ya no es si puede invertirlos, sino cómo equilibra la preservación financiera con la satisfacción de necesidades concretas de la comunidad. En ese punto, la gestión deja de ser únicamente contable. Pasa a ser, necesariamente, una decisión política. El relato y la realidad La caída de la coparticipación puede ser un dato real en el contexto nacional, pero en Villaguay funciona como excusa conveniente. El problema no es la falta de recursos: es una gestión que ha optado por archivar las urgencias de la ciudad en una caja de seguridad bancaria. Cuando la necesidad invocada en los decretos es solo financiera y no social, ya no hablamos de administración en tiempos de crisis. Hablamos de una preocupante confusión: la intendencia convertida en tesorería de banco, mientras el vecino sigue esperando respuestas concretas. En Villaguay el dinero está. Y eso cambia completamente la discusión. La cuestión es qué se hace con él. Porque cuando un municipio puede elegir entre ejecutar obras o maximizar intereses, la decisión deja de ser contable. Pasa a ser política. Y, en última instancia, ética
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